Ei-iE

Con las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio bloqueadas, un grupo de países claves de la OMC ha iniciado una serie de diálogos independientes con vistas a establecer un Acuerdo Internacional de Servicios (AIS).

Si tiene éxito, el AIS se basaría y ampliaría el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC, arrojaría más sectores de servicios a normas más estrictas sobre el suministro y la inversión transfronterizos, y garantizaría que no se restringiera el comercio.

Sus defensores sostienen que un acuerdo sobre servicios ayudaría a impulsar la debilitada economía mundial, pero otros lo cuestionan y sostienen que el alcance del acuerdo podría perpetuar las presiones de la privatización y debilitar normativas importantes.

"Independientemente de si hablamos de liberalizar servicios financieros o servicios de la educación, están en juego algunos factores fundamentales", dijo David Robinson, asesor especial de la Internacional de la Educación. "Si hemos aprendido algo de la crisis financiera es que necesitamos una mayor supervisión normativa del sector, no al contrario. No deberíamos caminar con los ojos cerrados hacia otro fiasco económico".

Según Robinson, la Unión Europea y Australia han presentado un grupo inicial de 10 sectores y cuestiones como prioritarios para alcanzar "compromisos nuevos y mejorados" bajo el acuerdo AIS propuesto, que incluye servicios financieros, de energía, profesionales y de la información y la comunicación.

Si bien hasta la fecha no se ha identificado la educación y otros servicios públicos como prioritarios, Robinson advierte que los docentes y los trabajadores del sector público deberían seguir de cerca las negociaciones.

"Los países participantes han dicho sistemáticamente que el AIS será muy ambicioso y no se excluirá ningún sector", subrayó. "Además, algunas partes de las negociaciones tratan sobre normas que potencialmente tendrán un impacto en la educación, la sanidad y otros servicios públicos, estén o no incluidos explícitamente".

Por ejemplo, la UE y Australia han planteado como tema de debate la regulación doméstica – todas las normas y medidas que los gobiernos exigen que las compañías cumplan para suministrar un servicio. Estas normas incluyen desde normativas medioambientales, sanitarias y de seguridad hasta los requisitos de certificación y los permisos.

"En el sector educativo, cualquier restricción nueva sobre la regulación doméstica podría afectar potencialmente a los requisitos de certificación docente, estándares de garantía de calidad y permisos de escuelas e instituciones privadas", sostiene Robinson.

Durante una ronda de negociaciones a principios de octubre, los negociadores del AIS acordaron que el tratado debería seguir las disposiciones principales del AGCS.

Además de la UE y Australia, los otros participantes del AIS son Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Israel, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Perú, Suiza, Taiwán y Turquía.