Ei-iE

Resolución sobre los funcionarios no docentes

publicado 25 julio 2011 actualizado 31 marzo 2017

El Sexto Congreso Mundial de la Internacional de la Educación (IE), reunido en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), del 22 al 26 de julio de 2011: A. Recuerda que la Internacional de la Educación representa la voz del sector de la educación en el mundo, en concreto cerca de 30 millones de docentes y trabajadores de la educación, desde la educación infantil hasta la universitaria. B. Afirma la importancia de promover y proteger los derechos y libertades tanto del personal docente como de los funcionarios no docentes. C. Reconoce que los funcionarios no docentes incluyen una amplia gama de profesionales, repartidos en múltiples categorías con estatutos diferentes. D. Considera que este creciente número de profesionales desempeña tareas administrativas, técnicas y generales que apoyan las funciones de docencia e investigación en cooperación con los docentes y el personal académico. E. Afirma que los funcionarios no docentes: 1. Son vitales para que se logre los objetivos de la educación y, en este sentido, debe reivindicarse su legitimidad en la comunidad educativa y el debate sindical sobre los retos mundiales, nacionales e institucionales que tienen planteados todos los sectores de la educación;   2. desempeñan un papel clave para la calidad de las experiencias de los estudiantes y contribuyen a la calidad de los resultados del aprendizaje; 3. comparten muchos de los retos y dificultades que enfrentan los docentes y personal académico en lo que se refiere a la negociación colectiva, y que demás, hacen frente a problemas distintos, como la falta de respeto y reconocimiento, y las pésimas condiciones laborales y salariales; 4. deben tener garantizada la igualdad de trato, a la vez que debe fomentarse el empleo de las minorías; 5. deben gozar del mismo estatuto, derechos y condiciones de otros trabajadores de la educación con cualificaciones y experiencias académicas y técnicas equivalentes. 6. Contribuyen de manera más eficaz a la educación para la salud y a la seguridad de los estudiantes cuando hacen parte de una fuerza laboral unificada que trabaja directamente para las instituciones educativas. F. Observa con preocupación: 7. el creciente uso y abuso de la contratación ocasional, parcial o de duración determinada de funcionarios no docentes, sin ninguna garantía de seguridad laboral; 8. las amenazas a los derechos laborales, derechos profesionales e, incluso, libertad académica de los funcionarios no docentes;   9. la ausencia de una remuneración y unas prestaciones justas para muchos funcionarios no docentes; 10. las violaciones de los derechos humanos y laborales fundamentales de muchos funcionarios no docentes, incluida la vulneración del derecho de asociación y negociación colectiva;   11. la creciente tendencia a privatizar los servicios de apoyo en la escuela, lo que afecta la calidad de la educación. G. Insta a los gobiernos y las autoridades públicas a: 12. reconocer el papel clave de los funcionarios no docentes en la provisión de una educación de calidad y asegurar la prestación de servicios de apoyo de calidad a las instituciones educativas; 13. garantizar los derechos laborales y profesionales de todos los funcionarios no docentes, mejorar sus condiciones de empleo y trabajo y proporcionarles el ingreso al escalafón de servicios. H. Encomienda al Consejo Ejecutivo las funciones de: 12. trabajar con otras Federaciones Sindicales Mundiales e instituciones internacionales competentes, en particular la OIT, en la promoción de las condiciones de trabajo y derechos de los funcionarios no docentes, incluido el derecho de asociación y negociación colectiva; 13. desarrollar una forma de recoger datos e información, y definir buenas prácticas de empleo de funcionarios no docentes;   14. animar a las organizaciones afiliadas a abogar por la mejora de los salarios y condiciones de trabajo para los funcionarios no docentes, así como el ingreso al escalafón de servicios; 15. promover la sindicación de los funcionarios no docentes y la eliminación de las barreras políticas, estructurales y jurídicas a la sindicación.