Resolución de la región de Europa
El 6º Congreso de la Internacional de la Educación (IE), que se celebrará en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) del 22 al 26 de julio de 2011
Contexto
Considerando que muchos gobiernos nacionales en Europa proponen o implementan severos recortes en la financiación de la educación y están presentando estas medidas de austeridad como consecuencia de la crisis económica y financiera mundial que comenzó en 2007, mientras muchos otros reconocen la importancia de invertir en educación como repuesta a la crisis;
Considerando que el inicio de la crisis actual es el resultado de una regulación inadecuada de los mercados financieros y del comportamiento irresponsable de las instituciones financieras;
Considerando que las políticas de austeridad preconizadas por los gobiernos europeos impedirán el crecimiento del empleo;
Considerando que la enorme concentración de capital en relativamente pocas manos de privados y que, por otro lado, la escasez de los presupuestos públicos están dañando el nivel de bienestar en nuestros países;
Considerando que la reducción de los presupuesto para la educación afectará a la calidad y a la accesibilidad de los servicios educativos a todos los niveles;
Considerando que, en un futuro a corto y medio plazo, los sistemas educativos en toda Europa experimentarán recortes considerables de personal, debido en gran medida al gran número de educadores que alcanzarán la edad de jubilación y al fracaso de muchos gobiernos en desarrollar programas eficaces de contratación;
Dado que la educación es un derecho fundamental y universal y un derecho público cuyo propósito primordial es desarrollar el potencial de los individuos, la difusión de los conocimientos, la cohesión social, la consolidación de la democracia y el bienestar personal;
Dado que las grandes inversiones y el apoyo a la gama completa de ciclos educativos – educación de la primera infancia, educación primaria y secundaria, educación y formación profesional, aprendizaje a lo largo de toda la vida, enseñanza superior e investigación – están generalmente considerados como una prioridad máxima para la sostenibilidad de una sociedad basada en el conocimiento en la Europa postindustrial;
Dado que el educador, docente, formador, profesor universitario e investigador, desempeñan un papel central en el sistema educativo;
Dado que las condiciones de trabajo del educador, incluidos un salario atractivo, el acceso a un plan de pensiones seguro y justo, las oportunidades de desarrollo profesional continuo, un número razonable de alumnos por clase, sistemas de salud y seguridad que hagan frente al estrés relacionado con el trabajo, la violencia y el acoso en el trabajo son prerrequisitos indispensables;
Dada la escasez latente de personal docente y las propuestas de formación “de mala manera” (duración restringida, exigencias inferiores para la obtención de títulos) que ofrecen, como consecuencia de la crisis y de esta escasez, los propios Gobiernos;
Dado que un trato igual a todos los educadores independientemente de su edad, sexo, origen étnico, discapacidad, orientación sexual, credo religioso o tendencia política debe reconocerse como un criterio no negociable;
Visto que las características únicas de la región europea en términos de solapamiento de las instituciones y estructuras supranacionales y sus políticas, a saber, el Consejo de Europa, la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio, el Espacio Económico Europeo, la Euro-zona, el Espacio Schengen y la Unión Aduanera Europea, tienen un impacto significativo en las vidas cotidianas de los ciudadanos europeos y en los sistemas educativos en Europa;
Vista, particularmente, la singularidad de la Unión Europea, que incluye en su Tratado la Carta de los Derechos Fundamentales, la posibilidad para que los agentes sociales participen en le proceso de desarrollo de legislación y la competencia para"contribuir al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados Miembro y, si es necesario, apoyando y reforzando su acción, mientras se respeta plenamente la responsabilidad de los Estados Miembro en lo referente al contenido de la enseñanza y la organización de los sistemas educativos y su diversidad cultural y lingüística";
Vistas las políticas educativas europeas y relacionadas con la UE, a saber, el proceso de Bolonia para la enseñanza superior y la investigación, el proceso de Copenhague para la educación y formación profesional, el programa de aprendizaje a lo largo de toda la vida, el método abierto de coordinación y su proceso europeo de evaluación comparativa, que tienen un importante impacto en los sistemas educativos nacionales;
Vista la presión creciente para una financiación alternativa en el área de la enseñanza superior y la investigación y la solicitud de modernización y cambio del enfoque de gestión que llevó a una creciente comercialización y mercantilización de la educación;
Acción
El 6º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación (IE),
Insta a los gobiernos nacionales y regionales a que mantengan e incrementen el nivel de inversión pública en educación a todos los niveles, y en particular en el ámbito de la formación de docentes, y a que defiendan la educación, que debe ser gratuita, y la investigación, como servicios públicos dotados de los estatutos y los medios propios correspondientes, que permitan mantener la libertad académica en la enseñanza superior y la investigación;
Hace un llamamiento a los gobiernos europeos para que propongan únicamente formaciones de calidad, es decir a nivel de master, a fin de mantener y mejorar la calidad de la enseñanza y hacer la profesión docente más atractiva;
Hace un llamamiento a los gobiernos y a las organizaciones de empleadores en Europa para que contraten a un mayor número de docentes altamente cualificados a todos los niveles educativos;
Hace un llamamiento a los gobiernos nacionales y organizaciones de empleadores en Europa para que trabajen en el marco del movimiento sindical de los docentes a través del diálogo social y la negociación colectiva con vistas a intentar conseguir mejores condiciones laborales e igualdad de trato para todos los trabajadores de la educación en los términos enunciados en los párrafos 9 y 10 de esta Resolución;
Hace un llamamiento a los responsables políticos para que aprueben e implementen políticas apropiadas para desarrollar sistemas educativos eficaces, de alta calidad, equitativos y sostenibles a todos los niveles educativos en Europa teniendo en cuenta la igualdad y el equilibrio de género;
Solicita a las instituciones europeas y a los gobiernos nacionales que, al implementar las políticas europeas y procedimientos como están descritos en el párrafo 13 de esta Resolución, proporcionen la inversión pública adecuada, el compromiso pleno de todas la partes interesadas en la educación y la responsabilidad pública en todos los pasos de los procesos;
Hace un llamamiento a los gobiernos para que cambien sus políticas económicas y fiscales en términos de distribución del PNB;
Solicita a los gobiernos europeos que utilicen medidas fiscales justas y progresivas para obtener los ingresos adicionales necesarios para incrementar la inversión en educación, con el fin de proporcionar servicios educativos de alta calidad para todos y prevenir la privatización y comercialización de los servicios educativos;
Da el mandato a la IE y a la Región de Europa, CSEE, de promover y defender enérgicamente los principios establecidos en esta Resolución para intervenir ante las instituciones europeas (Consejo, Parlamento, Comisión)y apoyar las acciones relacionadas tanto de las afiliadas, en sus esfuerzos y luchas en ámbito nacional, como en el ámbito internacional en toda Europa.
