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Hoy el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas se centrará en revisar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 sobre trabajo decente y vínculos con otros objetivos. Nos hemos desviado del camino que nos lleva a lograr unas condiciones de trabajo decentes para todos los educadores. De hecho, en algunos países los gobiernos están creando políticas que empeoran las condiciones laborales y de empleo de los educadores. Aquí se muestra cómo se conculca el derecho de los educadores y las educadores al trabajo decente en Marruecos y se explica lo que están haciendo los sindicatos de educación para defender sus derechos. El ODS 4 no se cumplirá sin trabajo decente para los educadores.

El Marco de Acción 2030, la hoja de ruta para conseguir el ODS 4, afirma que «los docentes también tienen derechos socioeconómicos y políticos, entre ellos el de aspirar a trabajar en condiciones dignas y recibir una remuneración adecuada». El marco insta a los gobiernos a «atraer a los mejores candidatos, y más motivados, a la enseñanza [...] mejorando para ello las condiciones de trabajo, garantizando prestaciones de seguridad social», entre otros. Sin embargo, en Marruecos, en lugar de mejorar las condiciones laborales y las prestaciones sociales, el gobierno comenzó en 2016 a contratar a docentes con contratos temporales precarios con unas prestaciones sociales reducidas. Los sindicatos de educación marroquíes han condenado esta decisión política.

Estas condiciones de empleo para los y las docentes comenzaron a aplicarse después de que las instituciones financieras internacionales ejercieran presión para que se aplicasen medidas de austeridad. Este impulso por reducir el gasto público y los salarios de los funcionarios es una característica dominante de los programas de préstamos del Fondo Monetario Internacional, y no solamente en Marruecos sino también en muchos otros países de la región de Oriente Medio y el Norte de África (región MENA) como Egipto, Iraq, Túnez, Yemen o Jordania. Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente de la ONU sobre la deuda externa, ha criticado duramente la presión a la que las instituciones financieras internacionales someten a los países prestatarios para reducir el gasto público y liberalizar el mercado laboral. En un informe de 20161 afirmó que las reformas laborales vinculadas a la austeridad reducen la protección social, contraviniendo así las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, debilitan la protección de los trabajadores, minan los derechos laborales colectivos y contribuyen al aumento de la desigualdad.

En Marruecos hay 55 000 docentes contratados con condiciones precarias, lo que supone casi el 30% del cuerpo docente. Los y las docentes con este tipo de contratos pueden ser despedidos sin notificación previa, sin indemnización y sin posibilidad de recurso por error (el contrato no define lo que constituye un error). Solamente reciben una formación de dos semanas después de finalizar sus estudios universitarios (en lugar de un año de formación en un centro educativo), existen pocas oportunidades de ascenso y la trayectoria profesional es poco clara. Además, no tienen acceso a la misma atención médica ni a la misma pensión que los funcionarios con contratos fijos. Aunque perciben el mismo salario de inicio que los docentes con contrato fijo, existe una marcada desigualdad, puesto que los docentes contratos temporales carecen de los derechos laborales básicos y de seguridad laboral. El 80% de los docentes afectados por estas condiciones contractuales tiene menos de 30 años y, según sus representantes, se sintieron presionados para aceptar condiciones de empleo precarias debido a la ausencia de opciones alternativas (el 23,2% de los marroquíes menores de 30 años están desempleados).

En 2019 los sindicatos de docentes se han unido para protestar contra la precariedad de sus condiciones de empleo. El 20 de febrero de 2019 (en el aniversario de la Primavera Árabe), miles de docentes salieron a la calle en Rabat para pedir pacíficamente al gobierno que respetase sus derechos laborales. Sin embargo, la respuesta fue violenta por parte de las fuerzas de seguridad, que dispararon cañones de agua y cargaron contra los docentes con porras, lesionando a decenas de ellos2. La respuesta fueron huelgas intersindicales de una envergadura sin precedentes en las que participaron más de 70 000 docentes, que dejaron de trabajar durante más de tres semanas. El 23 de marzo (en el aniversario de las protestas estudiantiles de 1965 que causaron numerosas muertes), más de 10 000 docentes protestaron en Rabat para pedir un cambio. La NationalCoordinationofForciblyContractedTeachers (NCFCT), un grupo formado en 2017 para representar a los y las docentes con este tipo de contratados, pide que se lleve a cabo el debido proceso jurídico para los docentes despedidos, se proteja el derecho a la huelga, haya incrementos salariales periódicos, aumente la formación para docentes, mejore el transporte para estudiantes y se construyan más centros educativos.

Además, los sindicatos marroquíes se están uniendo para luchar contra la Ley 51-17, que pone en funcionamiento la «Visión Estratégica 2015-2030» del gobierno. Los artículos 45 y 48 de dicha ley imponen tasas escolares en las escuelas secundarias y las universidades, minando así la educación pública gratuita. La Declaración de Casablanca3, firmada por tres sindicatos de educación nacionales4, condena el fracaso del gobierno para alcanzar el ODS 4 así como la creciente privatización del sistema educativo, que ponen en evidencia la contratación de docentes con contratos precarios, la imposición de tasas escolares y las descentralización del empleo de docentes. La enmienda de 2019 a los contratos de los y las docentes otorga un mayor poder a las autoridades locales («academias regionales») y los docentes temen que se les comiencen a aplicar las condiciones de empleo del sector privado.

Para que todos los estudiantes reciban formación por parte de un docente cualificado y de calidad los gobiernos deben hacer que la enseñanza sea una profesión más atractiva para las personas jóvenes. Las medidas que tienen como objetivo liberalizar al personal docente y emplear a docentes con contratos temporales y precarios contribuyen a empeorar la creciente carencia de docentes que se observa en todo el mundo. Este caso práctico de Marruecos muestra el daño que pueden causar las condiciones de préstamos de las instituciones financieras internacionales que promueven las políticas de austeridad para los trabajadores y las trabajadoras de los servicios públicos. Se violan los derechos laborales y la desigualdad no hace más que aumentar. Además, esto demuestra que si los gobiernos no escuchan las preocupaciones de los docentes, estos ejercerán su derecho a la huelga y los y las estudiantes sufrirán las consecuencias de la reducción del tiempo de aprendizaje.Si queremos alcanzar el ODS4, los gobiernos como el de Marruecos deben fortalecer urgentemente los mecanismos de diálogo social con los sindicatos de educación y asegurarse de que los docentes participen en la creación de políticas educativas y tomen decisiones sobre sus condiciones de empleo. Si el cuerpo docente participa en el desarrollo de dichas políticas desde el inicio, la aplicación será más fluida y las políticas creadas en colaboración con los docentes serán probablemente más eficaces para contratar candidatos cualificados para la enseñanza.