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Escribo justo en el momento en que se anuncia la dimisión del Ministro de Educación. El segundo en estos 18 meses de gestión de Bolsonaro. Se ha anunciado que asumirá el cargo de director ejecutivo en el Banco Mundial, con un jugoso seguro de salud corporativo y familiar y unos ingresos anuales de 258 570 US$, exentos de impuestos.

Implicado en múltiples irregularidades, como la participación en la creación y difusión de bulos, insultos públicos a las instituciones democráticas del Estado de derecho, falta de respeto evidente y obstinada de las normas de distanciamiento social e incompetente en la gestión gubernamental, entre otras lindezas.

Precisamente el mismo día del ingreso en prisión del exmilitar Queiroz. Relacionado con el caso de corrupción en el que está implicado un senador, hijo del presidente, estaba protegido desde hace un año por el abogado de la familia y circulaba libremente por los palacios presidenciales. Una escena de degradación aguda y acelerada de las condiciones de gobernabilidad, ya precarizadas por el agravamiento de la crisis económica, social y política que se viene arrastrando desde el golpe de Estado contra el gobierno de Dilma Roussef, destituida sin llegar a demostrar su responsabilidad en ningún delito.

Se suma a todo ello el hecho de que llevamos 50 días con un ministro de salud en funciones, militar de carrera, que reemplazó a los principales cargos técnicos del ministerio por otros militares adeptos al negacionismo científico y a favor del mantenimiento de la actividad económica a cualquier precio.

Brasil cuenta aproximadamente con 3,3 millones de trabajadores en la educación que forman diariamente a más de 57 millones de estudiantes en los centros de educación primaria, secundaria y superior. Seguramente, la educación es el único servicio público presente en todas las localidades urbanas y rurales, en los quilombos, aldeas indígenas, comunidades ribereñas. En muchos casos, el único vínculo permanente entre la comunidad y el poder público, entre el núcleo familiar y los otros actores sociales.

A pesar de todos los avances en términos de desarrollo y de universalización del acceso a la educación obligatoria y el éxito de las políticas de acceso a la educación superior y a la formación profesional y tecnológica logrados por los gobiernos demócratas populares, todavía no hemos resuelto el problema de los salarios bajos, de las largas jornadas laborales, de la precarización de los modelos de contratación y la externalización de servicios.

Entramos en el quinto año de vigencia del ultraliberalismo. Las restricciones derivadas de la reforma del mercado de trabajo van en aumento y están asociadas a la congelación de gastos públicos hasta el 2036 y cuyos efectos perversos se suman a las restricciones fiscales, a la descalificación significativa de la llamada «nueva enseñanza media», a la «nueva previsión social», al desmantelamiento de los programas nacionales de investigación, de formación inicial y continua, y a los recortes presupuestarios que ahogan a universidades e instituciones públicas de educación, ciencia y tecnología.

Estamos a menos de seis meses del vencimiento del Fondo de Desarrollo de la Educación Básica y ante la inminente extinción de los fondos sectoriales y la total desvinculación de recursos obligatorios destinados al mantenimiento y al desarrollo de la enseñanza. Vivimos en la emergencia económica, con la previsión de una reducción de jornada y de salarios, la supresión de puestos de trabajo, la privatización de servicios y la transferencia directa de fondos públicos a las instituciones privadas, la suspensión de los reajustes salariales y el avance profesional hasta diciembre de 2021.

Brasil vuelve a enfrentarse a problemas de hambre, récords de desempleo, prácticas informales, al desaliento y a la reducción de la participación de la masa salarial en el PIB, con un incremento dramático de la pobreza, las desigualdades y la desestabilización de los modelos de convivencia.

A este panorama se suman la propagación del odio, de los prejuicios, la guerra cultural, la circulación de bulos, el enraizamiento de la violencia, la legitimación de milicias paramilitares y la criminalización del sentido crítico, de la libertad de organización y manifestación y de la pluralidad política.

Somos conscientes de nuestra función social. Sabemos, sin duda alguna, que respondemos por la garantía del derecho universal a la educación. No habrá progreso sin la participación decisiva del personal docente. No habrá participación sin democracia. No habrá democracia sin lucha. No habrá lucha sin vida. Defender la vida constituye hoy nuestra principal misión para poder construir un mañana en el que todos y todas tengamos nuestro lugar.