Ei-iE

El 8º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación (IE), reunido en Bangkok del 21 al 26 de julio de 2019:

(1) Observando que, más de 10 años después de la crisis económica y financiera de 2008, las políticas de austeridad y los planes de ajuste estructurales se han agravado en todo el mundo, principalmente bajo los auspicios del Fondo Monetario Internacional, con el fin de responder a las exigencias de los mercados financieros, haciendo que todo el peso de las deudas recaiga injustamente sobre los hombros de los ciudadanos;

(2) Constatando que, simultáneamente estas políticas vienen acompañadas de reducciones de impuestos sobre los beneficios para los más ricos, mientras las evasiones fiscales, elusiones fiscales y la corrupción, en los países pobres así como en algunos países ricos, continúan privando a los sectores públicos de los recursos necesarios;

(3) Constatando que, en los países en desarrollo, estas políticas suelen aplicarse en función de intereses externos o extranjeros bajo los auspicios de las instituciones internacionales (FMI, Banco Mundial), en detrimento de la población, agravando todavía más la miseria y con múltiples y graves consecuencias, como la migración forzada de millones de hombres, mujeres y niños que ha desembocado en una crisis humanitaria sin precedentes;

(4) Observando que estas políticas se traducen en una menor inversión y recortes sobre los presupuestos de los servicios públicos, particularmente el de la educación, con efectos alarmantes; que la retirada del Estado tiene como consecuencia, en algunos casos, la destrucción del sistema educativo, privado de los medios más básicos para su funcionamiento, y una intervención cada vez mayor del sector privado en la educación, que a menudo escapa a la supervisión del Estado;

(5) Observando que, en la última década, billones de dólares de ingresos de particulares y de sociedades han volado a paraísos fiscales opacos gracias a las lagunas fiscales creadas por los responsables políticos para beneficiar a los ricos; esta evasión fiscal agrava considerablemente la desigualdad y la corrupción mundial, y el capital perdido en los paraísos fiscales tiene un impacto significativo en los presupuestos de los gobiernos que ya se encuentran bajo una tremenda presión fiscal;

(6) Observando que, en los países en desarrollo, la implementación de la reforma LMD (licenciatura, maestría, doctorado) está produciendo fallos importantes en el funcionamiento de los sistemas de educación superior;

(7) Constatando que lo anterior viene acompañado de un aumento sin precedentes de la contratación de personal temporal, sin una verdadera formación y a expensas de una contratación cada vez menor, congelada o inexistente de personal cualificado protegido por un estatuto;

(8) Constatando que los salarios del personal docente han sufrido las consecuencias de recortes drásticos, congelaciones de carrera y retrasos en los pagos de los salarios, en algunos casos de hasta varios años;

(9) Observando que algunas reformas de la evaluación profesional han introducido el establecimiento del pago al mérito, y que las ventajas concedidas a algunos tienen lugar a costa de reducciones salariales para la mayoría del personal pero también de controles que no toman en cuenta las libertades pedagógicas y académicas y que resultan en el chantaje salarial y laboral;

(10) Constatando que los sistemas de prestaciones y de jubilación colectivos fundados en la solidaridad intergeneracional se encuentran amenazados en muchos países y no existen en otros;

(11) Observando que estas políticas son una amenaza para la propia profesión, que cada vez se considera menos atractiva;

(12) Constatando que las condiciones de trabajo han empeorado, con un incremento en el tamaño de las clases que no responde a las normas y el aumento incesante de la carga de trabajo y las tareas;

(13) Constatando que la estabilidad laboral ya no está garantizada, lo cual viola la recomendación de la OIT/UNESCO de 1966: «La estabilidad profesional y la seguridad del empleo son indispensables tanto para el interés de la enseñanza como para el personal docente y deberían estar garantizadas incluso cuando se produzcan cambios en la organización tanto del conjunto como de una parte del sistema escolar». Y la de 1997: «Debe salvaguardarse la seguridad en el empleo de los docentes, en particular la titularidad, cuando este régimen exista o su equivalente funcional, ya que es esencial tanto para los intereses de la enseñanza superior como para los del personal docente de la misma».

(14) Observando que estas políticas están en conflicto con el objetivo establecido por las Naciones Unidas para garantizar una educación de calidad para todos (ODS 4);

(15) Reafirmando que es importante que los docentes gocen de un estatus elevado, no solo en razón de la calidad de la educación, sino también para hacer avanzar el conjunto de las sociedades (Congreso de la IE, Washington);

(16) Considerando las luchas múltiples y diversas de los pueblos, que se niegan a pagar las consecuencias de las políticas de austeridad e intentan ofrecer una alternativa a estas políticas;

(17) Observando que en este año del centenario de la OIT se vuelve a poner en tela de juicio el derecho a la huelga en numerosos sectores y países;

(18) Expresando su solidaridad con todos los compañeros y sus sindicatos que luchan por defender sus reivindicaciones y sus derechos, por la preservación de sus conquistas democráticas y sociales, por el derecho a la educación y a la formación, por el derecho a empleos protegidos por los convenios colectivos y los estatutos, y a menudo obligados a ejercer el derecho de huelga;

(19) Considerando que estos ataques destruyen los derechos por los cuales los trabajadores y los defensores de la democracia lucharon durante más de un siglo a escala nacional e internacional;

El Congreso Mundial, en consecuencia:

(20) Encomienda al Consejo Ejecutivo, en colaboración con las organizaciones miembro:

(i) Denunciar los planes de austeridad, los ajustes estructurales y todas las medidas resultantes (precariedad laboral, salarios insuficientes, despidos, etc.) que minan el futuro de la educación, de la juventud y, en general, de nuestras sociedades.

(ii) Abogar por que los gobiernos incrementen drásticamente la inversión en los sectores públicos con el objetivo de poner fin a su degradación, particularmente dentro del sector de la educación pública en el mundo, con vistas a garantizar la educación de calidad para todos;

(iii) Resolver que la Internacional de la Educación trabaje en vistas de sensibilizar y abogar en favor de unos informes transparentes sobre el elevado coste de la evasión fiscal entre las afiliadas, los responsables gubernamentales y nuestras comunidades que dependen de los servicios públicos; asimismo, la IE abogará en favor de la divulgación y la supresión de las lagunas fiscales más graves en el extranjero, así como de cualquier otra manipulación financiera susceptible de comprometer la estabilidad y la equidad de los sistemas de ingresos públicos.

(iv) Defender y reforzar la contratación del personal de la educación sobre la base del empleo permanente de titulares protegidos por un estatuto, acompañada por el derecho a la formación y un salario a la altura de la exigencia de la profesión, y actuar para garantizar la titularización de todo el personal que se encuentra en situación precaria;

(v) Desarrollar una campaña para defender a las y los docentes como titulares protegidos por un estatuto;

(vi) Efectuar, a partir de las reivindicaciones anteriores, un firme alegato ante los organismos intergubernamentales apropiados, tales como la UNESCO, UNICEF, la OIT, la OCDE, el Banco Mundial y el FMI, divulgar estas reivindicaciones por todo el mundo, y publicar periódicamente informes sobre la evolución de estas reivindicaciones;

(21) Todo ello con el fin de hacer respetar las recomendaciones mencionadas anteriormente y de lograr que la calidad de la educación prime sobre la rentabilidad económica.