América Latina prepara una estrategia de anti-comercialización
Los sindicatos de la educación de América Latina se reunieron en Chile para desarrollar una estrategia conjunta destinada a luchar contra la creciente privatización y comercialización de la educación, de conformidad con la reciente prioridad política de la Internacional de la Educación.
Los dirigentes sindicales de Argentina (CTERA, CONADU), Brasil (Proifes, CNTE, CONTEE), Chile (CPC, Integra2) y Colombia (FECODE) se reunieron en Santiago de Chile del 17 al 19 de agosto para celebrar una reunión estratégica que definió la estrategia del continente en el marco de la respuesta global contra la comercialización y la privatización de la educación. Esta última fue definida como el principal objetivo político de la Internacional de la Educación (IE) durante su último Congreso que tuvo lugar en el mes de julio en Ottawa, Canadá.
Fátima Silva, Vicepresidenta del Comité Regional de la IE para América Latina, destacó la importancia de esta nueva estrategia para la región, que ha sido testigo en las últimas dos décadas de un vivo debate sobre el tema de la privatización de la educación. Silva destacó la necesidad de pasar de la planificación a la acción. Para lograrlo, los ámbitos nacional, local y regional tienen que definir una estrategia común basada en una investigación exhaustiva y específica para cada país.
Angelo Gavrielatos, que encabeza el proyecto en la sede de la IE en Bruselas, dijo que la respuesta global no era solo necesaria, sino también urgente: “Estamos presenciando la aparición de actores privados cuyas dimensiones y poder jamás habríamos imaginado”. A continuación describió algunos de los ejemplos más destacados de privatizaciones de la educación en el mundo en países tales como Ghana, Kenia, Sudáfrica, India o Filipinas.
Los participantes contribuyeron al debate con ejemplos de sus propios países, los cuales se han visto afectados por el fenómeno de la privatización de diferentes maneras, en particular a través de las medidas legislativas de sus gobiernos. Este factor fue reconocido como uno de los elementos clave para la acción futura: “Los gobiernos tienen que reglamentar la actividad de las empresas con ánimo de lucro, especialmente cuando éstas se benefician de los fondos públicos. El dinero de los contribuyentes debe invertirse para beneficiar a los estudiantes y no a las empresas multimillonarias”, destacó Gavrielatos.
