Ei-iE

Preámbulo

i. La presente declaración expresa la demanda colectiva de los trabajadores y trabajadoras de la educación y sus sindicatos de todo el mundo de que la comunidad internacional garantice la protección de la educación en las situaciones de conflicto y permita que desarrolle su potencial como fuerza pacífica en el mundo. Por ello, la IE insta a la comunidad internacional a:

• Poner fin al alarmante incremento de atentados políticos y militares de los últimos años en todo el mundo contra las instituciones educativas, estudiantes, docentes, personal académico y demás personal de la educación;
• Cumplir el compromiso común firmado en el Foro Mundial sobre la Educación, celebrado en Dakar en 2000, de garantizar que las escuelas sean “respetadas y protegidas como refugios y zonas de paz” [Marco de acción de Dakar, comentario detallado, párrafo 58].

ii. La declaración señala el rápido aumento en el número de ataques desde 2004, tal y como muestra el estudio de la UNESCO, Education under Attack (“La educación, víctima de la violencia armada”), y la escasez de información a escala mundial sobre este fenómeno. Estos ataques se suelen cometer bajo la forma de:

• Asesinatos múltiples mediante bombardeos planeados y disparos en zonas de congregación de un alto número de estudiantes o personal de la educación:
• Asesinatos individuales planeados.
• Destrucción de instalaciones educativas mediante bombardeos, ataques con misiles, incendios, robos y saqueos.
• Detenciones ilegales, “desapariciones” forzadas y torturas.
• Decuestros con extorsión, reclutamiento forzado de niños soldados, o violaciones por parte de las fuerzas armadas.

iii. Los atentados a la vida de estudiantes, docentes, personal académico y demás personal de la educación son hechos despreciables y moralmente repulsivos en sí mismos, pero además tienen un impacto devastador en la prestación de la educación y el bienestar psicológico del alumnado y el personal docente de las áreas más afectadas.

iv. La IE señala que los ataques a estudiantes y personal de la educación que no participan en el conflicto y los ataques contra las instituciones educativas son un crimen de guerra. Cuando tienen lugar como resultado de una orden declarada públicamente para asesinar a civiles, constituyen un crimen contra la humanidad. Los gobiernos y la comunidad internacional tienen la gran responsabilidad de garantizar que los autores terminen en manos de la justicia. Sin embargo, el fracaso para acabar con la impunidad de estos ataques es generalizado.

v. Desde un punto de vista moral, y teniendo en cuenta el compromiso internacional para alcanzar la Educación para Todos, es inaceptable el fracaso de los gobiernos y la comunidad internacional cuando se trata de proteger al alumnado, docentes, personal académico y demás personal de la educación de estos ataques planeados.

vi. Así mismo, la Internacional de la Educación señala que existen situaciones en las que la educación ha agravado o fomentado el conflicto, bien debido a la desigualdad en la distribución de recursos educativos, bien debido a la existencia de un plan de estudios discriminatorio o repulsivo, a la imposición de alguna lengua de aprendizaje extranjera o valores culturales o religiosos extraños a la población, o a prácticas de gestión arbitrarias.

vii. Por ello, además de llevar a cabo una práctica educativa responsable, es fundamental que los sistemas educativos y las escuelas se dirijan de modo que fomenten la tolerancia, el entendimiento, el respeto por las culturas y las religiones ajenas y la resolución de conflictos, de acuerdo con la Recomendación relativa a la situación del personal docente de 1966. De este modo, podrían convertirse en zonas de paz y contribuir activamente a paliar las tensiones e incitar el reconocimiento y el respeto por los lugares de aprendizaje como refugios que deben quedar al margen de cualquier ataque en situaciones de conflicto.

1. Reafirmar el compromiso sobre el principio del derecho a una educación segura

La comunidad internacional, los gobiernos y todas las partes implicadas en conflictos deben reconocer y respetar el derecho de todos los niños y los adultos a una educación segura en un entorno de aprendizaje pacífico, y respetar las instituciones educativas como zonas de paz. La comunidad internacional insta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a encargar la creación de un símbolo internacional para utilizar en los centros educativos y los transportes escolares con el fin de animar a que se reconozca que deben ser considerados zonas de paz y no deben ser blanco de ataques ni utilizados para fines militares.

