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La rápida y amplia propagación del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que provoca (COVID-19) exigen una respuesta mundial urgente para proteger la salud y estimular, al mismo tiempo, la economía. Tanto gobiernos como empleadores deben actuar para proteger a los trabajadores y frenar la transmisión en los lugares de trabajo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido ya de que la COVID-19 podría ocasionar una crisis económica similar a la recesión que sufrimos en 2008. Resulta evidente la necesidad de que los gobiernos actúen de manera coordinada y junto con las instituciones multilaterales para proteger la economía y conservar los puestos de trabajo de las personas. La economía mundial necesita un estímulo económico que llegue a la economía real, a los trabajadores y a las pequeñas empresas, y que dé prioridad al empleo, el sustento y las comunidades. Es esencial apoyar los ingresos de todos los trabajadores, incluidos los empleados a tiempo parcial, migrantes, no residentes, personas con empleos precarios o por proyectos y trabajadores informales.

Los empleadores representan la primera línea del impacto económico, social y sanitario del coronavirus. Si no cuentan con protección, se incrementará la propagación de la enfermedad. Es necesario tomar medidas especiales para conceder el derecho a baja remunerada por enfermedad a todos los trabajadores que no lo tengan, así como para mejorar las disposiciones en caso de enfermedad cuando estas existen, además de garantizar condiciones y acuerdos laborales que ofrezcan dicha protección.

Los trabajadores que dependan de empresas de plataformas para su empleo deberían disponer de acceso a la protección social y la compensación de fondos correspondientes a cargo de las propias empresas.

El mundo se enfrenta a una crisis inminente y potencialmente mayúscula. La propagación del virus a los países más pobres, en los que las infraestructuras y servicios sanitarios son inadecuados, podría dar lugar a consecuencias catastróficas para cientos de millones de personas. A esto se suma la enorme presión que se está ejerciendo sobre los sistemas de salud por culpa de la COVID-19, que podría provocar nuevos desafíos significativos a la sanidad pública.

Aunque los trabajadores de todos los sectores están expuestos a riesgos, son los profesionales sanitarios quienes se ven obligados a asumir la carga inmediata de las medidas de mitigación y tratamiento. En numerosos países, la financiación de la sanidad resulta insuficiente o la población no está cubierta por un sistema sanitario, e incluso en los lugares cuyos sistemas de salud pública figuran entre los mejores del mundo, las consecuencias de la COVID-19 podrían ser aplastantes. La respuesta mundial debe priorizar esta cuestión.

A medida que se extiende el impacto del virus, el diálogo entre sindicatos, empleadores y gobiernos, y la negociación colectiva adquieren una importancia clave para proteger la salud de los trabajadores y sus derechos laborales.

Los gobiernos deben estar a la altura del desafío, gestionar la crisis desde hoy mismo y prepararse y prevenir crisis sanitarias futuras. Los trabajadores y sus lugares de trabajo resultan fundamentales para ello.

El Consejo Global Unions (CGU), que representa a 200 millones de trabajadores de todo el mundo, insta a los gobiernos a:

• Acordar de inmediato el derecho a bajas remuneradas por enfermedad, mantener los ingresos y ampliar la protección social a todos los trabajadores, incluidos los que tengan un empleo formal, informal, precario o por proyectos, con independencia de su relación contractual;
• Adoptar paquetes de estímulo con gasto estatal destinado a mantener los puestos de trabajo y la economía, proteger salarios, el bienestar de los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas (PyME); y
• Colaborar e implicarse con instituciones multilaterales e incrementar la ayuda a los países con menos posibilidades de responder a la amenaza que representa la COVID-19 y asegurarse de que las instituciones financieras multilaterales evalúen las necesidades nacionales y respondan de manera adecuada.

El CGU insta a los empleadores a:

• Reconocer y negociar con los sindicatos para identificar las amenazas a la salud, los derechos y el bienestar de los trabajadores, y desarrollar y poner en marcha las respuestas adecuadas en el lugar de trabajo;
• Reconocer y ejercer su obligación de diligencia respecto a todos los trabajadores en sus empresas y en toda la cadena de suministro, y mantener contratos con sus proveedores, dando prioridad a los derechos y el bienestar de esos trabajadores en su respuesta a las amenazas derivadas del coronavirus;
• Implicar a los representantes de los trabajadores en los procesos destinados a identificar, prevenir, mitigar y tener en cuenta las amenazas de la COVID-19 y la evaluación de las respuestas de empleadores y gobiernos;
• Asegurar que se establezcan planes y protecciones de la salud y que se respeten sin excepción;
• Proteger los salarios y pagas completas de los trabajadores por distintos medios establecidos de mutuo acuerdo y mediante negociación colectiva;
• Garantizar permisos remunerados, en forma de bajas por enfermedad o vacaciones, desde el primer día, para cualquier trabajador amenazado o infectado por la COVID-19;
• Establecer fondos de compensación para todos los trabajadores, incluidos aquellos con formas atípicas de empleo y contratos temporales, que sufran el impacto negativo de la COVID-19 y las correspondientes respuestas; y
• Ofrecer condiciones de trabajo y acuerdos adaptados y responsables en lugar de trabajo a todos los trabajadores.

Todos los empleados y empleadas, si fuera necesario, deberán tener acceso a pruebas médicas gratuitas, tratamiento, equipamiento, formación y facilidades para recibirla, sobre todo si se dedican a la provisión de servicios médicos. Se debe prestar especial atención a la situación de los trabajadores migrantes, muchos de los cuales resultan particularmente vulnerables. Además, ha de protegerse la privacidad y los datos personales de los trabajadores que se sometan a pruebas y exámenes médicos como parte de la respuesta a la amenaza del coronavirus. Los trabajadores deberán poder reincorporarse a su puesto de trabajo habitual en cuanto resulte posible a nivel práctico en caso de que las medidas locales o nacionales de confinamiento les impidan hacerlo por motivos económicos o logísticos.