Hay que enviar negociadores – no fuerzas de la policía – para atender a los docentes subcontratados de Argelia
La lucha para mejorar la condición del personal docente en Argelia surgió cuando la Internacional de la Educación se reunió con representantes de una de sus organizaciones afiliadas argelinas durante la última Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra (Suiza).
“El Gobierno argelino tiene que buscar una solución para acabar con la precaria situación en la que se encuentran los docentes subcontratados, y tiene que participar en un diálogo social efectivo en lugar de utilizar la violencia para dispersar las manifestaciones pacíficas”, declaraba Lalia Djaddour, del Syndicat national autonome des personnels de l'administration publique(SNAPAP).
El 31 de mayo, Djaddour intervino ante la Comisión de Aplicación de Normas de laConferencia Internacional del Trabajo, durante un debate sobre el informe delComité Mixto OIT/UNESCO de Expertos sobre la aplicación de las Recomendaciones relativas al Personal Docente (CEART)).
La policía dispersa violentamente una manifestación
Los docentes subcontratados establecieron un comité de coordinación, entre cuyos miembros figura el SNAPAP. Dicho comité decidió llevar a cabo una marcha de 215 kilómetros desde Béja?a hasta la capital Argel, en la cual participaron más de mil docentes subcontratados.
La marcha dio comienzo el 27 de marzo, de forma pacífica, pero al llegar a la ciudad de Boudouaou, conforme el grupo se iba acercando a Argel, la policía le bloqueó el paso. Los docentes decidieron llevar a cabo una manifestación y organizaron una sentada y una huelga de hambre. Quince días después, las fuerzas de la policía intervinieron violentamente en la sentada, obligando a las personas a montarse en autobuses para llevarlas a zonas remotas del país, donde las abandonaron a su suerte.
“Estamos convencidos de que nuestra causa es justa, porque si el sector público carece de unas condiciones de trabajo adecuadas, será imposible mejorar la calidad de la educación de nuestros hijos e hijas”, subrayaba Djaddour. “Por eso estamos aquí, en la OIT, para apoyar el futuro de la educación de nuestros niños. Y queremos dar especialmente las gracias a la Internacional de la Educación por todo lo que ha hecho para proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras, así como la educación pública de calidad”.
Condiciones desfavorables
En el sector de la enseñanza primaria y secundaria de Argelia hay 90.000 docentes con contrato fijo, con garantías de empleo, derecho a vacaciones pagadas, seguro médico y licencia por maternidad remunerada para las mujeres. No obstante, en 2016, hay 30.000 docentes subcontratados (lo que representa una tercera parte del personal docente del sector público) que siguen teniendo contratos de duración determinada y carecen de prestaciones. En consecuencia, las mujeres docentes subcontratadas no tienen derecho a una licencia por maternidad, y muchas de ellas tienen que retomar el trabajo a los pocos días de haber dado a luz, más que nada por necesidad económica, explica Djaddour.
El derecho a un contrato fijo en el sector docente es una reivindicación que los sindicatos argelinos vienen reclamando desde hace mucho tiempo – afirma. En el año 2012, después de la Primavera Árabe, el Gobierno regularizó la situación de muchos docentes subcontratados, proporcionándoles un empleo fijo, pero desgraciadamente las cifras de los contratos de duración determinada han vuelto ha aumentar – añade.
Una educación pública carente de recursos suficientes
Al lamentar el hecho de que el sector educativo de Argelia esté tan mal financiado, Djaddour indica que se trata de “un país rico, pero las condiciones en las escuelas son a veces verdaderamente pésimas”. En las zonas remotas no disponen de calefacción en invierno, ni de servicios de transporte, por lo que los niños tienen que caminar largas distancias para asistir a la escuela, dice Djaddour. También cuestionó cómo es posible que haya más de 50 alumnos por aula en la enseñanza primaria, y puso de relieve las excesivas cargas administrativas que tienen que asumir los docentes, sin disponer del tiempo suficiente para prepararse las clases.
Los inspectores escolares “se asemejan más a la policía”, explica. En realidad, la calidad de la educación pública les trae sin cuidado; lo que realmente les importa, y asumen como su papel, es vigilar a los docentes y asegurarse de que no den problemas al Gobierno.
