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La segunda ronda de negociaciones con miras a un acuerdo económico y comercial global (Canada-Europe Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) entre Canadá y Europa tuvo lugar en enero, en Bruselas, en medio de la creciente preocupación de los sindicatos y la sociedad civil en lo que respecta a su alcance y repercusiones.

En enero, la Internacional de la Educación se reunió con responsables de la Comisión Europea y de Canadá en Bruselas en un esfuerzo por obtener más información sobre el acuerdo y sus posibles implicaciones para los educadores de ambos lados del Atlántico.

La Comunidad Europea y los negociadores canadienses señalaron que hasta la fecha, ninguna de las partes había discutido directamente los servicios educativos, pero que otros elementos del acuerdo, como la propiedad intelectual, la contratación pública, la movilidad laboral y la reglamentación nacional pueden afectar a este sector.

Los responsables canadienses admitieron que las exigencias de la UE en materia de propiedad intelectual eran controvertidas en el seno de la comunidad educativa, y refutaron las aseveraciones de la UE según las cuales Canadá es un “estado canalla” en lo que se refiere a la protección de los derechos de autor.

De acuerdo con una propuesta filtrada, la UE afirma que existen “graves deficiencias” en el régimen de derechos de propiedad intelectual en Canadá y le está pidiendo que extienda su protección de los derechos de autor 20 años más de lo que exige el derecho internacional, incrementar sus disposiciones en materia de aplicación y sanción y que ilegalice el hecho de eludir las cerraduras colocadas en el material digital.

Michael Geist, profesor de Derecho en la Universidad de Ottawa, señaló en una bitácora (blog) que “no cabe duda alguna de que los negociadores canadienses deberán soportar una presión enorme para que suelten lastre en lo relativo a la disposición en materia de propiedad intelectual a cambio de ventajas en otros ámbitos”.

“Es posible que no se haya prestado mucha atención hasta ahora al acuerdo económico y comercial entre Canadá y Europa, pero en última instancia, sus consecuencias a largo plazo podrían ser más importantes que el primer tratado de libre comercio entre Canadá y EE.UU.”, agregó.

La UE ha adoptado una postura ambiciosa en las negociaciones tras el fracaso de las negociaciones anteriores sobre libre comercio con Canadá.

Los negociadores de la CE afirmaron que serían necesarios importantes compromisos de parte de Canadá para justificar la firma de un acuerdo que podría convertirse en un modelo para las demás negociaciones en curso o previstas con India, Singapur y Corea.

La contratación pública, incluidas las compras de bienes y servicios por parte de las escuelas y universidades por encima de cierta cantidad, es de gran prioridad, afirmaron los responsables, para garantizar que las empresas europeas puedan concursar por estos contratos.

Sorprendentemente, los responsables canadienses indicaron que todavía no han determinado sus principales demandas, pese a que ya se ha preparado un proyecto de texto del acuerdo.

Sin embargo, en Europa se especula y preocupa el hecho de que Canadá vaya a exigir los controvertidos derechos de solución de diferencias del inversor al Estado, que concede a las empresas en lo individual, independientemente del gobierno de su país, la capacidad de iniciar acciones legales contra una de las partes por la supuesta violación del acuerdo.

Estos derechos de los inversores son comunes en muchos tratados bilaterales de inversión y son una característica clave del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), donde varias demandas entabladas por empresas contra los gobiernos han generado una controversia de actualidad sobre la capacidad de los inversores a usurpar el proceso decisorio democrático.

Los responsables canadienses se mostraron cautelosos respecto a la posibilidad de incluir los derechos de los inversores en las negociaciones, pero dijeron que era una cuestión interesante.

“En el ámbito del comercio, preferimos el enfoque inversor-Estado”, admitió un responsable canadiense. “Sin embargo, apenas estamos empezando y habrá que ver qué le interesa a la otra parte”.

Por su lado, los responsables de la CE señalaron que aun cuando los derechos de solución de diferencias entre inversores y Estado “pueden ser peligrosos”, el “modelo canadiense parece interesante”.

Los responsables de la CE también indicaron que el acuerdo CETA es el primero que se negocia bajo el nuevo Tratado de Lisboa, que entró en vigor en diciembre de 2009. El Tratado otorga competencia exclusiva a la UE, con voto por mayoría cualificada, en todos los asuntos relacionados con el comercio exterior, incluidos los servicios, los derechos de propiedad intelectual y la inversión.

El resultado es que las decisiones relacionadas con el comercio de servicios sociales, sanidad, educación y servicios audiovisuales ya no requieren la unanimidad de forma automática, sino sólo el voto por mayoría cualificada. Sin embargo, el Tratado prevé para los Estados miembros el derecho a invocar la unanimidad en la toma de decisiones cuando los acuerdos “puedan perjudicar a la diversidad cultural y lingüística de la Unión” o cuando puedan “perturbar gravemente la organización nacional de dichos servicios y perjudicar a la responsabilidad de los Estados miembros en la prestación de los mismos”.

Al mismo tiempo, el Parlamento Europeo tendrá más relevancia a la hora de decidir la política comercial y en la ratificación de los acuerdos comerciales, lo que significa que los afiliados de la IE en Europa deberán desempeñar un papel importante para ejercer presión y tratar de influir en los diputados del Parlamento Europeo.

La tercera ronda de negociaciones del acuerdo comercial CETA está programada para abril, y se esperan nuevas rondas para julio y principios de otoño una vez que ambas partes evalúen la posibilidad de concluir negociaciones.