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Por Antonia Wulff

El grupo de expertos a cargo de los indicadores del ODS rechazó el indicador de medición propuesto para la meta 4.7 sobre educación para el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la ciudadanía global. Un giro drástico en la serie de ODS, pero ¿es en realidad tan desastroso como parece? ¿Y qué implica esto en la práctica?

La meta 4.7 representa una meta emblemática del objetivo de la educación, que promete proporcionarnos las bases necesarias para construir el mundo que queremos y lograr la sostenbilidad del desarrollo:

4.7 Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.

También es la meta de la que The Economist se burló en 2015, usándola como ejemplo de la imposibilidad de medir los ODS. Pero su indicador mundial de seguimiento es bueno –de hecho es uno de mis indicadores favoritos en el marco del ODS4— porque abarca las diferentes piezas que deben existir para que puedan disfrutarse universalmente la educación para el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la ciudadanía global:

4.7.1 Medida en que: i) la educación para la ciudadanía mundial y ii) la educación para el desarrollo sostenible, incluidos la igualdad de género y los derechos humanos, se generalizan a todos los niveles en: a) las políticas educativas nacionales; b) los planes de estudios; c) la formación del profesorado y d) la evaluación de los estudiantes

Los problemas radican en la metodología y, de hecho, lo que ha rechazo el IAEG-SDGs, el grupo interinstitucional y de expertos a cargo de los indicadores, es la metodología propuesta y no el indicador en sí mismo. La presentación de informes se basa en la Recomendación de la UNESCO de 1974 sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Muchos Estados miembros ya informan sobre los progresos logrados cada cuatro años y el cuestionario se ha actualizado con el fin de incluir todo el alcance de la meta 4.7.

Este es un buen punto de partida, pero hay un par de problemas fundamentales. A la Internacional de la Educación le preocupa la lentitud de los progresos con respecto a indicadores clave y, lo que es más importante, la gran diferencia de tiempo, esfuerzo y recursos que se invierten en el desarrollo de los indicadores 4.7, en comparación con los resultados del aprendizaje previstos en la meta 4.1. Estamos impacientes por avanzar, pero la metodología propuesta 4.7 no ha conseguido lo que necesitábamos que hiciera.

En primer lugar, no hay claridad conceptual, ni informes separados sobre los diferentes aspectos de 4.7 –desarrollo sostenible, derechos humanos, igualdad de género, paz y no violencia, ciudadanía global— lo que significa que resulta difícil identificar en qué áreas se ha progresado y cuáles requieren más atención. Puede constatarse una amplia integración de la educación ambiental, pero no haberse progresado nada en materia de igualdad de género. Esto limita la utilidad del indicador para el seguimiento y la elaboración de políticas.

En segundo lugar, la autoevaluación es engañosa, sobre todo cuando se refiere a los valores. Se podría decir que esta forma de presentación de informes anima a los países a presentar una imagen más halagadora de sus sistemas; de hecho, así parece ser el caso en el informe de 2017 sobre la recomendación de 1974, en el que el 97,5% de los países dijeron que han reflejado parcial o totalmente los principios de la recomendación en sus políticas y marcos de educación. Por lo tanto, sería importante pedir a los países que presenten documentación que apoyen sus afirmaciones.

En tercer lugar, se utiliza una escala relativa en la presentación de informes, y los países se clasifican en tres grupos: grandes progresos, progresos en curso y más margen para el progreso, pero su puntuación puede depender más de los demás países participantes que de las medidas políticas adoptadas. Los informes relativos también dificultan la evaluación del progreso a lo largo del tiempo.

Este fue uno de los problemas destacados por los Estados miembros en los grupos de trabajo del IAEG-SDG cuando decidieron devolver dicho indicador para un mayor desarrollo. También se plantearon otros problemas, como la falta de cobertura de la igualdad de género y la falta de definición de la ciudadanía mundial. Si bien algunas de estas cuestiones pueden abordarse reformulando el cuestionario, la escala y la clasificación relativas son una cuestión de metodología y requieren una reflexión más profunda. Pero si se abordan estos problemas, el indicador será más sólido y los informes más informativos.

El tiempo apremia y este es un objetivo e indicador controvertido: muchos países quieren evitar cualquier meta internacional o que se supervise el contenido de sus planes de estudio, mientras que otros quieren evitar cualquier cosa relacionada con la igualdad de género o los derechos humanos. Algunos países han cuestionado si debería reconsiderarse el indicador en su conjunto. La IAEG-SDGs va a llevar a cabo una revisión de los indicadores incompletos en 2020 y aquellos de nosotros que estamos comprometidos con el objetivo 4.7 tendremos que trabajar duro apoyando la labor metodológica y defendiendo el indicador. Porque los indicadores no prentenden solo exigir a los Gobiernos que rindan cuentas de su compromiso con los ODS, también aspiran a orientar las políticas y fortalecer los sistemas educativos. Y la meta 4.7 está tratando de resolver una de las grandes piezas que faltan en la educación hoy en día.