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Como respuesta a la devastadora pandemia provocada por el COVID-19, los sindicatos han estado trabajando intensamente para garantizar que los gobiernos mitiguen el efecto de la misma sobre los empleos, salarios y condiciones laborales de los trabajadores. Durante la crisis actual, las personas que ocupan las denominadas «formas de empleo no convencionales»[1], con contratos de cero horas, a comisión en agencias y como falsos autónomos, se han visto particularmente afectadas por la reducción masiva de horas de trabajo y actividad económica. Por ejemplo, los trabajadores de sectores como el turismo, la hostelería, la logística y el ocio suelen presentar un nivel de precariedad alto y esta situación implica un gran trastorno para ellos, además de una pérdida de ingresos.

Otro de los sectores muy precarizados que se ha visto afectado por el COVID-19 es el de la educación superior y la investigación, ya que las universidades han cerrado sus puertas y modificado las condiciones de trabajo de sus empleados. En respuesta al COVID-19, los sindicatos de la educación superior están esforzándose para garantizar que estos cambios no se traduzcan en un perjuicio para el personal con empleos precarios. Sin embargo, incluso antes del estallido de esta crisis, ya resultaba bastante evidente que el personal con trabajos precarios en la educación se encontraba en una situación mucho más vulnerable que sus compañeros con contratos estables.

A principios de año, el University and College Union (UCU, por sus siglas en inglés) publicó un informe sobre varias experiencias de personal con empleos precarios en instituciones de educación superior del Reino Unido. En Second class academic citizens, Nick Megoran y Olivia Mason, de la Newcastle University, identifican cuatro formas de deshumanización que se derivan del empleo académico precario. Después de llevar a cabo una serie de encuestas en profundidad con personal académico, en el informe afirman que los trabajadores precarios:

• son invisibilizados y reciben un trato de «académicos de segunda»
• corren riesgo de explotación;
• se ven privados de la libertad de cátedra que debería ser la base de toda carrera profesional académica;
• son incapaces de planificar su vida profesional o personal.

En primer lugar, el informe del UCU nos muestra la cara humana de problemas habituales a los que suele hacer frente el personal académico con empleos precarios. Por ejemplo, una de las entrevistadas narra la rapidez con la que estalla la burbuja del que se denomina «el mejor trabajo del mundo»cuando era evidente que a ella la tratarían de forma distinta a sus colegas. Desde aspectos aparentemente triviales, como no poner un cartel con su nombre en la puerta, hasta tener que ocuparse de todas sus tareas administrativas; por eso, declara que, tanto sus compañeros como ella, son los explotados del sector. Una de las entrevistadas se quejaba de la cantidad de tiempo que tenía que dedicar a solicitar puestos de trabajo. Además, explicaba que, por culpa de la temporalidad de sus contratos, a veces no lo quedaba más remedio que empezar a solicitar empleo en cuanto encontraba trabajo. Otros explicaban que no se les concedía una cantidad de tiempo adecuada para preparar sus clases, uno de los problemas habituales del personal precario en el sector de la docencia. Todos estos problemas se han incrementado por culpa del COVID-19, que impide también al personal con empleos precarios ofrecer formación tradicional presencial y solicitar nuevas becas de investigación que les permitan ampliar sus contratos de trabajo.

En segundo lugar, el informe del UCU destaca el alcance de la precarización en la educación superior en el Reino Unido: dos tercios de los investigadores (67 %) tienen contratos temporales y casi la mitad del personal docente (49 %) cuenta con contratos temporales. No obstante, la precarización no es un fenómeno exclusivo de la educación superior británica: por el contrario, diversos informes de la Internacional de la Educación, la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Europea demuestran que se trata de un fenómeno global.

De hecho, uno de los principales problemas a los que se enfrentan las organizaciones miembros de la IE en el sector de la educación superior es la existencia de contratos precarios para docentes y personal de apoyo educativo. Para empezar, en muchas jurisdicciones el problema fundamental es el aumento del número de contratos de investigación temporales, sobre todo cuando están vinculados a una financiación a corto plazo. Estos puestos han crecido por la expansión de la financiación por proyectos y por la necesidad de conseguir ingresos adicionales por parte de las instituciones de educación superior y los académicos.

En segundo lugar, en muchas jurisdicciones se recurre cada vez más a personal docente con puestos precarios y salarios por horas. En ciertos países, como Italia, es la consecuencia de las políticas de austeridad, aunque esta no es la única explicación. Por ejemplo, en lugares como Reino Unido y Australia, es una movimiento que forma parte de un intento deliberado por parte de las instituciones de reducir el gasto en personal y dedicar recursos a otras actividades como proyectos de infraestructuras a gran escala en un ámbito nacional e internacional (por ejemplo, en campus en el extranjero).

Tanto los investigadores con contratos temporales como los docentes con salarios por horas se han visto afectados de forma significativa por la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, muchos investigadores con puestos temporales han tenido que interrumpir sus proyectos de investigación debido a las nuevas medidas relacionadas con el distanciamiento social y el confinamiento, sin garantía alguna de que sus contratos se amplíen en consecuencia. Por otra parte, para el personal docente con contratos precarios por horas, la ausencia de formación presencial ha derivado en una pérdida potencial de ingresos y en una reducción de su retribución vinculada a los modelos de aprendizaje por internet. El personal precario también teme ser el que mayor probabilidad de despido presente tras el previsible descenso en los ingresos por matrículas de estudiantes internacionales en el curso académico 2020-21.

