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La Internacional de la Educación apoya a su afiliada, la Federación Colombiana de Educadores, (FECODE) en su denuncia y firme condena de los asesinatos y amenazas que sufren los educadores, sindicalistas y líderes sociales colombianos.

Varios docentes han sido asesinados, amenazados e intimidados por grupos violentos en Colombia en los últimos meses. Carlos Alfonso Negret, defensor de los derechos humanos en Colombia, ha lamentado el hecho de que 311 líderes sociales y defensores de los derechos humanos hubieran sido asesinados en el país entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018.

Solo en mayo, cuatro sindicalistas docentes fueron asesinados en diferentes regiones –Holman Mamián, en Cauca; Evelia Atencia Pérez y Hernando Manjarrez Escudero, en La Guajira; y Delmayro Reyes González, en el Valle del Cauca– mientras que seis otros fueron objeto de ataques, en los que resultó herido uno de ellos, en una camioneta en Arauca.

Deyanira Ballesta, una docente de Bolívar, también recibió una amenaza de muerte, que fue grabada, compartida en línea y se convirtió en noticia nacional. En la grabación una voz masculina le dice que “se tiene que ir de esta región o la asesino. Usted sabe que nosotros acá asesinamos al que se nos dé la gana. ¿Me entendió? Hoy yo mismo les comunico, a las personas encargadas de la educación de aquí, que si usted se queda aquí en la región la van a tener que recoger muerta”. Desde entonces, Ballesta ha quedado bajo protección y está ahora escondida.

El 3 de julio, seis líderes sociales fueron asesinados durante el partido de la Copa Mundial entre Colombia e Inglaterra, en Chocó, en Palmar de Varela. Entre ellos se encontraban Ana María Cortés, asesinada en Cáceres, Antioquia; Luis Barrios Machado, en Palmar de Varela, Atlántico; Felicinda Santamaría en el municipio de Quibdó, Chocó; y MargaritaEstupiñán en el barrio El Recreo, Vaquerío.

El 7 de julio, el docente Frank Darío Rincón fue apuñalado hasta la muerte en el centro de Pitalito, en Huila.

Asesinatos bajo investigación

FECODE ha denunciado los violentos crímenes y acontecimientos y ha pedido la protección de todos los docentes y educadores.

En un comunicado fechado el 26 de junio, el sindicato exige “respeto para la vida de cada docente del país. Manifiesta su contundente rechazo a estos crímenes cometidos contra los docentes como armas políticas”. El sindicato se solidariza con las familias y allegados de los docentes y rechaza de manera categórica que se utilicen estos terribles sucesos con fines políticos.

También explica que “es un hecho conocido que situaciones como el microtráfico, las bandas criminales, la violencia regional y otros actores representan una amenaza constante para los docentes en las instituciones educativas del país”.

Como educadores, estamos bajo “una amenaza constante”, lamenta FECODE. Estamos “expuestos e indefensos”. Al hacer hincapié en que, en algunos casos, las autoridades ya han dado con los autores materiales pero no han dado mayores reportes sobre los motivos de estos crímenes, FECODE insta además a las autoridades a investigar estos asesinatos y a establecer medidas de seguridad para proteger a los docentes que han sido amenazados, y recordó a todo el mundo que “la escuela es territorio de paz”.

Vídeo de FECODE que condena los asesinatos y exige que sean investigados adecuadamente

El 5 de julio, la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia también emitió un comunicado en el que “condena vehementemente los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales”.

El mismo día, la confederación sindical colombiana (CUT) emitió una declaración en la que rechazaba “estos actos abominables”, exigía una “acción inmediata de las autoridades” e invitaba a los colombianos a sumarse a las movilizaciones “por la paz y la vida”, organizadas para el 7 de agosto en todo el país “para detener y denunciar estas olas de violencia”.

Antecedentes

La Internacional de la Educación está preocupada por el hecho de que la situación de los educadores y los sindicalistas colombianos empeore una vez más tras décadas de violación extrema de los derechos humanos en el país.

En mayo de 2017, la IE envió un llamamiento de acción urgente para solicitar la solidaridad internacional con la docencia colombiana después de que un artefacto explosivo detonara frente a una sede de FECODE en Bogotá, que tuvo como resultado cuantiosos daños materiales, tanto en dicha sede como en las casas vecinas.

En ese momento, la Internacional de la Educación apeló a las autoridades colombianas a profundizar la investigación en búsqueda de los autores de este ataque y a proponer soluciones reales y durables en aras de sostener y promover la educación pública de calidad y gratuita.

También insistió en que “la comunidad escolar colombiana merece que las autoridades protejan y respeten a la docencia en su conjunto y valoren su contribución efectiva a la construcción de caminos para la paz, la tolerancia, el respeto y la convivencia”

Pueden también leer aquí el estudio de la IE publicado en 2009 sobre la violencia política contra los sindicatos de la educación en Colombia.