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Conforme transcurrían los últimos minutos hasta que anunciaron la salida de mi tren, a última hora de la tarde, entre Londres y Bruselas, tecleaba furiosamente mis notas sobre un informe de investigación que acababa de leer en relación con el Acuerdo sobre el Comercio en Servicios (ACS, más conocido como TISA). El joven sentado a mi lado se inclinó hacia mí preguntándome si podía hacerme un cumplido. Estaba particularmente impresionado por la rapidez a la que escribía. La conversación rápidamente giró hacia lo que hacía y sobre qué estaba investigando. Le señalé que era una socióloga de la educación vinculada a una universidad del Reino Unido, y que uno de los temas sobre los que estaba investigando de momento era el de los tratados comerciales mundiales. Pude detectar algo más que un ligero toque de incredulidad en su voz. Su rostro se ensombreció, con el ceño fruncido. ‘¿Así que trabaja sobre negociaciones comerciales globales? ¿Siendo una socióloga de la educación?’, preguntó. ‘¡Exacto!’, repliqué. ‘Pero si la educación se incluye en los acuerdos comerciales, ¿Qué pasa con la educación en tanto que servicio público?’, remarcó. ‘¡Exacto!’, repliqué nuevamente, ‘¡La cambia tremendamente!’

Proseguí explicando que, desde el lanzamiento de la Organización Mundial del Comercio en 1995, ciertos países y destacados grupos de interés venían dedicando enormes esfuerzos a incluir todos los niveles de la educación en los acuerdos entre los Estados miembros, considerando la educación como un sector de servicios, junto con las finanzas, la sanidad y el transporte, entre otros. Esto implica asimismo que al hablar de la educación se utilice un lenguaje similar al empleado para describir el comercio global en bienes: naciones exportadoras e importadoras, trato nacional, nación más favorecida, consumo en el extranjero, etc.

No es la primera vez que una conversación casual de este tipo, sobre educación y acuerdos de comercio globales termina con un sentimiento de incredulidad. Y seguramente no será la última, teniendo en cuenta que se está desplegando todo el potencial de los tratados comerciales globales. Y aquí me tienen, haciendo referencia al Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG), al Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón, al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) entre una serie de países de la cuenca del Pacífico y que recientemente ha sido rebautizado como “Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico”, la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) entre EE.UU. y Europa, y el Acuerdo sobre el Comercio en Servicios (TISA) entre los denominados ‘amigos de los servicios’ y que involucra a la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y alguno más. Por el momento, también se está renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA).

¿Qué tienen en común todos estos acuerdos? En primer lugar, que incluyen la educación como un sector de servicios con el que se comercia –en gran parte, porque no puede excluirse– teniendo en cuenta que el criterio para su exclusión es que se trate de un servicio suministrado“…en ejercicio de facultades gubernamentales” y que “ no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicio”(OMC, GATS, Artículo I.3). Piensen en algún país donde el Estado sea elúnico proveedor en la educación, y donde dichos servicios se suministren sin que haya la más mínima competencia en el sector. Tres décadas de políticas neoliberales en la educación han creado las condiciones para incluir la educación en el comercio.

El estatus de la educación como un genuino ‘servicio público’ en muchos países ha sido precisamente lo que ha motivado la lucha contra la privatización de la educación. Países y corporaciones han visto los beneficios que pueden obtener si la educación se estableciese como un bien privado, comprado y vendido en el mercado en función de las reglas del mercado, y protegido a su vez por las reglas comerciales. Para conseguirlo, se ha venido presionando para ‘disociar’ los sectores de la educación pública, y a considerar sus actividades como ‘paquetes de servicios’ –donde los más lucrativos se dejan en manos de firmas con fines de lucro.

Familias, el público afectado y los y las/as educadores, han señalado con toda razón que la educación no constituye un paquete de servicios que pueda regularse por medio de reglas comerciales. La educación, pese a todas sus deficiencias a la hora de lograr sociedades más igualitarias, sigue siendo una institución clave para la creación de sociedades y para la ciudadanía política. La educación –en tanto que sector clave dentro del contrato social– no puede estar al servicio de intereses económicos particulares. La responsabilidad de todos los gobiernos nacionales, consagrada en declaraciones internacionales, es la de asegurarse de que se disponga de una buena educación pública, gratuita y de calidad, como un derecho humano, un bien social, y la base para una participación de la población en tanto que ciudadanos y ciudadanas  informados/as, con derechos políticos.

