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¿Qué valor tendrán los certificados y los títulos que el estado congoleño otorgue este año al alumnado de fin de ciclo? El pasado 10 de agosto, el ministerio de Educación Primaria, Secundaria y Formación Profesional volvió a abrir los establecimientos educativos, pero solo para el alumnado que debía prepararse para los exámenes de fin de ciclo. Esta reapertura se produjo después de cinco meses de cierre decido a la pandemia de COVID-19.

A fin de detener la propagación de la pandemia que ha sacudido al mundo y proteger la vida de millones de personas, los Gobiernos adoptaron medidas drásticas, como el cierre temporal de los establecimientos educativos, entre otras. Para evitar que el alumnado quedara atrás y permitir la continuidad del aprendizaje se recurrió, gracias a la ciencia y la tecnología, a la educación a distancia. Es la primera vez que se recurre a este método —que ya existía en los países del Norte— en los establecimientos educativos de los países del Sur en un contexto particular de fragilidad e incluso de escasez de infraestructuras adecuadas para la enseñanza. El hecho es, que los niños y niñas de primaria y secundaria no han podido continuar con su aprendizaje, tal como indica el último informe de UNICEF(en inglés): “al menos un tercio del alumnado de todo el mundo no tuvo acceso a la enseñanza a distancia cuando la pandemia de COVID-19 obligó a cerrar los establecimientos educativos”.

Esta experiencia de educación a distancia ha puesto de relieve las grandes desigualdades existentes entre las regiones del mundo. África es una de ellas: “El alumnado de los países del África subsahariana es el más afectado. Al menos un 50 % no ha tenido acceso a la educación a distancia”. Además, “al menos un 70 % de niños y niñas en edad preescolar —120 millones— no han podido participar en ella, en gran parte por los desafíos y los límites de la educación en línea para los más pequeños, así como por la ausencia de un programa de enseñanza a distancia para esta categoría educativa y la falta de recursos nacionales para la enseñanza a distancia”.

Desde la flexibilización de las restricciones del confinamiento y los llamamientos de diversos organismos, el ministerio de Educación Primaria, Secundaria y Formación Profesional decidió reabrir los establecimientos educativos, pero solamente para el alumnado que debía prepararse para los exámenes de fin de ciclo —porque, tal como señala también el informe de la agencia de las Naciones Unidas, UNICEF “insta a los Gobiernos a dar prioridad a la reapertura segura de los establecimientos educativos”. De hecho, al finalizar cada ciclo se organizan varias evaluaciones de certificación (la Prueba Nacional en primaria, el Examen de Estado en secundaria y la defensa de tesinas de fin de estudios en la educación superior). ¿Y qué ocurre en la República Democrática del Congo (RDC)?

Este curso académico parece ser particular a escala mundial. En la RDC se debe, por un lado, a la pandemia mundial de COVID-19, que obligó a cerrar los establecimientos educativos durante cinco meses y, por otro, al contexto particular que el país está experimentando actualmente con la aplicación de la política de enseñanza primaria gratuita establecida en la ley marco de educación nacional nº14/004 de 14 de febrero de 2014.

Si bien algunas personas aplaudieron la aplicación de esta ley, otras sostenían que no se había aplicado de forma adecuada, dando lugar a una serie de perturbaciones en el desarrollo de las clases. Un tercio de los establecimientos educativos organizaron huelgas y suspendieron las clases durante uno o dos meses entre noviembre y diciembre de 2019, especialmente los establecimientos católicos de las provincias de Kinshasa, Kwilu, Kwango, el norte y el sur de Kivu y Haut Katanga, por nombrar solo algunos.

Así pues, la cuestión de la reapertura de los establecimientos educativos ha suscitado un gran debate sobre su finalidad entre las partes interesadas y los expertos y expertas del sector de la educación. Algunos no se han andado con rodeos y han exigido de forma tajante que el año se dé por perdido. Otros apoyan la organización de los exámenes. Según la ley marco y las instrucciones oficiales, un curso académico tiene 222 días. Para darlo como válido se debe impartir clase durante un mínimo de 180 días. Según los defensores de la reapertura y la organización de dichas pruebas, cuando se cerraron los establecimientos educativos el pasado 18 de marzo, se habían sumado 150 días y solo faltaban 30 para validar el curso. El bando contrario desaprueba este argumento y sostiene que con todas las huelgas de noviembre y diciembre y la desmotivación del personal educativo debido a los problemas salariales, el curso ha sido nulo y el alumnado no ha recibido una formación consistente. El enfrentamiento sigue intacto a día de hoy.

El ministerio de Educación desechó sin miramientos el primer argumento y decidió reabrir los establecimientos educativos el pasado 10 de agosto. Para colmo, esta maratón organizativa de 30 días para ponerse al día se verá coronada con la organización de las evaluaciones de certificación, a cualquier precio, en primaria y secundaria.

Como ya sabe toda la ciudadanía congolesa, la organización de los exámenes tiene un coste astronómico. Las familias con hijos e hijas en los cursos de fin de ciclo tienen que pagar una cuota de inscripción para los exámenes. En primaria, los establecimientos educativos privados tienen que pagar diecisiete mil francos congoleños (alrededor de 8 dólares) por cada estudiante que se presente a los exámenes —los establecimientos públicos están exentos— y en secundaria todos los establecimientos, ya sean públicos o privados, tienen que abonar ochenta y cinco mil francos por candidato/a (alrededor de 42,5 dólares). También cabe destacar la gula de ciertos responsables de establecimientos educativos, expertos en inflar estas tarifas. En el contexto de una crisis económica exacerbada por la pandemia de COVID-19, la impresión que se da es que las autoridades del sector quieren recuperar el dinero de las familias a toda costa. Si sabemos que la autoridad número uno de nuestro sector, el ministro de Educación Primaria, Secundaria y Formación Profesional, Willy Bakonga, parece ser el promotor de los establecimientos privados, ¿cómo puede actuar a la vez como juez y jurado?

Este artículo ya se ha publicado en el blog MeridiE.