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Un número creciente de países está considerando reducir las restricciones y reanudar gradualmente la enseñanza. La Internacional de la Educación hace énfasis en cinco dimensiones que los gobiernos deben considerar, en diálogo con educadores y sindicatos, al planificar esta próxima fase de respuesta a la crisis de la COVID19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado seis condiciones que deben cumplirse para que los gobiernos puedan empezar a levantar las actuales restricciones de movimiento social y físico relacionadas con la propagación del COVID-19:

1. La transmisión de la enfermedad está bajo control.
2. Los sistemas sanitarios son capaces de “detectar, examinar, aislar y tratar cada caso y de rastrear todos los contactos”.
3. Los riesgos de las zonas críticas se han minimizado en lugares vulnerables, como las residencias de mayores.
4. Las escuelas, centros de trabajo y otros lugares esenciales han establecido medidas preventivas.
5. El riesgo de la importación de nuevos casos “está bajo control”.
6. Las comunidades están plenamente informadas, comprometidas y capacitadas para vivir con arreglo a una nueva normalidad.

Dado que, en la mayoría de los países, las escuelas e instituciones educativas están cerradas, hay cuestiones críticas que los gobiernos deben tener en cuenta conforme se empiecen a reabrir gradualmente los centros para la primera infancia, las escuelas y las instituciones de enseñanza superior. Es imperativo que los gobiernos comuniquen de manera transparente y continua los planes para la reapertura de la enseñanza presencial y la medida en que están siendo asesorados por expertos sanitarios. Un diálogo social y político continuo con los educadores y sus sindicatos es la piedra angular de una estrategia educativa exitosa.

1. Participar en el diálogo social y político Las autoridades públicas entablan un diálogo social y político continuo con los educadores y con sus sindicatos y organizaciones representativas para evaluar las necesidades y acordar medidas en materia de salud y seguridad para los estudiantes y el personal, así como el marco y los recursos para la transición de vuelta a la enseñanza y el aprendizaje in situ. Se tiene en cuenta la carga de trabajo adicional que surge por la exigencia paralela de la enseñanza presencial y en línea durante la reapertura gradual de las escuelas. Se respetan los derechos laborales de los docentes y del personal de apoyo a la educación y se mantienen unas condiciones de trabajo decentes.
2. Garantizar la salud y la seguridad de las comunidades educativas Hay consenso y claridad respecto a las medidas de higiene necesarias para mantener la salud y seguridad de los niños, los estudiantes y el personal, así como respecto a las medidas preventivas para contener la propagación del virus. Todas las escuelas e instituciones educativas están equipadas para garantizar y mantener prácticas mejoradas de higiene y limpieza, y todo el personal está informado y formado para seguir las nuevas directrices. Los trabajadores de la educación tienen acceso garantizado a equipos de protección individual cuando sea necesario, y las autoridades públicas han designado fondos y personal adicionales para garantizar los requisitos de salud y seguridad. Además, se tiene en cuenta la situación de los estudiantes y los miembros del personal vulnerables o en riesgo y la de sus familias.
3. Convertir la equidad en una prioridad máxima La equidad es un aspecto fundamental de todos los planes de transición, reconociendo que el impacto de la pandemia no es igual para todos y que los estudiantes y trabajadores de la educación que ya son vulnerables han sido y pueden seguir siendo los más afectados. Se ha establecido una estructura de apoyo para todos los estudiantes y miembros del personal vulnerables, para los que están soportando mayores dificultades y para los estudiantes que no han podido participar en las clases en línea o desde casa. Se elabora una estrategia para hacer frente a los posibles aumentos de las tasas de abandono escolar, prestando especial atención a las niñas y mujeres, y a las personas que corren el riesgo de convertirse en víctimas del trabajo infantil.
4. Apoyar el bienestar y la recuperación física y emocional Se han establecido sistemas para apoyar el bienestar y la salud mental de los niños, los estudiantes y el personal docente, como, por ejemplo, mediante apoyo y asesoramiento psicosocial específico. Además de que la pandemia provoca estrés y ansiedad continuos, muchos niños, estudiantes y personal educativo también van a encontrar dificultades para volver a la escuela y adaptarse a las nuevas rutinas y a las restricciones a nivel de la interacción social. Existe un apoyo específico para quienes hayan sufrido una pérdida, abuso, violencia u otros traumas emocionales. Accede a la guía aquí
5. Confiar en la profesionalidad de los educadores Las autoridades educativas se comprometen con los educadores y sus sindicatos a determinar y evaluar las repercusiones del cierre de las escuelas en la enseñanza, el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. El marco para la transición de vuelta a la educación presencial se basa en la confianza en la profesionalidad y la práctica pedagógica de los trabajadores y trabajadoras de la educación. La claridad de los requisitos se alcanza en diálogo con los educadores y sus sindicatos para garantizar un trato justo e igualitario para todos los estudiantes y la continua autonomía profesional de los educadores.

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