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En noviembre de 1989 el mundo estaba en pleno cambio. Con la caída del Muro de Berlín y el inicio de una nueva era, los países llegaron a un entendimiento para defender los derechos de los niños. «La humanidad os debe lo mejor de sí misma a todos y cada uno de vosotros», declaró el Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, ante un público lleno de niños durante la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada el 20 de noviembre de 1989. Este documento se convertiría, a la larga, en uno de los tratados sobre derechos humanos con mayor respaldo de la historia.

Los artículos 28 y 29 de la Convención lo expresan con claridad: la educación es un derecho, no un privilegio. El documento exige que la educación primaria sea gratuita y obligatoria, además de animar a los estados a garantizar que «todos los niños dispongan y tengan acceso a» la educación secundaria, también mediante su implantación gratuita. Además, la educación superior debe ser accesible para todos «sobre la base de la capacidad». La disciplina escolar debe centrarse en respetar la dignidad humana de los niños. Además, se definió que el objetivo de la educación de los niños sería «el desarrollo físico, mental, personal y de habilidades hasta su máximo potencial», para prepararlos para asumir «una vida responsable en una sociedad libre».

Treinta años después, el progreso ha sido significativo y hay más niños escolarizados que nunca, aunque siguen existiendo numerosos retos.

Desde que se adoptó la Convención, el mundo ha sido testigo de la instrumentalización de los entornos educativos y de los propios contenidos docentes en caso de conflicto armado. Hemos presenciado distintos ataques a centros escolares en países en situación de conflicto, inseguridad y una protección insuficiente de los derechos humanos. Los estudiantes, docentes, sindicatos educativos, académicos y escuelas han estado en el punto de mira de forma intencionada. En demasiados contextos, existen grupos armados que destrozan, cierran o incluso asumen el control de escuelas. Como resultado, miles de niños se ven privados de su derecho a la educación.

Y, lo que es aún peor: la propia educación se ha convertido en un blanco. Hace siete años, los talibanes paquistaníes tirotearon a Malala Yousafzai por apoyar el derecho a la educación que se recoge en la Convención. Dos años después, en 2014, Boko Haram secuestró a 276 niñas de sus centros escolares de Nigeria; 112 aún no han aparecido. Estos son solo varios de los casos que ocuparon titulares: muchos más estudiantes y docentes fueron víctimas de estos grupos sin que el resto del mundo les prestase atención. Tanto los talibanes como Boko Haram (que significa «la educación occidental es pecado») consideran que la educación, sobre todo la de las niñas, es una amenaza para las sociedades desiguales que pretenden imponer en sus respectivos países.

Otro gran desafío tiene que ver con las elevadas cifras de personas desplazadas por culpa de conflictos, persecuciones, estados fallidos y dificultades económicas. En 2018, los niños menores de 18 años representaban más o menos la mitad de los 25,9 millones de refugiados del mundo. En términos de acceso a la educación, la situación es crítica: solo el 50 % de los niños refugiados tiene acceso a la educación primaria (esta cifra supera el 90 % a nivel mundial) y solo el 22 % de los adolescentes refugiados cursan los primeros años de educación secundaria.

Para ocuparse de estos retos y de muchos otros, el mundo se movilizó en torno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el año 2000 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OSD) en 2015. El esfuerzo colectivo pasó de querer alcanzar la educación primaria universal (ODM2) al ámbito mucho más amplio del ODS4, que engloba todos los niveles educativos, persigue una mejora en la calidad y el acceso a la educación y adopta una visión más amplia de la educación, más allá de la alfabetización y la aritmética. A través de la Agenda 2030 de los ODS, los gobiernos se han comprometido a centrarse en las barreras concretas garantizando «una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos». En concreto, el ODS4 reconoce que no puede haber una educación de calidad sin docentes cualificados y entornos educativos seguros y libres de violencia.

Sin embargo, cuatro años después de la adopción de los ODS, el mundo ya se está quedando atrás, lejos de alcanzar el ODS4 y de brindar el derecho a la educación a todos los niños.

Por eso, la labor de los sindicatos educativos resulta esencial. Luchamos por una educación pública de calidad gratuita y de financiación estatal para todos. Evaluamos los avances conseguidos y exigimos responsabilidades a los gobiernos e instituciones internacionales. Denunciamos las amenazas que conlleva implantar un enfoque educativo basado en el mercado y permitir que la privatización y el negocio de la educación antepongan los beneficios a los alumnos. Trabajamos para garantizar que los docentes dispongan del empleo y las condiciones laborales necesarias, formación inicial y un aprendizaje y desarrollo continuos para ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial.

Las resoluciones adoptadas por nuestro 8.º Congreso Mundial en julio de 2019 muestran el alcance de la labor que aún nos queda pendiente para acabar con las barreras constantes que impiden conseguir una educación de calidad universal. En el Congreso, nos comprometimos a seguir luchando contra el trabajo infantil y por una educación de calidad inclusiva para todos; a continuar oponiéndonos a la mercantilización de la educación; a asumir el reto de la descolonización de la educación en el mundo; a apoyar a los niños refugiados para que accedan a una educación de calidad; a asegurarnos de que la educación de la primera infancia no sea un producto sino un derecho de todos los niños; a dar visibilidad a los ataques a escuelas en África y a la imperiosa necesidad de garantizar su seguridad; y, por último, a abogar por la erradicación universal de los castigos físicos en las escuelas.

Los avances que hemos conseguido a lo largo de los últimos 30 años son encomiables, pero no hay tiempo que perder. Mientras siga habiendo niños que no disfruten de su derecho a una educación de calidad (y son millones actualmente) faltará mucho para cumplir con nuestra labor.

David Edwards

Secretario General de la IE