2. Tomar medidas prácticas para proteger a estudiantes, docentes y demás personal de la educación así como las instalaciones educativas

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los gobiernos y las partes implicadas en conflictos tomarán todas las medidas prácticas posibles con vistas a proteger a los estudiantes, docentes, personal académico y demás personal de la educación de cualquier atentado político o militar cuando se encuentren de camino hacia o desde sus instituciones educativas o lugares de trabajo, y tomar todas las medidas posibles para impedir dichos ataques. Todos los gobiernos deben garantizar que sus legislaciones nacionales cumplen las leyes internacionales en materia de protección del derecho a la educación en situaciones en que se vea amenazado y prohibir los ataques a las instituciones educativas y las personas que trabajan y aprenden en ellas.

3. Acabar con la impunidad de los atentados contra estudiantes, docentes y todo personal de la educación, así como las instalaciones educativas.

La comunidad internacional contribuirá a acabar con la impunidad de los ataques contra la educación y a llevar a los culpables ante la justicia. Además, garantizará el uso de los instrumentos humanitarios y de derechos humanos para perseguir a los autores de ataques a las escuelas, institutos, universidades, oficinas de educación y otras instituciones educativas, y a los autores de ataques a estudiantes, docentes, personal académico, personal de apoyo educativo, representantes de la educación, miembros de sindicatos de la educación y voluntarios del sector de la educación. Este interés explícito por atentar contra los estudiantes y el personal docente, además de los edificios y las instalaciones educativas, también se debe incluir en las investigaciones del Tribunal Penal Internacional y en la evaluación del Secretario General de las Naciones Unidas sobre las graves violaciones de los derechos de la infancia en las situaciones de conflicto armado.

4. Reforzar el control de los ataques y los esfuerzos por acabar con la impunidad

La comunidad internacional, los gobiernos y las organizaciones de derechos humanos deben desarrollar medios sistemáticos para la colección de información con vistas a contribuir al control internacional y el análisis de la frecuencia, el alcance y la naturaleza de los ataques militares y políticos a los estudiantes, docentes, personal académico y otro personal de la educación, así como a las instituciones educativas, y supervisar los esfuerzos para acabar con la impunidad de todos estos ataques. La comunidad internacional insta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que apoye estos esfuerzos e incite acciones futuras para prevenir los ataques contra la educación.

5. Establecer prioridades sobre las acciones a tomar y compartir experiencias sobre la capacidad de resistencia y recuperación

La comunidad internacional y los gobiernos de todo el mundo establecerán prioridades sobre las acciones a tomar con vistas a reforzar la capacidad de resistencia de los sistemas y las instituciones educativas que se encuentren en situaciones de ataque o bajo la amenaza de éstos, garantizar una recuperación rápida y compartir información sobre dichas prioridades.

6. Hacer de la educación un agente para la paz

El personal docente, sus sindicatos, los gobiernos y la comunidad internacional trabajarán para evitar que la educación pueda agravar cualquier conflicto. Harán posible que las escuelas, los institutos, las universidades y todas las instituciones educativas se conviertan en zonas y agentes para la paz, fomenten la tolerancia, el entendimiento, la resolución de conflictos y el respeto por la diversidad cultural y religiosa, tanto en sus planes de estudios como mediante una gestión justa, inclusiva y transparente, de acuerdo con la Recomendación relativa a la situación del personal docente de 1966 y la Recomendación relativa a la situación del personal de la educación superior de 1997.

7. Apoyo a las campañas de solidaridad

Se insta al personal docente, sus sindicatos, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil a que se unan a las campañas de solidaridad en apoyo a las víctimas de los ataques y las amenazas de ataque, como medio para presionar a los gobiernos y la comunidad internacional con vistas a que tomen medidas para acabar con la impunidad, proteger a estudiantes, personal académico y demás personal de la educación, y para convertir las instituciones educativas en refugios seguros en los que el alumnado goce de igualdad de oportunidades para alcanzar su potencial personal y convertirse en defensores de la paz en el mundo.