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El Gobierno británico podría acabar con un presupuesto de emergencia ilegalizado a raíz del pionero recurso interpuesto ante el Alto Tribunal.

En la reclamación interpuesta el pasado viernes se alega que los funcionarios del Ministerio de Economía y Hacienda violaron la ley al prescindir de la evaluación de impacto sobre las mujeres de los drásticos planes de recortes de gastos.

La acción legal la ha planteado la principal asociación británica de defensa de los derechos de la mujer, en lo que se cree que es el primer recurso interpuesto contra un presupuesto del Gobierno británico. La Fawcett Society, que califica los planes como “un retroceso potencial de 20 años para los derechos de la mujer en el Reino Unido”, es representada por los letrados de Matrix Chambers, gabinete cofundado por Cherie Booth, esposa del ex primer ministro Tony Blair. La acción deriva de unos resultados de investigación que apuntan que las mujeres cargarían con el 75% del sacrificio impuesto por el presupuesto.

Karon Monaghan, figura eminente de la defensa de la igualdad y la lucha contra la discriminación, alegará que, por ley, los diputados deberían haber consultado el estudio antes de la votación del presupuesto. En caso de sospecha de discriminación contra la mujer, los ministros tendrían que haber tomado “medidas urgentes” para mitigar el impacto de los planes.

“No nos lo tomamos a la ligera”, ha declarado Ceri Goddard, directora general de la Fawcett Society. “Nos preocupa que el gobierno no haya evaluado el impacto de sus medidas en la igualdad de género, y, de hecho, estamos convencidos de que no hubo evaluación de impacto. Ésta es la razón de que pidamos una revisión judicial”, asevera.

Goddard sostiene que el gobierno, no sólo debió realizar la evaluación, sino que tenía que haberla sometido a la consideración de los parlamentarios. “Es una cuestión de principio. La pregunta es: si el gobierno hubiera seguido el proceso reglamentario, ¿se habría aprobado el presupuesto en el Parlamento? De haber sabido que el 72% de los recortes recaía en las mujeres, ¿habrían votado los diputados a favor del presupuesto?”

Hace poco surgieron temores en cuanto al impacto de los recortes en la igualdad de género, al conocerse los datos de un estudio procedente de la biblioteca de la Cámara de los Comunes que indicaban que de los 8.000 millones de libras esterlinas de ingresos netos correspondientes a un ejercicio presupuestario, la recaudación proveniente de las mujeres ascendería a cerca de 6.000 millones de libras. Según los datos recabados, las mujeres trabajando en empleos públicos mal remunerados y el sector educativo tienen más probabilidades de verse afectadas por la congelación salarial y la destrucción de empleo, sin olvidar los recortes de prestaciones y créditos fiscales.

Samantha Mangwana, abogada de Russell Jones and Walker, que está llevando el caso, dice que la ley es clara.

“Aunque el requisito de igualdad de género lleva tres años en vigor, se desconocen ampliamente no sólo el alcance de las leyes, sino también los procedimientos prácticos. Ahora bien, la jurisprudencia lo deja muy claro: debe llevarse a cabo una evaluación de impacto de las medidas contempladas en la igualdad antes de adoptarse las correspondientes decisiones. Pero no se trata de tachar casillas, se trata de realizar un análisis riguroso. No sólo eso, sino que deberán documentarse por escrito los resultados, a efectos de verificación del análisis discriminativo”. Mangwana explica que, en su caso, el gobierno también tiene la obligación de adoptar medidas urgentes ante la evidencia de discriminación.

Asimismo, la Equality and Human Rights Commission ha recordado al gobierno sus obligaciones legales.