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Los educadores han abogado por excepciones y limitaciones y por un instrumento internacional que regule la educación y la investigación frente a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) .

Estas fueron algunas de las principales demandas en las que insistieron los delegados de la Internacional de la Educación (IE) durante las reuniones de la OMPI que tuvieron lugar del 18 al 25 de octubre de 2019.

2019 ha sido un año clave para el derecho de autor en la educación y la investigación, ya que la OMPI ha coordinado una serie de eventos en el marco del Plan de Acción de 2019 para hacer avanzar la labor internacional en materia de derecho de autor en la educación, la investigación, las bibliotecas, los archivos y los museos. La IE y sus organizaciones miembro participaron en los tres seminarios regionales (Asia-Pacífico, América Latina y África) y también estuvieron presentes en el último evento, la Conferencia Internacional sobre Limitaciones y Excepciones al Derecho de Autor para Bibliotecas, Archivos, Museos e Instituciones Educativas y de Investigación.

Los agentes comerciales tratan de distraer de la búsqueda de soluciones internacionales

El objetivo de la conferencia internacional era reunir todas las recomendaciones de los seminarios regionales, así como proporcionar orientación sobre las posibles reformas internacionales que se han de promover en el Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR) de la OMPI.

Dos expertos, el profesor Daniel Seng y la profesora Raquel Xalabar, analizaron las leyes de derecho de autor existentes en todo el mundo e identificaron las lagunas y los desafíos para la educación y la investigación. En consonancia con los debates existentes y las demandas de la sociedad civil y los gobiernos en los seminarios regionales, ambos expertos afirmaron que una solución normativa internacional era la dirección correcta a seguir. También se hizo referencia al proyecto de tratado TERA que la IE y otras 40 organizaciones habían respaldado recientemente.

Sin embargo, según la delegación de la IE, los esfuerzos para elaborar planes de acción concretos se vieron ensombrecidos por un esfuerzo del Secretariado de la OMPI por reducir los debates a soluciones nacionales y comerciales. Esto alejó a la conferencia internacional de su mandato original de "considerar las oportunidades y desafíos que ofrecen las diversas soluciones internacionales, incluyendo el derecho indicativo, los enfoques contractuales/de licencia y normativos, según proceda".

La voz reprimida de los actores no comerciales

Esta preocupación fue confirmada por la composición del panel de educación e investigación: 8 actores comerciales, entre ellos Pearson y Elsevier, 1 consultor en gestión colectiva y sólo 4 representantes del sector de la educación y la investigación. Los debates giraron en torno a soluciones nacionales y, debido al gran número de editores, no fue posible celebrar debates sustanciales sobre la educación y la investigación, según la IE. Los delegados de los trabajadores de la educación lamentaron que el debate se centrara en "la promoción de ideas impulsadas por el mercado sobre el acceso a las obras para la enseñanza y el aprendizaje". Robert Jeyakumar, de la organización miembro de la IE, MOVE, formó parte del panel e hizo hincapié en la necesidad de "no olvidar que estamos hablando de la educación como un derecho humano y que no se debería obligar a los docentes a seguir el ritmo de las inadecuadas leyes de derechos de autor, sino que deberíamos asegurarnos de que las leyes defiendan la educación como un bien público y estén a la altura de los docentes".

Las conclusiones del grupo de expertos fueron presentadas por la Directora General Adjunta de la OMPI, Sylvie Forbin, y se centraron en la necesidad de buscar soluciones comerciales (es decir, licencias, organizaciones de gestión colectiva), mientras que no se prestó mucha atención a la necesidad de realizar una labor internacional significativa, tal y como fue debatida por los expertos de la OMPI, los grupos de interés público y los gobiernos, según los asistentes a la IE.

Retirada en la 39ª sesión del Comité Permanente de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos

A pesar del esfuerzo por mantener la atención en las soluciones nacionales, varios Estados miembros y grupos regionales reiteraron su apoyo en el siguiente SCCR a la labor legislativa internacional en materia de educación, investigación, bibliotecas, archivos y museos.

Al enterarse de un documento filtrado que revelaba la intención de la OMPI de cambiar el punto del orden del día relativo a la educación y la investigación para incluir soluciones comerciales, la Internacional de la Educación y otros grupos de interés público plantearon serias preocupaciones sobre estas intenciones insistiendo en que "las excepciones y limitaciones para la educación y la investigación deben seguir siendo un punto independiente del orden del día y que debemos trabajar para encontrar soluciones internacionales vinculantes para los desafíos a los que se enfrentan los educadores e investigadores en las escuelas y universidades de todo el mundo".

Esta preocupación fue compartida por un gran número de Estados miembros que se opusieron a los cambios sugeridos, lo que dio lugar al rechazo final del controvertido plan de trabajo. Los debates sobre la forma en que continuará la labor sobre el derecho de autor para la educación, la investigación, las bibliotecas y los archivos se retomarán en el próximo SCCR en 2020.