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El Proceso de Boloña es una iniciativa interministerial en la que están involucrados 45 países de la región europea y que tiene como objetivo establecer un Área de Educación Superior Europea para 2010. Uno podría dar por sentado que con una iniciativa de este tipo en marcha, los profesionales del sector de la Educación Superior y la Investigación de la región europea disfrutan de una perspectiva de futuro muy optimista. Seguramente, todos los socios (gobiernos, personal docente y estudiantes) estarán trabajando juntos para culminar un área del sector común, que estará dedicada a la libertad y la democracia de la educación y la investigación, y al ejercicio de la libertad académica para permitir que el personal de la educación superior y la investigación puedan trabajar en el progreso y la transmisión del conocimiento humano.

Pues la realidad está muy lejos de lo previsto. En algunos países de la UE el personal del sector de la educación superior y la investigación sigue teniendo que esforzarse mucho en la lucha contra los nuevos desafíos que se oponen a los verdaderos objetivos del Proceso de Boloña. Italia es un buen ejemplo de ello.

El número de acciones para debilitar los establecimientos de educación superior en Italia está aumentando. En los últimos años el gobierno italiano ha reducido considerablemente los fondos para las universidades públicas, y ha establecido nuevos modelos de estudios universitarios sin evaluar los existentes. Tales decisiones azarosas han perturbado seriamente la estabilidad del sistema educativo del país.

El pasado mes de octubre tuvo lugar un duro golpe cuando el parlamento aprobó una ley que restringe las oposiciones para los puestos vacantes en las universidades públicas. Con esta ley, los puestos de trabajo temporales se convierten en la norma común para el personal de la educación y de la investigación, cerrando así las puertas a todos los jóvenes que desearían iniciar su carrera profesional en la educación superior y la investigación. Irónicamente sin embargo, muchos de los que se encuentran en el rango más alto de los puestos fijos reciben un salario muy generoso, basado en su antigüedad y no en una evaluación de su trabajo. Al mismo tiempo, las puertas de las universidades están totalmente abiertas para las empresas privadas, que gracias a la ley podrán promover nuevos puestos sin oposiciones ni evaluaciones.

En estos momentos, los puestos temporales ya representan más del 50% de todo el personal universitario del país.

Estos ataques a la autonomía de las universidades les impiden mantener un nivel alto de educación e investigación. Con la reorganización de los establecimientos de educación superior, el personal cualificado en el sector tendrá que buscar empleo en otros países o incluso fuera de la UE.

El Sindacato Nazionale Scuola CGIL, afiliado a la IE, protestó contra el gobierno por la nueva ley, y se vio acompañado por otros sindicatos, asociaciones de docentes, asociaciones de personal temporal, asociaciones de estudiantes, la asociación de rectores y los consejos facultativos de todas las universidades italianas. Una unidad de estas características para salvar la educación superior y la investigación del país es un hecho sin precedentes.

Pero a pesar de esta enorme coalición del propio sector para rechazar la ley, el gobierno ha persistido en imponerla. CGIL volverá a quejarse contra la ley en abril de 2006, cuando esté el nuevo gobierno.

“Hay muchos desafíos desalentadores a los que el sector de la educación superior y la investigación tienen que enfrentarse tanto dentro de la UE como en el resto del mundo”, dijo Monique Fouilhoux, coordinadora de la IE para la Educación y el Empleo. “El sector se encuentra en la primera línea de ataque de los gobiernos que quieren venderlo y de las partes que intentan sacar beneficios de ello. El personal que trabaja en el sector tiene que luchar día a día para proteger su derecho a enseñar y a investigar”.