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Las organizaciones europeas y estadounidenses miembros de la Internacional de la Educación – la federación sindical internacional que representa a más de 30 millones de trabajadores y trabajadoras del sector de la educación en todo el mundo – se han unido a la AFL-CIO y a la Confederación Europea de Sindicatos, que han expresado su preocupación con respecto al alcance y los efectos de la propuesta de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI), actualmente en curso de negociación entre los representantes de la Comisión Europea y el Gobierno de EE.UU.

En una carta dirigida al Presidente Obama y al Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, en nombre de los 15,5 millones de docentes y trabajadores/as de la educación representados colectivamente por las organizaciones en Estados Unidos y la Unión Europea, se les ha pedido que instauren una asociación que garantice mejores condiciones de vida y de trabajo a ambos lados del Atlántico, y rechazar toda tentativa de reducir las normas establecidas, de limitar las protecciones medioambientales y de socavar los procesos democráticos.

Las organizaciones han expresado asimismo su compromiso a favor de la educación de calidad para todos y todas, y, en ese contexto, han expresado sus inquietudes con respecto a la inclusión de la enseñanza “privada” para adultos y de “otros servicios educativos” como tema de las negociaciones de la ATCI junto con otros servicios públicos. Han precisado que tal decisión plantea riesgos potencialmente graves para las políticas educativas, las escuelas públicas y otras instituciones educativas, y para los docentes, los estudiantes y las comunidades, tanto en Europa como en Estados Unidos.

También han insistido en el hecho de que las normativas comerciales no pueden, en ningún caso, restringir la capacidad de los Gobiernos y las autoridades públicas competentes para proporcionar empleos decentes y servicios públicos de calidad, como la educación. Dijeron que, si las normativas comerciales previstas por la ATCI se aplicaran plenamente a los servicios públicos como la educación, podrían restringir drásticamente el espacio de las políticas públicas e intensificar las presiones ya ejercidas por la privatización y la comercialización. Indicaron que varios estudios documentados han demostrado que estas presiones pueden tener un efecto nefasto en la prestación de estos servicios importantes. “Los países necesitan disponer de autoridad democrática suficiente para gestionar adecuadamente la oferta de servicios públicos como la educación”, concluyeron, y “la inclusión de los servicios educativos en las negociaciones socavarán este proceso de adopción de decisiones democráticas”. Estas inquietudes – afirman las organizaciones – explican por qué la educación sigue siendo a día de hoy uno de los sectores menos cubiertos en los diversos acuerdos comerciales en los que participan la Unión Europea y Estados Unidos.

Las organizaciones estiman que si la educación estuviera cubierta por la ATCI, las consecuencias podrían ser desastrosas. Precisan igualmente que las normativas que rigen el acceso al mercado podrían restringir la capacidad de EE.UU. y los Estados miembros de la UE para limitar la entrada de las escuelas e instituciones privadas y con ánimo de lucro en el mercado, y para controlar la calidad de sus servicios. En tales circunstancias – prosiguen – toda medida adoptada por un organismo público con vistas a promover unas normas de alta calidad en los procesos de concesión de licencias y acreditación podrían interpretarse como una “barrera comercial encubierta” o como “una atadura comercial más fuerte de lo necesario”. “Por otra parte, tal y como lo apuntan las primeras discusiones, si un procedimiento de resolución de conflictos entre inversores y Estado forma parte de la ATCI, los prestatarios de servicios educativos privados europeos o estadounidenses tendrían el derecho a oponerse a las medidas adoptadas por la otra parte si estiman que éstas afectan a sus ganancias, alegando una violación del “trato justo y equitativo” al que tiene derecho el inversor”, añadieron. “Si un inversor gana este tipo de litigio, presentado ante una comisión de arbitraje privada carente de la obligación de rendir cuentas, el país incriminado se vería obligado a pagar a la parte ganadora varios millones procedentes del dinero del contribuyente.” Añadieron también que esta situación podría tener un impacto determinante en los procesos políticos democráticos establecidos en el sector.

Por último, si bien las organizaciones celebran las recientes iniciativas que se han llevado a cabo para consultar a las organizaciones de la sociedad civil en el marco de las negociaciones sobre la ATCI, estiman que deberían hacerse muchos más esfuerzos para garantizar una mayor transparencia. Han instado a los dirigentes a desarrollar un proceso consultivo eficaz y pertinente con todas las partes interesadas concernidas. Y han dicho que, para el sector de la educación, esto significa garantizar que los sindicatos de docentes, las organizaciones de estudiantes, las autoridades educativas y todos los organismos reguladores competentes sean informados y consultados sobre los debates.