Líbano: docentes y sector público se suman a la huelga

Empleados del sector público se sumaron a los afiliados nacionales de la IE, la Liga de Profesores de Educación Secundaria Pública del Líbano (LPESPL), el Sindicato de Profesores del Líbano (TSL), y el Comité de Educadores Técnicos Oficiales (CETO), en la huelga convocada el 10 de octubre.

Los sindicatos de docentes y de empleados del sector público en el Líbano unieron sus fuerzas para reclamar al Gobierno que aplique una escala salarial pendiente ya desde hace tiempo.

Éxito de la huelga del sector público

La manifestación había sido convocada por el Comité de Coordinación de Docentes, compuesto por sindicatos afiliados a la IE y otras organizaciones de empleados públicos. Los manifestantes – cuyas cifras se estimaban entre 1.500 y 2.000 – marcharon durante alrededor de una hora por las calles de Beirut, desde el Ministerio de Educación hasta las oficinas del Primer Ministro.

La huelga fue seguida en prácticamente todos los establecimientos escolares públicos y privados, así como las administraciones públicas. Es la primera vez que tienen lugar tres huelgas en el sector público del Líbano en el espacio de tres meses.

Los manifestantes amenazaron con escalar sus acciones a menos que el Gabinete implemente un incremento salarial pendiente desde hace ya tiempo.

“Se producirá una escalada cada vez mayor de acciones, hasta desembocar en una sentada de duración indefinida frente al Grand Serail, si el Gobierno no remite la escala salarial al Parlamento”, indicó el Presidente de TSL, Nehme Mahfoud.

El Gobierno debe respetar sus compromisos previos

Los empleados del sector público exigen que el proyecto de ley sobre el incremento salarial de los empleados del sector público sea remitido al Parlamento para la próxima sesión del 17 de octubre.

El Gobierno aprobó un incremento substancial para los funcionarios públicos y docentes empleados en la educación pública, pero la decisión final requiere la aprobación del Parlamento.

El Gobierno se ha mostrado reacio a remitir el proyecto de ley al Parlamento hasta no haber alcanzado un acuerdo para garantizar los fondos necesarios para financiar el incremento salarial masivo.

El líder docente denunció el hecho de que la administración escolar haya amenazado a los docentes para que no se sumasen a la huelga, acusando a las administraciones de actuar como instituciones comerciales en lugar de educativas, cuestionando cómo quieren que los docentes enseñen lo que son los derechos civiles y los derechos sindicales, cuando ellos mismos no pueden ponerlos en práctica.

En agosto de 2012, docentes de la enseñanza pública y privada iniciaron sus acciones de protesta boicoteando las correcciones de los exámenes oficiales.

Los partidos políticos que forman parte del Gobierno negociaron entonces con el Comité de Coordinación de Docentes, llegando a un acuerdo para que el proyecto de ley fuese enviado al Parlamento antes de finales de mes, algo que nunca ocurrió. De esta manera se aseguraron de que los exámenes oficiales nacionales se desarrollasen con normalidad y fuesen corregidos por los docentes, que cumplieron con su parte del trato.

Invertir en educación y otros servicios públicos para afrontar la crisis

Los manifestantes acusaban además al Gobierno de derrochar, y pedían que la recaudación fiscal se realizase de manera adecuada para financiar los incrementos, en lugar de optar por imponer impuestos indirectos a la población para obtener los recursos necesarios.

La mayoría de los ministros se han mostrado contrarios a subir los impuestos para financiar las escalas salariales en el actual contexto de recesión económica, aduciendo que tal medida ocasionaría protestas generalizadas en el país.

“Apoyamos a nuestros compañeros libaneses en su lucha por obtener unas condiciones de vida y de trabajo decentes para ellos, así como una educación pública de calidad para sus alumnos”, comentó el Secretario General de la IE, Fred van Leeuwen.

“Resulta crucial que las autoridades nacionales comprendan que recortar gastos en educación y en otros servicios públicos, como sanidad, es una visión a corto plazo, y en modo alguno la solución. La IE está firmemente convencida de que en tiempos de crisis económica y financiera, la inversión en servicios públicos, especialmente en educación, resulta un elemento clave para la recuperación”.