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Hoy el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas se centrará en revisar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 sobre reducción de las desigualdades y vínculos con otros objetivos. Nos hemos desviado del camino que nos lleva a lograr el acceso a la educación y unas oportunidades educativas equitativas para todas las personas. De hecho, en algunos países los gobiernos están creando políticas que aumentan las desigualdades en materia de educación. Aquí se muestra cómo se conculca el derecho de los y las estudiantes indígenas en Filipinas a una educación pertinente y de calidad a causa de los ataques del gobierno contra las escuelas, los docentes, los estudiantes y los líderes comunitarios indígenas en la región de Mindanao. Además, se explica lo que están haciendo los sindicatos de educación para defender estos derechos y para alcanzar los ODS 4 y 5. El 15 de julio Filipinas presentará un examen nacional voluntario de su progreso en el camino hacia los ODS. Sin embargo, es poco probable que este examen haga una evaluación crítica de las numerosas políticas del gobierno que minan activamente el progreso hacia los ODS. En este mismo momento, los derechos sindicales se están violando en Filipinas y los líderes de los sindicatos de educación están amenazados por expresar sus opiniones.

En Filipinas el gobierno no está solamente ignorando la obligación que tiene de garantizar el derecho de todos los niños a la educación, sino que además está violando los derechos humanos. Desde que se adoptaron los ODS en 2015 se han intensificado las violaciones de derechos de docentes y estudiantes indígenas en Mindanao, haciendo imposible que se avance para garantizar que todos los estudiantes estén seguros en las escuelas (meta 4.a) y que los estudiantes indígenas tengan un acceso igualitario a la educación de calidad (meta 4.5).

Los centros educativos en Mindanao llevan tiempo descuidados y con falta de financiación gubernamental debido a su situación de aislamiento geográfico. Sin embargo, incluso con recursos limitados, las escuelas lumad luchar por proporcionar una educación de calidad gratuita y por ofertar un plan de estudios adaptado a las necesidades de sus estudiantes indígenas. El plan de estudios intenta mantener vivas la cultura y la historia indígenas, así como ser pertinente y satisfacer las necesidades de los y las estudiantes, garantizando que los estudiantes indígenas reciban una educación de calidad con resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos, en línea con la meta 4.1 de los ODS.

Atrocidades y ataques

Durante años, las escuelas de Mindanao han sufrido ataques, hostigamiento e intimidación por parte del ejército y de las fuerzas paramilitares. La ocupación y destrucción de las instalaciones educativas conculca el derecho a la educación de miles de niños y niñas lumad.

Incluso el gobierno ha promovido los ataques en Mindanao, tachando a los educadores lumad de comunistas y terroristas y haciendo referencia a «operaciones de contrainsurgencia». El 24 de julio de 2017 el presidente Duterte instó públicamente a llevar a cabo ataques aéreos contra las escuelas lumad, «que enseñan a los niños a rebelarse contra el gobierno»5. Desde que comenzó la presidencia de Rodrigo Duterte en 2016, los activistas han informado de al menos 535 ataques contra escuelas lumad6.

En 2017 fueron asesinados tres activistas lumad: EmelitoRotimas fue asesinado el 6 de febrero, y Leonila Tapsadan y Ramon Dagaas Pesadilla, el 2 de marzo. Además, los y las activistas de derechos humanos también sufren hostigamiento. El 28 de noviembre de 2018, una misión de solidaridad con más de 70 docentes, estudiantes, personas defensoras de derechos humanos y voluntarias (entre quienes estaba France Castro, miembro de la Cámara de Representantes de Filipinas) sufrió el ataque de un grupo paramilitar mientras intentaba proporcionar apoyo a las comunidades educativas lumad. En lugar de recibir ayuda policial, hubo detenciones arbitrarias. Según los activistas, las detenciones ilegales por motivos falsos y los secuestros son una tendencia creciente en el entorno de militarización de los centros educativos de Mindanao.

Según las comunidades lumad, los ataques contra las escuelas y el hostigamiento contra la población lumad han empeorado desde que se declaró la ley marcial en Mindanao el 23 de mayo de 2017. La ley marcial se ha extendido en numerosas ocasiones y está aprobada hasta finales de 2019.

Defensa del derecho a la educación

Alliance forConcernedTeachers, sindicato de educación que representa a los educadores de educación primaria, secundaria y terciaria, es miembro de la red SaveourSchools, que trabaja para concienciar sobre la militarización de las comunidades lumad y frenarla.

Con el objetivo de facilitar el acceso de los estudiantes lumad a una educación de calidad a pesar de la intimidación y del cierre de sus escuelas, ACT ha apoyado la creación y el funcionamiento de una bakwit (escuela para personas evacuadas) para 75 estudiantes en la Universidad de Filipinas, en Manila. Estos representantes de entre tercer curso y décimo curso vienen de distintas escuelas lumad y reciben formación de 15 docentes de Mindanao y de numerosos docentes voluntarios de la Universidad de Filipinas. ACT participa en la búsqueda y la coordinación de voluntarios, por ejemplo informándoles de que ser voluntario en la escuela bakwit puede contabilizarse como horas de trabajo docente. Los y las docentes han donado alimentos y otros recursos para ayudar al funcionamiento de la escuela bakwit.

En la escuela de «evacuados» se utiliza el plan de estudios de las escuelas indígenas de Mindanao y hay asignaturas «troncales» y asignaturas vinculadas a la cultura indígena. El 29 de marzo de 2019 se celebró una ceremonia para celebrar que los estudiantes habían cumplido con los requisitos del plan de estudios para ese curso.

Los educadores instan a actuar urgentemente

Filipinas presenta este año un examen nacional voluntario, pero es poco probable que el informe reconozca la militarización de las escuelas en Mindanao.

Los educadores y estudiantes de Mindanao quieren volver a sus casas y continuar enseñando y aprendiendo en un entorno seguro y sin hostigamiento. Sin embargo, actualmente los estudiantes afirman que las fuerzas armadas siguen suponiendo un riesgo. Según ACT, se están construyendo nuevas escuelas en la zona en la que las fuerzas armadas son quienes ejercen de docentes y «los miembros de la comunidad se ven obligados a escolarizar a sus hijos a estas escuelas si no quieren ser acusados de rebelión».

Educadores de todo el mundo7 han condenado el hostigamiento y los ataques a los que se somete continuamente a los y las estudiantes, docentes y activistas de derechos humanos de las comunidades indígenas lumad e instan al gobierno de Filipinas a que ponga fin a la ley marcial y garantice el derecho a una educación de calidad para todos los estudiantes indígenas. La IE insta a Filipinas a refrendar las Directrices para prevenir el uso militar de escuelas y universidades durante conflictos armados, un instrumento intergubernamental para proteger de ataques a estudiantes, docentes, escuelas y universidades.