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La delegación de mujeres trabajadoras, en la que participaban varias docentes sindicalistas, ha aplaudido las conclusiones acordadas en la 63ª sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que incluyen un lenguaje positivo sobre los sistemas educativos y de protección social.

Principales progresos en materia de género y educación

Las conclusiones acordadas de la 63ª sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (UNCSW63), adoptadas el 22 de marzo, han arrojado resultados satisfactorios en materia de género y educación:

• Los párrafos del preámbulo incluyen tres referencias claves a la educación

Los espacios educativos se mencionan específicamente en la lista de lugares claves que requieren acción y atención en materia de acoso sexual. Asimismo, se hace una mención especial a la educación de la primera infancia como «fundamental para permitir a las mujeres acceder y mantenerse en el mercado laboral».  Por otro lado, también se destacaron los múltiples y más perniciosos obstáculos al derecho de las niñas a la educación basados en el género.

• Llamamiento a los gobiernos para que refuercen los marcos normativos, legales y políticos

Se hace una referencia explícita a las  formas de discriminación, múltiples e interconectadas, a las cuales se enfrentan las mujeres y las niñas con discapacidad, así como las mujeres y las niñas indígenas (también en relación con la educación), especialmente aquellas que viven en zonas rurales.

Se insta a los gobiernos a «adoptar políticas nacionales y una legislación nacional sensibles al género en materia de migración, que sean conformes con las obligaciones pertinentes del derecho internacional, con el fin de proteger los derechos humanos de todas las mujeres y las niñas migrantes, independientemente de su condición migratoria, y a reconocer sus competencias y su formación».

Un progreso clave respecto a la educación de las mujeres es el llamamiento a los gobiernos para que eliminen la segregación profesional y aborden «los obstáculos estructurales, los estereotipos de género y las normas sociales negativas; que fomenten la igualdad de acceso y la participación de las mujeres en el mercado laboral, en la educación y en la formación; que ayuden a las mujeres a diversificar sus elecciones educativas y profesionales en los ámbitos emergentes y los sectores económicos en pleno crecimiento, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como las tecnologías de la información y la comunicación; y que reconozcan el valor de los sectores que cuentan con un alto porcentaje de mujeres trabajadoras».

• Refuerzo de los servicios públicos para las mujeres y las niñas

Un párrafo clave del documento pide que se invierta en los sistemas y las infraestructuras de educación pública, en la educación primaria y secundaria gratuitas y obligatorias, y en la promoción de oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Asimismo, establece que los gobiernos deben «hacer frente a las normas sociales negativas y los estereotipos de género en los sistemas educativos, incluidos los planes de estudio y las metodologías de enseñanza, que infravaloran la educación de las niñas e impiden que las mujeres y las niñas accedan a la educación y finalicen y continúen con sus estudios».

Asimismo, también se hace una referencia explícita importante a las adolescentes embarazadas, las madres adolescentes y las madres solteras, y se insta a los gobiernos a que adopten políticas que faciliten su vuelta y la finalización de sus estudios.

Principales progresos respecto a los sistemas de protección social, el acceso a los servicios públicos y las infraestructuras sostenibles

La delegación de mujeres sindicalistas también presionó con éxito en favor de la inclusión de un lenguaje progresista en lo que respecta a los sistemas de protección social y al acceso a los servicios públicos y a infraestructuras sostenibles.  Algunos ejemplos de ello son: referencias a la importancia de las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la agenda sobre trabajo decente; medidas orientadas a reforzar la protección de los trabajadores de la economía informal y la promoción de su formalización; velar por que el trabajo de cuidado no remunerado se tenga en cuenta en los regímenes de cotización; garantizar el acceso a permisos por maternidad, paternidad y parental remunerados; promover la responsabilidad compartida de padres y madres en el cuidado de los hijos; y el reconocimiento del hecho de que el acceso universal a la protección social desempeña un papel clave en la reducción de las desigualdades; así como hacer hincapié en la necesidad de progresar en la asistencia sanitaria universal.

Por primera vez, los gobiernos han reconocido el derecho a la seguridad social —incluido el acceso universal a la protección social— y que el acceso de las mujeres a la protección social suele verse limitado cuando está relacionado con un empleo formal. Las conclusiones acordadas reconocen que los recortes presupuestarios y las medidas de austeridad minan el acceso de las mujeres a la protección social, los servicios públicos y las infraestructuras sostenibles, particularmente en los ámbitos de la salud y la educación. Asimismo, reconocen el vínculo entre la protección social sensible al género y la prevención de la violencia basada en el género. Y, sobre todo, se comprometen a ofrecer a los trabajadores y trabajadoras del sector público un salario decente.

Una lucha permanente

La delegación de mujeres trabajadoras, incluida la delegación de la IE, deberá continuar trabajando para que se haga una referencia específica a las mujeres y las niñas LGBTIQ+ y para que se incluyan en el documento final de la CSW en 2020.

Algunas demandas no se han satisfecho, como las referencias a las prestaciones para supervivientes, un lenguaje más firme sobre la ratificación de los convenios de la OIT y la necesidad de sistemas de protección social contributivos y no contributivos.

A pesar de varios progresos importantes, todavía quedan obstáculos por superar para materializar plenamente los derechos humanos de las mujeres en toda su diversidad, tal como señala el comunicado de prensa del caucus sobre derechos de las mujeres de la CSW. La supresión de la prestación de servicios para las supervivientes de la violencia es una cuestión de gran preocupación, una evolución que no se corresponde con la creciente concienciación y las acciones adoptadas para reducir y eliminar la prevalencia y las consecuencias de la violencia basada en el género contra las mujeres. Los estados miembros tampoco se han comprometido a integrar la orientación sexual y la identidad y la expresión de género en la concepción de la protección social, los servicios públicos y los sistemas de infraestructura. Las conclusiones acordadas también han manifestado la reticencia de los gobiernos a regular y a exigir al sector privado que asuma su parte de responsabilidad en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

En este momento crucial, la CSW debe seguir permitiendo que la sociedad civil exprese su opinión en el marco de sus deliberaciones y fortaleciendo el potencial de estas negociaciones para continuar con la promoción consensuada de los derechos humanos de las mujeres.

Al final de la primera semana de la UNCSW63, miles, incluso millones, de jóvenes de todo el mundo salieron a la calle para manifestarse en favor de la justicia climática, también ante de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. La delegación sindical de la UNCSW63 se manifestó de forma solidaria junto con los estudiantes.