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La Internacional de la Educación ha apoyado la queja presentada por los sindicatos de los Estados Unidos (EE.UU.) contra la política estadounidense de inmigración de “tolerancia cero”, que separa sistemáticamente y por la fuerza a los/las niños/as inmigrantes de sus padres con el fin de procesar a los padres por “entrar ilegalmente” en el país.

IE: El Consejo de Derechos Humanos debería instar al Gobierno de EE.UU. a revocar inmediatamente su política de separar a las familias de solicitantes de asilo

“La Internacional de la Educación se dirige a usted para sumarse oficialmente a la queja presentada por la American Federation of Teachers (AFT), la National Education Association (NEA) y otras 14 organizaciones de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos para denunciar la política de inmigración de “tolerancia cero” del Gobierno de EE.UU.”, escribe el Secretario General de la IE, David Edwards, en una carta enviada el 26 de septiembre a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Edwards también recordó que a menudo los padres y los/las niños/as no se pueden comunicar después de su separación; no saben dónde localizar al otro o cuándo se volverán a ver. Una vez que los separan, los padres pueden ser deportados, mientras que sus hijos/as permanecen bajo custodia federal.

Según la AFT, más de 2.500 niños/as solicitantes de asilo han sido separados de sus padres en la frontera entre EE.UU. y México; 500 de ellos permanecen en centros de detención. Más de 450 padres han sido deportados sin saber dónde se encuentran sus hijos/as.

Esta política constituye un abuso inhumano y cruel de familias vulnerables y sus hijos/as que se puede parecer en algunos aspectos a una forma de tortura. Separar a las familias perjudica gravemente y de forma potencialmente irreparable a los/las niños/as y los padres; puede causar un trauma de larga duración y angustia psicológica en los/las niños/as. Se debe revocar inmediatamente.

Como ha demostrado la AFT en su queja ante el Consejo de Derechos Humanos, la política de inmigración del Gobierno de EE.UU. constituye una grave violación de numerosos derechos humanos internacionalmente reconocidos y pisotea los principios de muchos tratados internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos Humanos sobre los Derechos del Niño, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos en las fronteras internacionales de las Naciones Unidas.

“Pedimos al Consejo de Derechos Humanos que inste al Gobierno de EE.UU. a revocar inmediatamente su política de separar a las familias de solicitantes de asilo”, concluye Edwards.

Sindicatos estadounidenses: patrones sistemáticos de violaciones flagrantes y fehacientemente probadas de los derechos humanos y libertades fundamentales

La queja presentada por sindicatos y organizaciones de la sociedad civil (OSC) estadounidenses denuncia patrones sistemáticos de violaciones flagrantes y fehacientemente probadas de los derechos humanos y libertades fundamentales.

Las organizaciones activistas señalan que el Gobierno de los EE.UU. separa sistemáticamente y por la fuerza a niños/as inmigrantes de sus padres en el marco de una política de “tolerancia cero” anunciada por el Fiscal General el 6 de abril. La política estipula que se debe enjuiciar al 100% de los individuos que entren en el país sin autorización. Los padres que solicitan asilo y protección jurídica humanitaria en los EE.UU. en los puntos de entrada en la frontera entre EE.UU. y México con sus hijos/as son enjuiciados y sus hijos/as quedan bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, un organismo perteneciente al Departamento de Salud y Servicios Humanos, en albergues colectivos, centros de acogida o, en ocasiones, centros de detención.

Los sindicatos y OSC estadounidenses recordaron que el Gobierno de Trump contempló el plan perverso de separar a los/las niños/as de sus padres al inicio de su mandato. El entonces Secretario de Seguridad Interior, John Kelly, anunció en marzo de 2017 que “estaba considerando” separar a niños/as centroamericanos/as de sus padres cuando se les detuviera en la frontera “para frenar el movimiento en esta red terriblemente peligrosa. Estoy considerando exactamente eso. Cuidaremos bien de ellos mientras nos ocupamos de sus padres”.

La queja también indica que, según dos funcionarios estadounidenses y un reportaje de NBC News, el problema se ve exacerbado por el hecho de que en los centros de detención para niños/as ya casi no hay espacio para acoger a los/las niños/as que han sido separados de sus padres. Por ejemplo, el 15 de junio el Gobierno instaló una “ciudad de tiendas de campaña” en Tornillo, Texas, para acoger a niños/as separados de sus padres. Los sindicatos y las OSC también encuentran devastador que, al 3 de junio, casi 300 de los 550 niños/as que se encontraban bajo custodia en los puntos fronterizos de EE.UU., que en teoría debían ser la primera parada para los/las niños/as detenidos en la frontera antes de su traslado a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, habían pasado allí más de 72 horas.