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La oleada de personas buscando refugio en Europa se cuenta entre las miles de personas que son expulsadas de sus hogares cada año temiendo por sus vidas, ya sea a causa de un conflicto violento, de la inestabilidad política o económica, de los desastres naturales o por la extrema pobreza.

Estas son las causas fundamentales que deben abordarse con carácter de urgencia por las Naciones Unidas y por todos sus Estados miembros.

Las situaciones de crisis que conducen al movimiento y al desplazamiento de un gran número de personas requieren respuestas europeas y globales comprensivas, colectivas y sostenibles, que protejan los derechos de cada una de ellas.

Las dramáticas crisis humanitarias requieren responsabilidad y solidaridad. La Internacional de la Educación (IE) recuerda a los gobiernos nacionales y a las instituciones internacionales que deben respetar las normas internacionales de derechos humanos acordadas internacionalmente. Hacemos un llamamiento a todos los gobiernos para incrementar la inversión pública en servicios públicos de calidad y para asegurar que éstos son accesibles a todos/as los ciudadanos/as, incluyendo a los/as refugiados/as recién llegados/as.

Las personas desplazadas se están encontrando con el apoyo, la indiferencia y/o la hostilidad según la actitud que adopten las respectivas autoridades locales, medios de comunicación o ciudadanos/as. Frente a esta urgente y grave situación, los sindicatos de educación de numerosos países se han declarado dispuestos a trabajar con las instituciones nacionales e internacionales con el fin de organizar y garantizar la prestación de una educación de calidad y una formación profesional a migrantes y refugiados/as, impartidas por personal cualificado.

Aunque la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas es muy clara sobre el hecho de que los/as migrantes, los/as refugiados/as y las personas desplazadas deben ser tratados/as por igual y con dignidad (" Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos", señala el artículo 1, mientras que el artículo 7 establece que " Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley"), se están implementando algunas pautas generales y, en su lugar, los gobiernos están adoptando sin resultados políticas precipitadas ad hoc.

Se necesita de manera urgente un marco institucional basado en los derechos

Unos servicios públicos calificados y fuertes son la condición previa para garantizar que los Estados respetan todos los derechos de los/as refugiados/as y migrantes. Además de una primera fase en la que las necesidades básicas como refugio, saneamiento, comida, ropa y salud deben ser garantizadas; otras necesidades inmediatas surgirán rápidamente, desde una completa protección social al acceso a una educación, formación y empleo decente.

Más de la mitad de los/as refugiados/as son niños/as. A consecuencia de la afluencia de familias sirias y de menores no acompañados/as en Jordania y Líbano, el trabajo infantil en estos países ha aumentado considerablemente. Las poblaciones desplazadas deben ser especialmente protegidas frente a la explotación.

Los gobiernos tienen que garantizar el derecho de los/as refugiados/as a la educación

"Los gobiernos nacionales y la comunidad internacional deben estar obligados explícitamente a garantizar que el derecho a la educación sea una realidad para todos/as los/as niños y jóvenes", subraya el secretario general de la IE, Fred van Leeuwen. "Los países más ricos deben contribuir más para respetar el espíritu de sus compromisos y obligaciones internacionales, satisfaciendo las necesidades de los/as niños/as refugiados/as y desplazados/as, como el acceso a la educación."

El Documento de Política sobre Derechos adoptada por la Internacional de la Educación establece que "los gobiernos tienen la responsabilidad, derivada de la Convención sobre los Derechos del Niño, de proporcionar el mismo derecho a la educación a todos/as los/as niños/as, sobre la base de la igualdad de oportunidades. Se debe prestar especial atención a los/as niños/as vulnerables, como los/as migrantes, desplazados/as internos/as, huérfanos/as, solicitantes de asilo o niños/as refugiados/as. Todas las personas tienen derecho a una educación pública libre, equitativa, inclusiva y de calidad durante 12 años, de los cuales al menos 9 años deben ser obligatorios".

La Internacional de la Educación adoptó asimismo dos resoluciones sobre cuestiones migratorias: El derecho a la educación para las personas desplazadas, refugiados/as y niños/as apátridas y Migración, diversidad profesional y racismo. Estas resoluciones promueven principios generales de "acceso a la educación para todas las personas, incluyendo a las desplazadas por conflictos o desastres naturales" y afirman que "los/as docentes migrantes deben disfrutar del derecho a la dignidad en el trabajo, libre de cualquier forma de discriminación".

Las resoluciones de la IE son un firme llamamiento:

• asegurando que el problema de la lengua de enseñanza no sea un obstáculo para los/as refugiados/as;
• prestando apoyo y asistencia a los sindicatos de la educación en países en los que hay un gran número de refugiados/as y niños/as desplazados/as;
• presionando a gobiernos e instituciones internacionales con el fin de dar prioridad a la asistencia financiera para la educación de los/as refugiados/as y desplazados/as internos, especialmente en los estados que tienen frontera común con países en conflicto y acogen a un número significativo de ellos;
• apoyando el trabajo de las organizaciones miembros en la promoción de la igualdad para los/as docentes migrantes

Sólo 49 países han ratificado el Convenio 97 de la OIT sobre empleo y migración. Once países de la Unión Europea la han ratificado, pero cinco han renunciado a los anexos. Veintinueve países han ratificado el Convenio 143 de la OIT sobre trabajadores migrantes. Pueden consultar el mapa interactivo para más detalles.