Kenia: El sector de la enseñanza superior mantiene la presión sobre los empleadores para entablar el diálogo social
El Universities’ Academic Staff Union, una afiliada de la Internacional de la Educación en Kenia, está implicado en un conflicto laboral con la federación de empleadores para las universidades públicas por la negociación y aplicación de un convenio colectivo.
El motivo del conflicto actual es la negativa de las universidades públicas que forman parte del Foro Consultativo de Consejos Universitarios Interpúblicos (IPUCCF, por sus siglas en inglés) de negociar, firmar y aplicar el convenio colectivo de 2017-2021. El convenio anterior venció el 30 de junio de 2017.
Se han ajustado las condiciones de servicio de todos/as los/las funcionarios/as, salvo del personal universitario, y la estructura salarial del personal académico en las universidades públicas se hacaracterizado por las distorsiones, el estancamiento y las malas perspectivas de progresión profesional. El personal universitario es discriminado por la falta de revisión de las condiciones de empleo, como los salarios básicos, pensiones atrasadas, prestaciones y otros programas.
“El personal académico de las universidades públicas kenianas tiene demasiado trabajo y está mal remunerado”, dijo firmemente el Secretario General del Universities’ Academic Staff Union (UASU), Constantine Wasonga. Además, añadió que “tiene efectos negativos en la moral del personal, la investigación, la enseñanza y la innovación”.
“Esta situación lleva a un bajo nivel de retención de recursos humanos y a una fuga masiva de cerebros de las universidades públicas”, destacó también el Secretario General de la Internacional de la Educación (IE), David Edwards.
Cabe señalar que 25 universidades públicas todavía no han negociado ni concluido sus convenios internos, alegando una falta de fondos.
Desde marzo de 2017, el UASU ha llevado a cabo esfuerzos coordinados para garantizar la negociación del convenio colectivo de 2017-2021. El 30 de marzo de 2017, el UASU presentó su propuesta, pero la federación de empleadores y el Gobierno no formularon sus comentarios al respecto dentro del plazo establecido para el 31 de mayo de 2017. El UASU realizó una advertencia y ofreció más tiempo para que presentaran una respuesta. El 9 de diciembre de 2017, las partes convinieron volver al trabajo y que las negociaciones finalizaran como tarde el 31 de enero.
Tras una serie de reuniones canceladas y solicitudes de aplazamiento, y de agotar todas las opciones, el sindicato dio un preaviso de huelga de siete días y el 1 de marzo los/las profesores/as de las universidades y facultades públicas fueron a la huelga en todo el país. Después de que un tribunal laboral declarara ilegal la huelga, el UASU interpuso un recurso en el tribunal de empleo y relaciones laborales. La causa se examinará el 27 de marzo. Mientras tanto, el personal universitario ha dejado de prestar sus servicios.
Al UASU le preocupa que diferentes instituciones gubernamentales estén socavando las relaciones laborales en el sector de la enseñanza superior, en detrimento del personal educativo, en concreto:
- Sistemáticamente, el IPUCCF no ha concluido las negociaciones de convenios colectivos según los plazos fijados;
- Los empleadores y el Gobierno utilizan indebidamente la Comisión de salarios y remuneración (creada en virtud de la Constitución de Kenia de 2010 para recomendar y/o establecer los niveles salariales de los/las funcionarios/as) para obstaculizar la negociación colectiva; y
- El Gobierno no es activo a la hora de proporcionar financiación al IPUCCF para que las universidades públicas puedan cumplir sus obligaciones con los/las empleados/as.
La Internacional de la Educación ha escrito a la federación de empleadores para universidades públicas y a la Comisión del Senado para Educación Universitaria para solicitar la negociación colectiva sin demora y que se destinen los fondos apropiados para la aplicación del convenio una vez se concluya.
