Educación para Todos
:: Política de Actuación ::
En los Congresos Mundiales de la IE se aprobaron las resoluciones que a continuación se señalan relativas al papel y la postura de la IE ante el derecho de todos a acceder a una educación pública de calidad: "Campaña Global para Defender y Fomentar la Educación Pública" (1998), "Educación para Todos y Lucha contra el Analfabetismo" (1998), "Educar en la Globalización" (2001), "Asociaciones para Lograr la Educación para Todos" (2001), Educación para el Progreso Global (2004), Educación - Servicio Público o un artículo de Consumo?" (2004), "El Derecho a Enseñar: El Derecho a Aprender" (2004), "Combatir la Ineficacia y la Corrupción en la Educación" (2004), "Promover la Calidad en la Educación" (2004), "La Implicación de la Comunidad en la Educación" (2004), "Tecnologías de la Información y la Comunicación" (2004).
La política de actuación de Internacional de Educación se sustenta expresamente en la idea de que la educación es un derecho del hombre, tal y como se pone de manifiesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención de los Derechos del Niño. Aparte de ello, para cualquier economía del mundo es una inversión esencial en un futuro mejor. También implica directamente al profesorado y a la calidad de la enseñanza, toda vez que el personal docente es considerado esencial en el proceso de Educación para Todos (EPT).
En el acceso a la educación existen dos principales obstáculos. El primero es la desigualdad entre sexos, que provoca que el porcentaje mundial de analfabetismo entre las mujeres sea mucho más elevado que entre los hombres. El segundo es la pandemia del VIH/SIDA. El sector educativo en países que se enfrentan a un analfabetismo generalizado está siendo destruido por la enfermedad.
La educación básica gratuita y de calidad debe tener carácter obligatorio, pues es la única solución para luchar contra el trabajo infantil. Una educación básica gratuita y de calidad es también un requisito previo para el aprendizaje a largo plazo, toda vez que las personas necesitan formarse suficientemente para participar en la sociedad de forma completa. La educación básica gratuita y de calidad es responsabilidad de los gobiernos. Toda política económica que privatice y reduzca las inversiones públicas en educación marginará a los niños y a los adultos que viven en la pobreza, a la vez que degradará la calidad de la educación pública.
La Declaración de Dakar, que prevé la implantación del programa Educación para Todos (EPT) para el año 2015, exige un gran esfuerzo conjunto de todos los gobiernos, la sociedad civil incluyendo a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y a los sindicatos docentes, y las agencias intergubernamentales incluyendo las Naciones Unidas con sus agencias y programas especializados. Los gobiernos deben poner en práctica la recomendación de la Comisión Delors de asignar al menos un 6 % de su PIB a educación; a fecha de hoy, dos tercios de los gobiernos incumplen este nivel de inversión.
La IE opina que los problemas globales exigen soluciones globales. Para lograr el objetivo de una Educación para Todos deben adoptarse una serie de medidas a nivel global: la propuesta de la cumbre del G8 de condonar las deudas de los países menos desarrollados, de forma que puedan asignar ese dinero a educación y sanidad, debe aplicarse de forma efectiva; todos los Estados miembros de las Naciones Unidas deben asignar el 0,7 % de su PIB a ayudas al desarrollo; las políticas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que ponen en peligro el acceso a una educación pública deben ser objeto de reforma; y por último pero no menos importante, los programas de educación para todos a nivel nacional deben prepararse y ponerse en práctica en cooperación con la sociedad civil, incluyendo las ONGs y los sindicatos docentes.