El segundo elemento que tienen en común muchos de estos acuerdos es que representan esfuerzos para limitar las capacidades de los gobiernos para dirigirse hacia una mayor apropiación nacional con vistas al futuro. Cláusulas como ‘moratoria’, ‘trinquete’ y ‘lista negativa’ implican que un país no puede dar marcha atrás respecto al punto en que se encuentren de momento, para reducir la apertura al mercado. Si sumamos a ello el ‘efecto trinquete’ significa esencialmente que la única dirección hacia la que puede encaminarse la futura política es ir organizándose progresivamente a través del mercado y abrirse a los inversores, sin depender del Estado. La ‘lista negativa’ es también particularmente perniciosa. Implica que los negociadores ahora tienen que incluir las actividades que quedarían exentas. Pero si no sabemos qué deparará el futuro, y no podemos saberlo, entonces por definición cualquier cambio futuro quedaría incluido. Cara, ganan los inversores; cruz, ganan los inversores igualmente.

Un tercer elemento en común es la falta de transparencia. La mayoría de las negociaciones se han llevado a cabo en secreto. Así que pese a la importancia central de la educación en las vidas de las personas –y que los gobiernos hacen campaña con la educación como un elemento importante, que se espera que los políticos valoren– en realidad los tratos comerciales globales donde se incluye la educación hacen que cualquier promesa de democracia resulte vana.

¿Qué incluirá y promoverá en realidad la actual ronda de acuerdos comerciales globales? Está claro que el objetivo de dichos tratos es precipitar la liberalización de la educación, debilitando las protecciones respecto a quién puede invertir y en qué. Esto implica que los países poderosos y sus corporaciones abran nuevos mercados emergentes en la educación, permitiendo que la regulación impuesta por un país sea cuestionada en caso de considerarla demasiado gravosa.

Implica que las firmas multinacionales, al igual que los y las profesionales (como docentes y académicos) y otros expertos podrán moverse con mayor facilidad a través de las fronteras nacionales, en base a cláusulas de reconocimiento mutuo. Esto supondrá un desafío considerable respecto a la naturaleza del conocimiento profesional y respecto a quién lo regula.

La contratación pública quedaría abierta pudiendo licitar todos los miembros del acuerdo, a menos que se incluyan anexos específicos que exenten determinadas partes. Se hará todo lo posible para regular la propiedad intelectual y los flujos de información transfronteriza de la manera que mejor convenga a las grandes empresas tecnológicas, en lugar de beneficiar a los productores y usuarios del conocimiento.

Los capítulos laborales de los acuerdos –aunque prometen protecciones para los trabajadores– resultan bastante inútiles. En otras palabras, cualquier actual condición desfavorable para los docentes no se considerará una violación de los derechos laborales, únicamente se tendrá en cuenta cualquier erosión de las actuales condiciones, por malas que ya sean. Por otro lado, los casos de violación únicamente podrán ser denunciados por los gobiernos, no por los sindicatos. No todos los gobiernos se ponen del lado de los trabajadores, de hecho, en la mayoría de los casos es todo lo contrario.

En 1999, la ahora desacreditada Batalla en Seattle dejó gravemente dañadas las instituciones multilaterales involucradas en la negociación de los acuerdos comerciales globales. Para 2005, la Organización Mundial del Comercio se tambaleaba como el principal foro de negociación para los tratados globales sobre comercio. Pero, como supimos más tarde, la partida no había terminado, y de hecho se lanzó un nuevo juego del gato y el ratón.

Lo que nos lleva al punto en que nos encontramos ahora: acuerdos que se encuentran a punto de ser ratificados, o esperando entre bastidores, que prometen transformar aún más la educación en un bien negociable y, de ese modo, alterar las condiciones para la deliberación democrática sobre uno de los derechos esenciales que tenemos en base a nuestra ciudadanía política.

El joven en la estación del tren tenía todos los motivos para estar confundido y turbado, puesto que esta inclinación del poder en dirección de poderosos inversores podría parecer una ficción. Pero no lo es. Necesitamos una nueva Batalla de Seattle y lanzar un potente disparo de advertencia sobre los buques de los ambiciosos inversores que avanzan pensando que la educación es el nuevo oro. Debemos hacerlos batirse en retirada, recordándoles que estamos dispuestos a combatir para garantizar la educación como un bien social y un servicio público.  Con nuestras acciones, tenemos que dejar patente y contestar el tira y afloja respecto a la inclusión de la educación en los acuerdos comerciales globales como lo que es: una mezcla tóxica del más burdo capitalismo especulando sobre la educación.