El impacto de la precarización puede ser significativo para trabajadores y estudiantes. Los contratos precarios están afectando a la salud física y mental del personal, y también pueden afectar negativamente al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, según una encuesta a personal contratado que publicó la Asociación Canadiense de Docentes Universitarios en 2018, dos tercios de los encuestados afirmaban que su salud mental se había deteriorado por culpa de la naturaleza precaria de su empleo. Existen estudios que demuestran que las mujeres y las minorías infrarrepresentadas también tienen una mayor probabilidad de contar con contratos temporales.

Con respecto al aprendizaje de los estudiantes, los docentes de la educación superior con contratos temporales acceden a unas condiciones laborales que les dificultan el mantenimiento constante de las interacciones de calidad con sus alumnos, algo habitual en el caso de los profesionales con contratos decentes y estables. El rápido cambio a la docencia por internet provocado por la pandemia ha puesto de manifiesto una serie de problemas significativos para todos los docentes de la educación superior. No obstante, esta transformación afectará especialmente a quienes ocupan puestos de empleo precarios, ya que tendrán más dificultades para acceder a un apoyo infraestructural y profesional para su desarrollo facilitado por su empleador.

Evidentemente, la precarización también es sinónimo de una mayor incertidumbre para los estudiantes, ya que puede que sus profesores no tengan trabajo el próximo semestre (además, durante la crisis del COVID-19, muchos alumnos están en una situación de tensión financiera tras haber perdido su trabajo temporal o a tiempo parcial). En definitiva, las condiciones laborales del personal con puestos precarios afectan al aprendizaje de los estudiantes y, por ese motivo, los representantes de los trabajadores y los alumnos deben trabajar codo con codo para luchar contra la precarización.

¿Qué están haciendo los sindicatos ante estas situaciones?

Por su parte, los sindicatos están luchando contra la precarización de diversas maneras. En primer lugar, la negociación colectiva y el diálogo social siguen siendo claves para lograr mejoras sobre el terreno, y los sindicatos están participando activamente en los procesos para garantizar mejores acuerdos. En algunos casos, estas campañas han precisado de acciones sindicales para exigir una mayor seguridad en el ámbito laboral. Por ejemplo, en el seno del UCU, la defensa de los contratos decentes constituye una parte fundamental de la campaña Cuatro luchas sobre condiciones salariales y laborales. Igualmente, en Francia, la lucha contra el trabajo precario ha sido un elemento fundamental de la reciente huelga del 5 de marzo de 2020. Además, ante la crisis del COVID-19, los sindicatos están presionando a los gobiernos para que incluyan al personal de educación superior con puestos precarios en los sistemas de indemnización salarial nacionales.

Durante estos últimos años, uno de los objetivos principales de los sindicatos han sido las campañas políticas para garantizar cambios legislativos relacionados con los contratos temporales como vimos, por ejemplo, en 2016 en Alemania. Uno de los desafíos fundamentales se centra en conseguir que la legislación se aplique correctamente en el ámbito local y, por ello, se necesitan campañas sindicales continuas para aumentar la seguridad del empleo (por ejemplo, el Templin Manifesto en Alemania y la campaña Riceratori Determinati en Italia).

Con independencia de los métodos que se adopten, los miembros en situación de precariedad laboral deben ser el centro de atención de la estrategia sindical para combatir este fenómeno. Esto implica reunir, movilizar y organizar a los compañeros/as del sindicato que estén en esta situación. Los sindicatos están empezando a hacerlo tanto local como nacionalmente, pero también existe la opción de compartir prácticas recomendadas en un marco internacional.

En Europa, un nuevo proyecto llamado YOUR TURN! Teachers for Trade Union Renewal ofrece una oportunidad en este sentido. Se trata de una iniciativa de la CES que se centra en las medidas de los sindicatos educativos para renovar a sus organizaciones y dar respuesta a cambios políticos y económicos fundamentales, como la descentralización de la negociación colectiva y las demandas cada vez más diversas de los miembros. Los sindicatos de educación superior desempeñan un papel clave en este proyecto, sobre todo para poner de relieve el trabajo que están llevando a cabo para atraer a los afectados por la precariedad laboral a sus estructuras y garantizar que los problemas a los que estos se enfrentan ocupan un lugar destacado en las agendas sobre negociación colectiva, legislación y política de los sindicatos, incluida la pandemia de COVID-19.

De hecho, la crisis actual podría darnos la oportunidad de renovar la labor y la estrategia de los sindicatos en cuanto a la precariedad laboral, mientras que el aumento en la concienciación sobre las desigualdades que implica podría reforzar el apoyo público a una mejora en los derechos y la seguridad laboral. Con un cambio en las políticas públicas y la implicación de los miembros de los sindicatos, con suerte empezaremos a ver cómo cambia esta tendencia de explotación mediante contratos en el sector educativo.

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[1] Precarious workers pushed to the edge by COVID-19, por Janine Berg, economista sénior de la OIT. Disponible en inglés aquí.