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En el Perú se presentó el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en agosto de 2003. Según este Informe, la violencia política entre los años 1980-2000 afectó de manera diferente a las zonas urbanas y rurales. En las zonas rurales y los departamentos más pobres se produjo la mayor cantidad de víctimas. Cuatro de cada diez víctimas eran de Ayacucho y tres de cada cuatro víctimas eran quechuahablantes. La mayoría no tenía estudios superiores y muy pocos tenían educación secundaria.

Más de la mitad de las 25.000 víctimas eran varones de 20-49 años. El 75% de los casos de la violencia sexual eran mujeres quechuahablantes. Muchos niños perdieron a sus padres en los conflictos si se tiene en cuenta que la mayoría de las víctimas eran padres de familia. Hoy muchos de estos niños traumatizados, desplazados y huérfanos por la violencia tratan de rehacer sus vidas.

Rebeca Sevilla, coordinadora de la IE, fue invitada a compartir la misión de NOVIB (Holanda) durante su visita a la ciudad de Huanta (Ayacucho). En su recorrido visitaron el Colegio José María Arguedas, construido por la Asociación de Padres de Familia (APAFA). Muchos de ellos son personas desplazadas por el conflicto y se niegan a volver a sus chacras.

Edwin Aguilar Chávez, director de la escuela nos explica: "Atendemos a 200 niños de primaria, con balance entre el número de niños y niñas en las clases. Nuestra primera promoción egresa este año y queremos construir más aulas para ofrecerles secundaria. Si van a otra escuela no rinden igual y corren el riesgo de abandonarla pronto pues no les prestan la atención necesaria. Son niños con problemas, tanto de aprendizaje como en sus casas. Algunos duermen en el piso o no tienen ni que comer a veces. Algunos padres o tutores ni siquiera saben leer o escribir, ni hablan castellano”.

Él continúa orgulloso, nos dice que todos los profesores son quechuahablantes y que las clases se dan en ambas lenguas. Aunque algunos padres desean que sus niños aprendan sólo castellano. Entendible, los traumas les impiden pensar en regresar a sus abandonadas tierras y desean un futuro diferente para sus hijos e hijas.

La escuela está mínimamente equipada. Sin embargo, las presiones y la carga laboral de los profesores no se condice con sus salarios. Las clases atienden un promedio de 35 a 40 niños. En su condición de contratados, sus salarios oscilan entre 70 a 140 dólares al mes, casi la mitad o menos de lo que reciben otros maestros de los mismos estratos, en algunos casos porque no están titulados.

La organización y dedicación de los maestros son impresionantes. Existen sesiones para la recuperación de los niños más rezagados en sus clases, como también de un centro de cómputo para el alumnado de los últimos años.

Los maestros están afiliados al SUTEP, quienes lograron algunas mejoras salariales en su última huelga. Más allá de la demanda salarial, la prioridad de los maestros del J.M. Arguedas es el nombramiento de los profesores contratados, cómo mejorar la atención de sus estudiantes traumatizados por la guerra, con familias afectadas en sus formas de producción y de vida.

En su Informe, la Comisión de la Verdad recomienda realizar una reforma educativa para lograr una educación de calidad para todos, es decir promover una educación para el respeto de las diferencias de los pueblos y de sus culturas. Adaptar la escuela, en todos sus aspectos, a la diversidad de los pueblos, de los idiomas y de las regiones del país.

Esto sólo será posible en la medida que el gobierno y la sociedad civil organizada, incluido el SUTEP, promuevan la implementación del Programa Integral de Reparaciones propuesto por la Comisión para las Víctimas (reparaciones económicas, reparaciones en salud, en educación, en restitución de derechos ciudadanos, entre otros). La IE se compromete a dar seguimiento de este desafío.

El Informe de la Comisión de la Verdad está disponible en español e inglés en el sitio: http://www.cverdad.org.pe

Este artículo apareció publicado en Mundos de la Educación n° 5 de 2003