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La declaración adoptada por el Comité Regional para Asia y el Pacífico cita los enfoques divergentes de los Gobiernos respecto de las repercusiones de la COVID 19 en la salud, los trabajadores y trabajadoras y la economía. También destaca la falta de consultas a los sindicatos de educación, salvo raras excepciones, sobre cuestiones relacionadas con la pandemia en la región.

Esta declaración se centra en los efectos dispares de la crisis en los diferentes grupos y en el futuro de los servicios públicos, en particular en la educación, y concluye con una serie de recomendaciones de la IE, las organizaciones miembros y los Gobiernos sobre medidas adicionales para combatir la pandemia y hacer frente a sus consecuencias.

Algunos Gobiernos han adoptado medidas eficaces que han conseguido frenar la propagación de la infección, mientras que otros siguen enfrentándose a un creciente número de casos a pesar de las restricciones. Un tercer grupo ha adoptado medidas de emergencia que concentran el poder en manos de unos cuantos funcionarios. En la declaración también se mencionan las desigualdades en las capacidades y las posibilidades de los países a la hora de poner en práctica la enseñanza a distancia, así como la falta de consultas con los sindicatos sobre la introducción y utilización de esta tecnología.

En la declaración se destaca el desempleo masivo, que probablemente se prolongue y que “afectará de manera desproporcionada, y con mayor dureza, a los sectores marginados y agravará aún más las desigualdades existentes”. Según el Comité, la prolongación de la crisis “afectará drásticamente a los países de bajos ingresos, en particular a las poblaciones más vulnerables y marginadas; acentuará las desigualdades de género en la educación, especialmente en el caso de las niñas, e intensificará las divisiones entre estudiantes”.

Aunque hay una mayor concienciación respecto de la importancia de los sistemas de sanidad pública, al Comité le preocupa que la aplicación de los ODS 4 sobre la educación sea lenta y que no se preste la tan necesaria asistencia financiera a las escuelas. De ser así, podría, en efecto, fomentarse el crecimiento de la educación privada con fines lucrativos.

En lugar de aceptar que este grave revés reduzca inexorablemente la calidad y la disponibilidad de la educación, el Comité sostiene que “ha llegado el momento de convertir esta crisis mundial en una oportunidad para replantearse las políticas educativas existentes, cuyas deficiencias están quedando expuestas y empeoran en estos momentos, y para prever cómo debería ser el futuro de la educación y de la profesión docente después de la pandemia”.

El Comité recomienda que la Internacional de la Educación no solo prosiga con sus esfuerzos para supervisar la situación de la COVID 19 y compartir información, sino que también intensifique su trabajo en la defensa de “los derechos de los docentes y de todos los trabajadores y la protección de los derechos humanos fundamentales”, que elabore directrices políticas sobre la enseñanza a distancia y las TIC y que trabaje para incorporar personal de atención sanitaria en las escuelas. También insiste en la importancia de la cooperación con la comunidad internacional en la planificación del futuro de la educación y la profesión docente después de la pandemia.

El Comité insta a las organizaciones miembros a seguir liderando la lucha para limitar el impacto de la COVID 19 en docentes, estudiantes, padres y madres; proteger los términos, las condiciones de trabajo y los derechos de los docentes y del personal de apoyo a la educación; evaluar y responder a las consecuencias de la pandemia en los grupos vulnerables y marginados y en las mujeres, y luchar por un aumento de la financiación de la educación. Después de la pandemia será especialmente importante contar con los medios para “abordar la cuestión del tiempo perdido y salvar las diferencias existentes entre estudiantes”.

La declaración alienta a los Gobiernos a que, en cooperación con los sindicatos de educación, garanticen la seguridad, la salud y el bienestar de estudiantes, docentes y el PAE; minimicen los riesgos sanitarios de la reapertura de los centros educativos mediante el establecimiento de medidas y protecciones adecuadas; financien plenamente la educación; impidan la entrada en el ámbito educativo de agentes de la educación privados y con ánimo de lucro, y garanticen los derechos y las protecciones de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación. Además, se insta a las autoridades a que garanticen que las medidas gubernamentales durante y después de la pandemia sean “holísticas, integrales e inclusivas”.

La declaración puede descargarse aquí(en inglés).