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Organizaciones representativas de docentes y estudiantes en toda Europa han manifestado su inquietud por el impacto potencial que tendría una propuesta de acuerdo de libre comercio entre EE.UU. y la UE. Los negociadores de la Unión Europea y de los Estados Unidos se reunieron en Bruselas esta semana para proseguir unas controvertidas conversaciones en relación con el Acuerdo Trasatlántico sobre Comercio e Inversión (ATCI). El objetivo del ATCI, según la Unión Europea, es reducir y eliminar los aranceles y las barreras reglamentarias al comercio y las inversiones.

“Teniendo en cuenta el amplio alcance y el alto nivel de ambición del ATCI, nos preocupa el impacto negativo que el acuerdo podría tener en la educación”, indicó Maroš Korman, miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato Europeo de Estudiantes (European Students Union - ESU). “Sin unas protecciones y exenciones efectivas de las normas del ATCI, el sector educativo podría quedar expuesto a crecientes presiones de comercialización y privatización”.

Fred van Leeuwen, Secretario General de la Internacional de la Educación (IE) que representa a más de 30 millones de docentes en el mundo entero, exhortó a los negociadores a asegurarse de que la educación quede totalmente excluida del acuerdo.

“Se nos ha dicho que la educación pública no estará cubierta por el ATCI”, comentó van Leeuwen. “No obstante, las exenciones propuestas para los servicios educativos son sumamente débiles y los servicios de educación privada podrían de hecho quedar incluidos. El problema es que en muchas jurisdicciones la línea divisoria entre la educación pública y la privada es imprecisa, de manera que cualquier exención reservada a la educación pública podría resultar inadecuada”.

Según van Leeuwen, la única manera de proteger plenamente la educación es consiguiendo que quede totalmente fuera del ATCI, tal como los Estados miembros de la UE han exigido en el caso del sector audiovisual.

No excluir la educación del ATCI podría desembocar en un influjo de compañías estadounidenses con ánimo de lucro hacia Europa, y en base al controvertido proceso de solución de diferencias inversor-Estado, se concedería a dichas compañías el derecho a demandar a los Gobiernos por cualquier medida que pudiera afectar sus ganancias.

Tal como ha señalado el sindicato de educación superior University and College Union (UCU) del Reino Unido: “El ATCI representa un cheque en blanco para las compañías con fines lucrativos de Estados Unidos. En 2011 y 2012, ciertas instituciones terciarias estadounidenses con ánimo de lucro demandaron al Gobierno de EE.UU. tras la publicación de un informe que era bastante crítico hacia las compañías con fines lucrativos. Al año siguiente, volvieron a presentar otra demanda contra el Gobierno por haber intentado introducir nuevas regulaciones y protecciones para los estudiantes. En julio de 2012, obtuvieron una sentencia a su favor respecto a una normativa que habría reducido sus beneficios”.

La IE y ESU indicaron que tanto sus organizaciones como sus afiliados seguirán de cerca el desarrollo de las conversaciones y continuarán presionando a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y a los Estados miembros de la UE para que se excluya formalmente a los servicios educativos tanto privados como públicos de la cobertura del ATCI.