Resolución sobre la crisis de la deuda, el ajuste estructural y la educación
El Primer Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, reunido en Harare (Zimbabwe) del 19 al 23 de julio de 1995: 1. Apunta que muchos países, especialmente en el Tercer Mundo y también, hasta cierto punto, en Europa Central y del Este están atrapados en la trampa de la deuda;
2. Apunta que los programas destinados a la "reconstrucción económica" y al "ajuste estructural" hacen a menudo mella en el sector público y que los ataques al sector público han llevado a un aumento de los recortes en los gastos destinados a la educación;
3. Apunta que los recortes del gasto público en muchos países que han experimentado un ajuste estructural han dado como resultado la congelación de los presupuestos educativos en ámbitos que afectan claramente a la calidad de la educación, la educación de los profesores, el mantenimiento de los edificios, los libros de texto, material escolar;
4. Apunta que las cifras de estos cinco últimos años muestran cómo los salarios de los profesores han disminuido en muchos países en desarrollo, que a veces ni siquiera se han pagado con regularidad y que el cobro se ha aplazado incluso hasta varios meses;
5. Apunta que las instituciones financieras internacionales, con estos programas de ajuste, han apoyado un desarrollo dentro del sector educativo a favor de las reformas orientadas hacia el mercado, la privatización y los "user-fees" (gastos asumidos por el usuario);
6. Apunta que muchas de las medidas que afectan a los docentes y que están relacionadas con los programas de ajuste se han puesto en marcha sin que hubiera ningún tipo de negociación o consulta con las organizaciones que representan a los docentes y empleados de la educación;
El Congreso cree:
7. Que el desarrollo económico y social exige un compromiso respecto a la educación y que sólo la educación puede crear los requisitos constructivos previos que permitan resolver los grandes problemas con los que se enfrenta la humanidad;
8. Que la educación debe considerarse más como una inversión que como un gasto pues implica sacrificar unos ingresos inmediatos para cosechar un beneficio aún mayor en el futuro; y si invertir en recursos humanos gracias a los gastos educativos supone conseguir unos ingresos aún más importantes, debe considerarse ésto a largo plazo y no estar sometido a los cambios de valor a corto plazo;
9. Que los gastos gubernamentales en educación deberían realizarse y ponerse en marcha de la manera más eficaz; pero los criterios según los cuales debería impartirse la educación deberían reflejar unos objetivos educativos y tener en cuenta su aportación al desarrollo económico, social y político, tanto individual como colectivo, y no verse sólo en términos de costes a corto plazo;
10. Que el resultado del "retroceso del Estado" es que abre una brecha aún mayor entre las disparidades sociales y económicas ya existentes, no sólo entre ricos y pobres incluyendo las minorías y los inmigrantes sino también respecto a la desigualdad de oportunidades entre los chicos y las chicas, sobre todo en las culturas en las que los padres deben elegir quién recibirá la educación pues normalmente las chicas son las más desfavorecidas; 11. Que la privatización de la educación incrementa las desigualdades y, de este modo, sirve para ensanchar, más que para reducir, la división social y hace que la educación se convierta en una mercancía que se puede vender y comprar y, de esta manera, quedar expuesta a las "fuerzas del mercado" más que a las demandas expresadas directamente por la sociedad en general.
Papel de la Internacional de la Educación
La IE debería:
12. Pedir a todos los países que se mobilicen para garantizar la educación pública para todos;
13. Apoyar una acción internacional concertada para rebajar de manera sustancial la deuda de los países del Tercer Mundo y Europa Central y Oriental con el fin de llegar rápidamente a cancelarla en unas condiciones que aseguren un desarrollo sostenido y la democracia;
14. Apoyar la propuesta que garantice un alivio de la deuda de estos países para que de ello se beneficie la educación y que tal alivio incluya también acuerdos para proteger al sector social en general y a la educación en particular;
15. Estimular a los sindicatos de los países implicados para que se aseguren de que sus gobiernos cumplen los acuerdos sobre el alivio de la deuda en lo que a protección del sector social se refiere;
16. Exigir del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que cambien su política actual teniendo en cuenta cuidadosamente la opinión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la CIOSL y de la IE a nivel internacional así como la opinión de los agentes sociales a nivel nacional;
17. Incitar a los sindicatos de los países industrializados a obrar con sus gobiernos en este sentido, para que ejerzan su influencia en el seno del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional;
18. Exigir del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que reconozcan la importancia de las consultas con los profesores y sus organizaciones;
19. Exhorta a los países industrializados a llenar sus compromisos de alocar un 0,7% de su Producto Nacional Bruto para la cooperación para el desarrollo y para la asistencia a los países en vía de desarrollo;
20. Informar e influenciar las organizaciones internacionales y los gobiernos sobre esta situación y sobre las soluciones propuestas.