Ei-iE

Como en otras partes del mundo, la primera ola de la pandemia de COVID-19 provocó un cambio drástico y rápido en las universidades y facultades del Canadá. A lo largo y ancho del país, los campus han quedado desiertos, la enseñanza ha migrado a las plataformas virtuales y se han suspendido investigaciones importantes.

Aunque la situación sigue siendo sumamente variable, una cuestión está clara: la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve las extensas fallas y fisuras existentes en nuestras universidades y facultades. Durante los últimos 30 años, los Gobiernos del Canadá de distintas tendencias políticas han desplazado incesantemente los costos de la enseñanza superior de una financiación pública colectiva a derechos de inscripción privados individuales. La magnitud de este cambio ha sido asombrosa. En 1990, algo más del 80 % de la financiación destinada al funcionamiento de las universidades provenía de subvenciones estatales. En 2018, esa cifra se había desplomado hasta aproximadamente el 47 %.

La consecuencia es que nuestras instituciones se han vuelto económicamente adictas a los derechos de inscripción privados, especialmente a las tasas desmesuradamente altas cobradas a los estudiantes extranjeros. Las instituciones que han llegado a depender de estas tasas para nutrir sus fuentes de ingresos se enfrentan a una disminución potencialmente catastrófica de dichos ingresos si la pandemia persiste el próximo curso. Esta es una situación familiar que se desarrolla en otras jurisdicciones donde la dependencia de las tasas de los estudiantes extranjeros es todavía más aguda, entre ellas Australia y el Reino Unido.

Sin embargo, puede que las inscripciones nacionales tampoco sean inmunes al coronavirus. Conforme nos adentramos en la recesión más profunda desde la Gran Depresión, los ingresos familiares se van resintiendo. Los hogares de ingresos bajos y medios, que ya tienen dificultades debido a las elevadas cargas de endeudamiento y a años de estancamiento del incremento salarial, serán los más afectados. Es posible que el pago de la educación universitaria quede fuera de su alcance.

Los estudiantes también pueden estar planteándose incluso si el costo merece la pena. Si las universidades y las facultades se ven obligadas a continuar con alguna forma de enseñanza remota, ya sea en parte o en su totalidad, hasta para los departamentos de marketing más sofisticados puede resultar complicado convencer a los estudiantes de que rebusquen todavía más en sus bolsillos simplemente para tener el privilegio de asistir a una clase a través de Zoom desde sus cocinas.

Para analizar esto en mayor profundidad, la Canadian Association of University Teachers y la Canadian Federation of Students se unieron recientemente para realizar una encuesta a los estudiantes nuevos y actuales acerca de sus planes para el próximo curso. Los resultados dan que pensar:

• El 30 % de los estudiantes están barajando posponer sus planes de inscripción;
• La mitad de los encuestados afirman que las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 han dificultado más permitirse los derechos de inscripción y el costo de la vida;
• Más de dos tercios del alumnado declaran que sus finanzas personales y las de sus padres y madres o su familia se han visto afectadas negativamente por la pandemia; y
• Casi siete de cada 10 señalan que la enseñanza remota o virtual sustituye con poca eficacia a la enseñanza presencial.

Claramente, las universidades y las facultades están afrontando importantes dificultades financieras. Se necesitarán medidas de excepción para reemplazar la pérdida de ingresos durante esta crisis de salud pública, pero también debemos procurar no repetir los errores del pasado. La situación actual debería incitarnos no tanto a pensar en cómo volvemos a la “normalidad” —porque el estado de las universidades y las facultades previo a la pandemia no era ideal como para copiarlo—, sino más bien a reflexionar sobre la clase de sistema de enseñanza superior que necesitamos tras la pandemia. Deberíamos analizar con apremio y seriedad la sustitución de un sistema de financiación privada de la enseñanza superior que no funciona y que condena a la población joven a una generación de deuda, explota deliberadamente a los estudiantes extranjeros y deja a las universidades y facultades vulnerables ante el capricho del mercado y demasiado susceptibles a las sacudidas externas.