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El 25 de abril, representantes de la IE se han unido a los sindicatos de la enseñanza chilenos en una gran marcha por la educación pública organizada en la capital. Docentes, trabajadores de la educación, académicos y estudiantes han reclamado el derecho fundamental a una educación de calidad, garantizada y financiada por el Estado.

El Colegio de profesores de Chile (CPC), organización afiliada a la IE, ha liderado esta iniciativa que exige el fin del lucro en la educación y la recuperación de un sistema educativo de gestión nacional.

El negocio de la educación

En Chile no existe un plan nacional de estudios, ni un presupuesto central para la educación. Cada municipalidad tiene sus escuelas y éstas definen su propio proyecto educativo, incluyendo un ‘estándar de admisión’ del alumnado.

Hay diferentes consultoras privadas (las ATEs o Agencias técnicas de educación), que diseñan el plan anual por un costo de US $15000 dólares. Las familias reciben subsidios (vouchers) y deben pagar la escuela que puedan permitirse con ese dinero.

Este sistema educativo atomizado se asemeja a una cadena de agencias –como los supermercados o cualquier otro negocio– que compiten, entre sí y con los sectores privados, por la captación de clientes y la obtención de beneficios.

Desprofesionalización docente

En este contexto, una de las cuestiones más preocupantes para los sindicatos es la desprofesionalización del trabajo docente. Gracias a la Ley General de Educación, aprobada en 2006, se permite que profesionales no docentes puedan trabajar enseñando (artículo 46 g).

Además, la profesión es precaria y con sueldos muy por debajo de lo que perciben otros profesionales -40% menos de renta que profesionales de igual calificación- y gran inestabilidad laboral. Estudios recientes muestran que un 16% de docentes en Chile tiene trastornos de ansiedad y de depresión.

A todo ello se añade la falta de recursos públicos para cubrir los requerimientos de formación continua y reciclaje, por lo que el profesorado debe costearse su propia  formación y perfeccionamiento.

Evaluación punitiva

Por otro lado, los sindicatos denuncian que la ley 20.501, aprobada en 2011, genera nuevas sanciones por efectos de la evaluación a docentes y modifica aspectos técnicos centrales, que hacen de ésta un instrumento más de despido.

Esta ley permite a las directoras y los directores de los centros educativos despedir docentes y contratar a cualquier profesional con 8 meses de estudio universitario en cualquier carrera. Además, afecta a derechos laborales y sociales básicos, como la baja por maternidad, entre otros.

Solidaridad global

La delegación presente en Chile para la marcha estuvo compuesta por el Secretario General Adjunto de la IE, David Edwards, el coordinador principal regional, Combertty Rodríguez, el Presidente del Comité Regional de la IE para América Latina, Hugo Yasky y la vicepresidenta del comité regional, Fátima da Silva.

Los dirigentes sindicales participaron en la marcha y se reunieron con personal docente, académicos y estudiantes. Asimismo, la delegación de la IE sostuvo  un encuentro con el Ministro de Educación de Chile, Harald Beyer, a quién dieron a conocer sus inquietudes frente a su escasa voluntad de escuchar las legítimas demandas de las organizaciones sociales.

También se reunieron con los representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Chile, a los que plantearon la preocupación de la comunidad educativa mundial con respecto a la Deuda Histórica que aún mantiene el Estado de Chile con miles de docentes.

La delegación de la IE también formará parte del inédito e histórico Primer Encuentro Nacional de Profesores Organizados, los días 27-28 de abril, que reunirá por primera vez a los dirigentes de profesores de la educación pública y privada, tanto subvencionada como no subvencionada.

El Secretario General Adjunto de la IE, David Edwards, afirmó: “Esta marcha es una muestra más de la firme convicción del pueblo chileno, que reclama la educación como un derecho fundamental para todas y todos”.

Edwards insistió en la necesidad de una reforma profunda del sistema educativo chileno para la creación de un modelo alternativo a las políticas educativas neoliberales. “Un proceso en el que los sindicatos de la enseñanza son y serán actores claves en la recuperación de un sistema educativo no elitista, abierto a los sectores populares”.