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Una resolución histórica del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha dejado claro que la educación pública forma parte del tejido básico de la sociedad e insiste ante los Gobiernos sobre la necesidad de efectuar mayores inversiones para garantizar que continúe siendo un bien público.

Reconociendo la “considerable importancia de invertir en la enseñanza pública hasta el máximo de los recursos disponibles”, la resolución adoptada durante el 32º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) subraya que ha de velarse por que “las políticas y los programas educativos estén en consonancia con las normas y principios de derechos humanos”.

“Esta resolución reafirma que la educación pública es el fundamento de los derechos humanos universales” indicó el Secretario General de la Internacional de la Educación (IE), Fred van Leeuwen. “Esto sitúa la carga de la regulación sobre los hombros de los Gobiernos, que han de asegurarse de que el derecho a la educación se haga realidad y que la educación pública de calidad y gratuita sea más importante que los beneficios que pudieran obtenerse”.

En tanto que la voz de 32,5 millones de educadores en todo el mundo, la IE acoge con beneplácito el hecho de que esta resolución refleje el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 y las metas relativas, que aspiran a “garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos” y que “todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad”. Esto ha quedado en evidencia con el requisito de que los Gobiernos adopten una normativa que “refuerce el acceso de las víctimas de vulneraciones del derecho a la educación a los recursos y reparaciones adecuados”.

Haciendo de la educación de calidad el referente para un marco regulador para los proveedores de servicios educativos, la resolución apunta a la necesidad de “acabar con todas las repercusiones negativas de la comercialización de la educación”.

“Sencillamente, la regulación de la educación ha de reconocer y proteger el derecho a la educación, reconociéndolo por tanto como un bien público”, manifestó Angelo Gavrielatos, de la IE.

Al instar a los Estados a “exigir responsabilidades a aquellos cuyas prácticas incidan negativamente en el disfrute del derecho a la educación”, la resolución solicita que se establezca un marco regulatorio que observe “las obligaciones internacionales de derechos humanos”.

“El CDH envía un claro mensaje al Banco Mundial, el DFID del Reino Unido, las empresas que se dedican a la educación con fines de lucro y sus filantrópicos apoyos financieros, al afirmar que en tanto que un derecho humano, la educación debe aportarse de forma gratuita, dando prioridad a los estudiantes por encima de los beneficios”, afirmó Gavrielatos.

Teniendo en cuenta que los 47 Estados miembros de la CDH votaron unánimemente a favor de adoptar la resolución, la IE exhorta a todos los Gobiernos a sumarse a dicho consenso y apliquen sus recomendaciones.