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En Italia se descubrieron los primeros casos de COVID-19 a finales de enero. Desde ese momento, transcurrió un mes hasta que la propagación del virus nos obligara a suspender las clases presenciales. A principios de marzo, los docentes, confinados en sus hogares, comenzaron la enseñanza a distancia, mientras que el personal administrativo, técnico y de limpieza seguía obligado a acudir al trabajo.

Los desafíos del cierre de los centros

Inmediatamente, las organizaciones sindicales italianas tuvieron que enfrentarse a dos desafíos.

El primero tenía que ver con las dificultades de la enseñanza a distancia, como la falta de herramientas digitales y de conexión a internet entre un buen número de docentes y alumnos, la ampliación de las horas de trabajo, la presión a la que familias y directores sometían a los docentes o la falta de formación específica.

Los sindicatos también se movilizaron para que los centros cerraran por completo y proteger así al personal de apoyo a la educación: como todas las tareas administrativas podían desempeñarse a distancia, no había ninguna necesidad de obligar a técnicos, supervisores y personal de limpieza a acudir a los centros.

La enseñanza a distancia también ha dado lugar a debates de índole pedagógica. A falta de una estrategia digital común para todos los centros escolares, cada centro y cada docente se vio obligado a elegir sus herramientas, a menudo limitándose a retransmitir las clases presenciales, sin adaptación alguna. También surgieron numerosas dificultades para evaluar a los alumnos, ya que era imposible supervisarlos con una pantalla de por medio. Finalmente, un decreto urgente del Ministerio dictaminó que todos los alumnos pasarían de curso, aunque no estuvieran lo suficientemente preparados en ciertas asignaturas.

En los últimos tres meses, también ha habido un cambio de ministro, lo que ha tenido sus repercusiones en las relaciones con los sindicatos. La nueva ministra, Lucia Azzolina, sigue al pie de la letra las políticas antisindicales de su partido (el Movimiento 5 estrellas) y no está dispuesta a negociar las condiciones de la reapertura de las escuelas con los sindicatos del sector. En general, tenemos un problema de diálogo social con esta ministra, mientras que el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, dialoga y negocia con frecuencia con las confederaciones sindicales para determinar las condiciones de reapertura de empresas y tiendas.

Reapertura de los centros

La reapertura conlleva numerosos desafíos. Para empezar, nos enfrentamos al examen de maturità al final del ciclo de secundaria. ¿Es realista organizar un examen presencial de aquí a final de curso, tal y como se ha anunciado, sin arriesgarse a que el virus vuelva a propagarse? Ya que hemos aceptado que los alumnos universitarios presenten en línea su trabajo de fin de grado o máster, ¿por qué no hacer lo mismo con el examen de maturità?

Por otra parte, está el problema de la contratación: a raíz de la crisis económica de 2008, el número de trabajadores docentes se ha reducido, e incluso han sido reemplazados por contratos precarios. En 2014, las organizaciones sindicales recurrieron al Tribunal de Justicia Europeo para obligar al gobierno italiano a estabilizar a todos los trabajadores precarios contratados desde al menos tres años. Pensábamos que así el problema se había solucionado, pero nada más lejos de la realidad. Para garantizar la vuelta a las clases el 1 de septiembre habría que contratar a casi 80 000 docentes. Además, hacen falta muchos más supervisores, limpiadores y personal técnico. La ministra ha propuesto organizar concursos públicos durante el verano, aunque no hayamos salido aún de la emergencia sanitaria. Nosotros, los sindicatos, proponemos estabilizar la situación de los trabajadores precarios que están en el sistema desde hace años (al menos a 24 000, según el acuerdo al que llegamos con el anterior ministro).

El último desafío al que nos hemos enfrentado es el de la salud y la seguridad en el trabajo. Los centros escolares suelen estar superpoblados, con clases abarrotadas y apenas espacio para practicar deporte u otras actividades al aire libre o laboratorios para ejercicios prácticos. En la mayoría de los casos, los municipios ya han tenido que recortar los presupuestos de las escuelas por la crisis. En septiembre, los alumnos deberán mantener la distancia entre sí y con los profesores; en las condiciones actuales, esto se antoja imposible.

La ministra ya ha anunciado a través de Facebook que tiene previsto organizar la reanudación de las clases alternando clases presenciales y enseñanza a distancia. En otras palabras, en una clase de instituto de 25-30 alumnos, una parte deberá seguir las clases desde su domicilio, mientras que la otra acudirá al centro escolar… El anuncio ya ha provocado numerosas protestas. De hecho, tememos que esta solución agrave las desigualdades y aumente el número de horas de trabajo de los docentes. Las familias tampoco quieren oír hablar del tema. En Italia, la tasa de abandono escolar se redujo al ampliar el horario escolar a todos los niveles. Limitar las clases presenciales no nos permitirá recuperar todo lo perdido durante estos meses de pandemia. Por desgracia, estamos ante una persona cuyos conocimientos sobre el terreno, así como sobre las escuelas y la administración, dejan mucho que desear.

Como es lógico, nos hemos movilizado en la medida en que nos lo permite el contexto actual. La UILSCUOLA ha presentado incluso un recurso ante el tribunal de trabajo por su incumplimiento de sus obligaciones con los sindicatos; hemos organizado asambleas unitarias en línea en todas las provincias para informar a los miembros de nuestros planes, que han tenido una acogida más calurosa que de costumbre.  A pesar de nuestros esfuerzos, la ministra no ha cambiado de opinión sobre la contratación de personal ni sobre los requisitos para reabrir los centros en septiembre. Por ello, todos los sindicatos nos hemos visto obligados a organizar una huelga el 8 de junio y a planificar nuevas acciones para los próximos meses, siempre que sean necesarias.