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Ante la aceleración de las negociaciones del Tratado sobre el Comercio de Servicios (TISA), los sindicatos de docentes instan a sus gobiernos a reclamar un proceso de negociación democrático y a excluir la educación y otros servicios públicos de dicho acuerdo.

El 1 de junio se celebra en París una reunión ministerial dentro del proceso de negociación del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA), marcado por negociaciones secretas y filtraciones de documentos, que coincide con la reunión ministerial anual de la OCDE y con la 18ª ronda de negociaciones, esa misma semana.

La Internacional de la Educación (IE) ha pedido a sus afiliadas que presionen a sus gobiernos y hagan públicas declaraciones afirmando que la educación es un derecho humano y un bien público. Las afiliadas deberían recordar a las instancias políticas su responsabilidad de aplicar y respetar estos principios. El principal objetivo de esta acción consiste en reclamar la exclusión explícita del TISA de la educación y otros servicios públicos. Varias afiliadas a la IE de países que están negociando el TISA ya se sumaron a este llamamiento y se espera que se unan muchas más.

Amenazas ocultas

En su llamamiento a las organizaciones miembros, la IE recuerda que el TISA, a pesar de ser menos conocido que el Acuerdo de Asociación Transatlántico (TTIP), de carácter similar, y que la Asociación Transpacífico (TPP), podría tener consecuencias igualmente graves para el sector de la educación pública. Quienes participan en las negociaciones del TISA representan, en conjunto, el 70 % del mercado de servicios del mundo, valorado en 44 billones de dólares. El acuerdo abarca un número más amplio de países y, por lo que pudo saberse sobre el mismo, supondría una mayor liberalización del sector educativo.

“La llamada reserva de la educación pública, incluida por la UE en su última oferta de servicios, no protege plenamente al sector de la educación pública”, comenta Fred van Leeuwen, Secretario General de la IE. “El acuerdo TISA está diseñado para ir mucho más lejos que el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) e incorpora nuevas normas y disciplinas que se aplicarán a todos los sectores de servicios, incluida la educación. Sin embargo, los negociadores parecen ningunear la importancia de introducir salvaguardias apropiadas para el sector de la educación. Además, al contrario que otros acuerdos de comercio e inversión, las partes se niegan a incluir incluso un capítulo dedicado a los derechos laborales y los convenios fundamentales de la OIT”.

Legalmente vinculante

El objetivo de este acuerdo es liberalizar aún más el comercio de servicios e introducir normas legalmente vinculantes que conceden a inversores y compañías acceso gratuito a los mercados de las Estados firmantes del TISA. En los dos documentos publicados por algunas partes del TISA y varios documentos filtrados sobre las negociaciones de este acuerdo, varios países pretenden extender el acuerdo a los servicios privados de educación. La Internacional de la Educación advierte que incluir los servicios de enseñanza en cualquier acuerdo de comercio es motivo de preocupación intensa, ya que las normas comerciales son legalmente vinculantes y pueden tener un efecto de bloqueo y la intensificación de las presiones para comercializar y privatizar la educación. La inclusión de la educación privada concedería nuevos derechos a las compañías de enseñanza privada y limitaría la capacidad de los gobiernos de regular a los proveedores privados.