Brasil destinará el diez por ciento del PIB a la educación pública
El 26 de junio, el Congreso Nacional brasileño hizo historia fijando el porcentaje para la educación pública en un 10% del Producto Interno Bruto (PIB). Tras meses de lucha, la afiliada de la IE, Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ha triunfado en uno de sus objetivos más importantes de los últimos años.
La propuesta, que votó favorablemente la Comisión Especial del Plan Nacional de Educación (PNE), fija que hasta el quinto año de vigencia del PNE la inversión directa en la educación pública deberá ser del 7% del PIB y al final de los diez años, del 10%.
Además del porcentaje del 10% del PIB a la educación, también se ha abierto la puerta a la aprobación de la Ley de Responsabilidad Educacional. Esta ley regularía aspectos importantes para la calidad educativa como la implementación de la jornada escolar universal de siete horas en la enseñanza básica.
Roberto de Leão, presidente de la CNTE afirmó: “esto significa que realmente comenzamos a darle calidad a la educación pública en Brasil”. Y agregó: “es una victoria de la movilización de la sociedad, de los estudiantes, de la campaña nacional por la educación, del magisterio y de todos aquellos que han colaborado para que esto sea una realidad”.
Para Fátima Da Silva, vicepresidenta del Comité Regional de la IE para América Latina y Secretaria de Relaciones Internacionales de la CNTE, “un mayor presupuesto a la educación en todos nuestros países es necesario para afianzar la educación pública de calidad que los Estados deben garantizar".
La IE ha seguido la lucha del magisterio brasileño por el 10% del PIB para la educación y sus estrategias de cabildeo, presión en las calles, redes sociales, medios y todos los niveles de la sociedad
Esta lucha por la asignación de unos recursos financieros adecuados a la educación pública se está produciendo también en otros países de América Latina, como es el caso de República Dominicana donde todavía no han alcanzado un 4% del PIB a la educación y donde los sindicatos llevan a cabo una batalla incansable.
En este sentido, el documento de política educativa de la IE, aprobado durante el Congreso de 2011 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica sostiene que “los gobiernos elegidos democráticamente deben ser los garantes y principales prestadores de los sistemas educativos”.
Y puntualiza: “Recaudando fondos por medio de una fiscalidad progresiva, pueden y deben invertir en la educación una parte sustancial del presupuesto del Estado, que represente como mínimo el 6% de su PIB”.
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