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El Primer Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, reunido en Harare (Zimbabwe) del 19 al 23 de julio de 1995:

1. Nota que, debido a la presión de varios gobiernos e instituciones financieras internacionales, se viene desarrollando, particularmente desde principios de los años ochenta, una fuerte tendencia a favor de la privatización de ciertos sectores de la actividad económica que tradicionalmente formaban parte del sector público;

2. Nota que este movimiento hacia la privatización, a menudo justificado por la necesidad de obtener mejores resultados económicos en la competencia internacional, no siempre ha rendido los frutos que se esperaban, y no ha evitado que empeore la situación de desempleo ni que se incremente la marginación del desempleado, incluyendo los jóvenes;

3. Nota que algunos gobiernos y la mayoría de las instituciones financieras internacionales desean extender ahora estas políticas de privatización a los sectores de servicios sociales, tales como la salud, la educación juvenil y la formación para adultos, creando estructuras competitivas y mecanismos de mercado con la intención de mejorar la eficiencia de estos servicios; pero que suscitan una profunda interrogación a nivel de los personales de la educación y sus sindicatos;

4. Nota la profunda preocupación que embarga a los usuarios de los servicios públicos, incluyendo a la educación, debido a:

a. el crecimiento del desempleo y la pobreza, incluso en muchos países industrializados,

b. el aumento de la ansiedad entre los jóvenes y sus familias frente a la incertidumbre de su futuro, notoriamente a nivel profesional,

c. las serias acusaciones de ineficiencia de los servicios públicos que han sido exageradas intencionalmente por los medios de comunicación estrechamente ligados a los intereses económicos de aquellos que promueven las políticas de privatización.

El Congreso afirma:

5. Que sigue sosteniendo profundamente los conceptos de solidaridad y de justicia social y que estos dos principios aplicados al sector de la educación implican, en primer lugar, la igualdad de acceso a la educación obligatoria y gratuita para todos los jóvenes sin ningún tipo de discriminación; Y, en segundo lugar, la igualdad de oportunidades para todos los jóvenes de proseguir sus estudios más allá del período obligatorio, tan pronto logren el nivel intelectual requerido al margen de las posibilidades económicas de sus familias; Y finalmente, el acceso a clases de actualización y repaso para aquellos que enfrentan dificultades a corto plazo debido a incapacidades físicas o sociales;

6. Que sigue profundamente convencido de la necesidad de brindar una educación democrática que respete los derechos humanos, favorezca la comprensión de otras culturas y, en consecuencia, permita la reducción o mejor aún la supresión de los conflictos étnicos, racistas o de índole religiosa en las sociedades marcadas por características multiculturales y que atraviesan, hoy en día, dificultades sociales y económicas significativas;

7. Que los servicios públicos de educación que en varios países conocen éxitos espectaculares pero cuyo desempeño debe ser siempre mejorado, están compuestos por un número de estructuras que permiten acoger a todos los jóvenes sin distinción de sexo, religión, cultura o nivel social y por ende la educación pública es un crisol que recibe a todo tipo de jóvenes al margen de la opinión de sus padres, que los prepara realmente a vivir en comunidad, en el respeto por el otro, con la capacidad de comprender mejor al otro, y con la posibilidad de enriquecerse de las diferencias potenciales;

8. Que, por otro lado, la privatización de los servicios públicos de la educación, que supone la competencia entre los establecimientos escolares, trae consigo el peligro de que los jóvenes sean ubicados en escuelas separadas, organizadas en base a las diferencias de sexo, religión, cultura, origen social y lingüístico, agrandando las diferencias en lugar de reducirlas, y creando, pues, sociedades donde los riesgos de la incomprensión, la intolerancia y los conflictos serán mayores;

9. La privatización ocurre cuando, por ejemplo, la responsabilidad de determinar las estructuras y programas de un establecimiento escolar, la construcción y mantenimiento de locales escolares, y la compra de material escolar es delegada a personas o grupos que no actúan en nombre de las estructuras nacionales, regionales o locales elegidas, y cuando los fondos financieros de inversión y funcionamiento son principalmente privados;

10. Que por su naturaleza intrínseca, la privatización de una actividad económica o de servicios supone la búsqueda de una ganancia para los inversionistas. Creer que los inversionistas que estuviesen dispuestos a invertir en las diversas formas de privatización de la educación no pretenden sacar provecho de ello, tal como lo harían con cualquier otra inversión de naturaleza industrial o comercial, es no entender o negarse a comprender los mecanismos de una economía de libre mercado;

11. Que el hecho de sacar un beneficio de tales sistemas de educación reduciría los fondos disponibles para la mejora de la educación;

12. Que la privatización parcial o total de los servicios de educación no implica menos gastos que los del servicio público, si se tiene en cuenta todos los servicios anexos indispensables para el buen funcionamiento de los establecimientos escolares como la formación continua de los maestros, los servicios de apoyo a los alumnos en dificultad, el mantenimiento de los edificios escolares etc.;

13. Que bajo estas condiciones la educación concebida como un servicio gratuito o mayormente gratuito que se ofrece a todos los miembros de una sociedad pasará a convertirse en un producto que puede ser comprado y vendido, y cuyo contenido se establecerá más en función de las necesidades del mercado, la publicidad y la moda, en lugar de basarse en los valores y principios que son el sustento de toda sociedad democrática.

El papel de la Internacional de la Educación:

La IE debe:

14. Seguir investigando, en estrecha colaboración con los otros secretariados profesionales internacionales (SPI) y la CIOSL, para poder determinar las consecuencias de las políticas de privatización que ya se pueden observar en los sectores de servicios tales como las telecomunicaciones, bancos, salud y transportes;

15. Desarrollar estudios comparativos sobre la organización, reclutamiento y origen de los alumnos, las condiciones de trabajo y el rendimiento de la enseñanza, en base a una muestra significativa de escuelas públicas y privadas;

16. Continuar ejerciendo presión a todos los niveles para demostrar que los servicios de educación pública son a menudo más efectivos, al contrario de las afirmaciones que predican numerosos foros de gobiernos y empleadores e instituciones financieras internacionales, y que su rendimiento sólo puede incrementarse por medio de políticas sistemáticas de asociación a nivel internacional, nacional, regional y local.