Defendemos la educación superior y la investigación como un servicio público, no como una actividad comercial. Abogamos a nivel internacional por garantizar la alta calidad, la accesibilidad y la libertad del personal para enseñar e investigar sin intereses políticos, económicos o de otra naturaleza.
La educación superior y la investigación deben financiarse y administrarse de forma pública y ser accesibles a os y las estudiantes cualificados, sin obstáculos de carácter económico o social. Nos oponemos a la privatización y a la mercantilización, a negociar con los servicios educativos y la propiedad intelectual y a la precarización del empleo.
Promovemos los derechos académicos y laborales del personal mediante la defensa de la aplicación de la Recomendación de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior [enlace]. Trabajamos estrechamente con la UNESCO, la OIT y otros organismos de la ONU, y ejercemos presión sobre organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. A nivel europeo, somos miembro consultivo del Grupo de Seguimiento de Bolonia.
También organizamos campañas para apoyar a los compañeros y compañeras cuya libertad académica y libertades civiles se ven amenazadas, y defendemos los derechos sindicales de nuestras organizaciones afiliadas.
Fomentar la solidaridad y fortalecer el sector constituyen una parte clave de nuestro trabajo. Organizamos una conferencia internacional bianual para compartir buenas prácticas y afrontar de manera conjunta los retos globales que tenemos de cara al futuro.
