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Las agrupaciones sindicales afiliadas a la IE en Francia han criticado enérgicamente la intención del Gobierno francés de restablecer un día de espera para los empleados de la Administración pública en caso de baja por enfermedad, calificando la medida de “inefectiva” e “injusta”.

FSU: una medida injusta e inefectiva

En Francia, el período de espera se refiere al período durante el cual un empleado que se encuentra de baja por enfermedad no tiene derecho a las prestaciones diarias abonadas por el sistema de la seguridad social.

Una de las agrupaciones sindicales, la Fédération syndicale unitaire(FSU), ha solicitado al Gobierno que revoque la decisión que tomó el 6 del julio para restablecer el día de espera para los funcionarios. El ministro de Acción y Cuentas Públicas, Gérald Darmanin, hizo pública la decisión durante el examen oficial de cuentas nacionales.

El “día de espera es injusto e ineficaz”, señala la FSU, que considera que el ministro ha hecho que “el personal que coge una baja por enfermedad sea responsable de la desorganización de los departamentos y del aumento de la carga de trabajo”. Restablecer el período de espera de un día equivale a una reducción salarial para los empleados de la Administración pública que cogen una baja por enfermedad, y supone también una penalización al considerarlos culpables de estar enfermos, dice la FSU.

Además, la federación hace hincapié en que el argumento de la presunta igualdad con respecto a los empleados del sector privado no se sostiene: los días de espera de las dos terceras partes de los empleados del sector privado, la mayoría de los cuales trabajan en empresas con más de 250 empleados, están cubiertos por convenios específicos de empresa. Señala asimismo que existen desigualdades entre los empleados del sector privado, que están completamente cubiertos, y aquellos para los que los días de espera se aplican total o parcialmente.

La FSU reclama la abolición de los días de espera tanto en el sector privado como en el público. Afirma que hay estudios que demuestran que los empleados sujetos a días de espera se toman menos períodos de baja pero más largos, lo que prueba que los días de espera no combaten el absentismo laboral. Reducir la baja por enfermedad requerirá cambios en las condiciones de trabajo, reforzando la medicina preventiva, que es prácticamente inexistente para la mayoría de los funcionarios, y desarrollando medidas enfocadas a mejorar la calidad de la vida en el trabajo, según la FSU.

UNSA: una medida demagógica e injusta

El UNSA-Civil Service también se opone a la medida propuesta. El secretario general Luc Farré ha dicho que la decisión “es profundamente injusta puesto que afecta a la salud de los funcionarios y empeora al mismo tiempo sus condiciones de trabajo. ¡Los funcionarios no cogen bajas sin motivo!”

A diferencia de las dos terceras partes de los empleados del sector privado, los funcionarios no están cubiertos por convenios colectivos, ha añadido.

La decisión es “demagógica, puesto que esta medida, que representa 170 millones de euros, no va a reequilibrar los presupuestos franceses ni va a permitir ahorrar los 5.000 millones de euros que hacen falta para cerrar los presupuestos de 2017, según la auditoría de la Oficina Central de Auditoría de Francia”.

Tras el anuncio de la congelación de los salarios, esta medida deja patente la falta de reconocimiento por parte del Gobierno en lo que respecta al compromiso de los funcionarios para cumplir con sus obligaciones, según señala esta agrupación sindical. El ministro también ha confirmado que se estaban recortando 120.000 puestos de trabajo, señala Farré, haciendo hincapié en que “la Administración pública y los funcionarios no pueden verse sistemáticamente reducidos a una línea presupuestaria”.

El UNSA-Civil Service reclama mejores condiciones de trabajo y calidad de vida en el lugar de trabajo, y ha reafirmado que “la única deficiencia es la falta de diálogo social en los tres últimos anuncios que afectan a los funcionarios”.

Estigmatización de los funcionarios

El secretario general de Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly, opina que la medida es una “manera de estigmatizar a los funcionarios a cambio de un rendimiento económico que no es especialmente significativo”. Añade que el “65-70% de los empleados del sector privado no tienen días de espera”.

Jean-Marc Canon, secretario general de la Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires-Confédération générale du travail(UGFF-CGT), afirma: “Tras congelar el valor del punto índice para 2018, estamos ante una nueva medida de crisis social y ante un nuevo ataque contra los funcionarios. En lo que respecta al diálogo social, este tipo de anuncio unilateral supone un duro golpe apenas dos días antes de un reunión plenaria preliminar con los sindicatos”.

Mylène Jacquot de la Confédération française démocratique du travail(CFDT) apunta: “El establecimiento de un día de espera no es en absoluto una política de prevención ni de mejora de la calidad de vida en el trabajo”.

Antecedentes

Mientras que el período de espera para los empleados del sector privado es de tres días, ese período no existe en el caso de los funcionarios. Para estos, la compensación se paga desde el primer día de su baja por enfermedad. En el sector privado, el empleador suele compensar la pérdida salarial del empleado, salvo en el caso de las pequeñas y medianas empresas y de los operadores comerciales independientes. Esto no sucede en la Administración pública, que no proporciona ninguna compensación económica.

El 6 de julio, el ministro de Acción y Cuentas Públicas, Gérald Darmanin, anunció oficialmente el restablecimiento del período de espera de un día en la Administración pública, una de las medidas que formaba parte del programa de Emmanuel Macron durante las elecciones presidenciales. “Aunque el período de espera de un día no es el único instrumento para luchar contra el absentismo laboral en la Administración pública, sirve para combatir el micro-absentismo que desorganiza los departamentos, incrementa la carga de trabajo de los trabajadores que se encuentran en la oficina, y supone un coste de aproximadamente 170 millones de euros al año”, declaró en el examen oficial de cuentas nacionales que se llevó a cabo en Bercy. El ministro especificó seguidamente que la medida, concebida específicamente para “restablecer la igualdad entre el sector público y el privado”, formará parte del proyecto de ley de finanzas para 2018.

El día de espera para los funcionarios ya se había establecido el 1 de enero de 2012, durante la presidencia de Sarkozy, pero fue posteriormente abolido el 1 de enero de 2014 por el gobierno de Ayrault.