Ei-iE

La COVID-19 ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades y las desigualdades estructurales de nuestras sociedades. Las personas más vulnerables, entre ellas las poblaciones refugiadas y desplazadas, se han visto gravemente afectadas por la pandemia de la COVID-19 y por las medidas de confinamiento asociadas.

En términos de salud, resulta difícil, por no decir imposible, aplicar medidas de distanciamiento social en campamentos de personas refugiadas abarrotados y en zonas urbanas donde se concentran las poblaciones desplazadas. El acceso a la atención sanitaria con frecuencia es limitado y, a menudo, la información adecuada sobre los riesgos y las medidas que se deben adoptar no está disponible o no se difunde apropiadamente, entre otras cosas por motivos lingüísticos.

Y, lo que es peor aún, en algunos países la pandemia se ha utilizado para justificar la discriminación, la xenofobia y la hostilidad en contra de la población refugiada, incluso con ataques violentos, y ha sido explotada políticamente por el nacionalismo populista.

Muchos refugiados y refugiadas están esperando asilo y sus solicitudes han sido suspendidas debido a la crisis. Las familias refugiadas, al igual que otros hogares marginados, tienen más probabilidades de sufrir la crisis económica posterior a la pandemia (mayor desempleo, trabajo infantil, etc.).

En que respecta a la educación, las dificultades para acceder a dispositivos digitales y a conexiones a Internet que encuentran las comunidades refugiadas hacen que niños, niñas y jóvenes tengan un acceso restringido a la enseñanza a distancia de emergencia.

Soluciones inclusivas para salir del confinamiento

La COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de la inclusión. En el contexto de la flexibilización de las medidas de bloqueo y la reapertura de la educación, las necesidades específicas de las poblaciones refugiadas deben ser tenidas en cuenta para poder alcanzar soluciones verdaderamente inclusivas.

De acuerdo con ACNUR, “la mayoría de las comunidades de refugiados y refugiadas y de acogida disponen de acceso limitado a dispositivos de hardware y la conectividad puede resultar extremadamente costosa. La falta de acceso también restringe la adquisición y el desarrollo de la alfabetización y de las habilidades digitales requeridas por docentes, estudiantes y sus comunidades para sacar el máximo provecho de los recursos de aprendizaje disponibles”.

Es importante que se adopten medidas de apoyo específicas para compensar la posible interrupción prolongada de la educación, que suele añadirse a las interrupciones previas en la escolarización. No hay que perder tiempo para restaurar y mejorar radicalmente la calidad y el acceso a la educación con el fin de garantizar que los niños y niñas refugiados no se vean penalizados por la falta de oportunidades educativas durante la pandemia.

Se debe prestar especial atención a combatir el abandono escolar y el trabajo infantil en el seno de las comunidades refugiadas y desplazadas.

Deben adoptarse medidas apropiadas en materia de salud y seguridad para proteger a estudiantes y docentes que se encuentran en campamentos de refugiados y refugiadas. Durante el confinamiento, las comunidades refugiadas y sus familias, sobre todo las mujeres y las niñas, pueden experimentar mayores dificultades (por ejemplo, violencia doméstica, acoso sexual) relacionadas con las condiciones de vida en los campamentos. Estas dificultades deben ser evaluadas y traducidas en medidas destinadas a apoyar el bienestar, la salud mental y la recuperación de estudiantes y docentes durante todo el proceso de reapertura.

Los/as docentes refugiados y los sindicatos de la educación deben incluirse en el desarrollo, la implementación, el seguimiento y la evaluación de cualquier política que afecte a la educación de los refugiados y refugiadas, entre ellas las políticas relacionadas con la COVID-19 y la reapertura de las escuelas. Además, los salarios y las condiciones de trabajo de los/as docentes refugiados, así como de todo el profesorado que se encuentra en los campamentos de refugiados y refugiadas deben mantenerse durante el cierre de escuelas provocado por la COVID-19.

La solidaridad es imprescindible

Los países en desarrollo serán los que más sufrirán las consecuencias de la pandemia. Además, los países que albergan a un gran número de personas refugiadas o se enfrentan a situaciones de conflicto pueden encontrar una inestabilidad política agravada, así como dificultades económicas y sociales y, por tanto, requieren un mayor apoyo.

La COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia del Pacto Mundial sobre los Refugiados y sus principios fundamentales de distribución de la carga y la responsabilidad y de la solidaridad. Es importante mantener el impulso e implementar el Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre los Refugiados y el Marco de Respuesta Integral para los Refugiados, así como las promesas efectuadas en el Foro Mundial sobre los Refugiados en 2019. Los compromisos en el ámbito de la educación deben priorizarse y su implementación debe acelerarse.

Los países que acogen a un gran número de refugiados y refugiadas deben incluir a estos últimos en sus respuestas ante la COVID-19, especialmente en lo relativo a la educación y a la reapertura de las escuelas. Estos países han de recibir un apoyo adecuado en sus esfuerzos por elaborar políticas y medidas inclusivas para las personas refugiadas, en espacial mediante la solidaridad mundial.

Con vistas al futuro

Incluso en países donde se han realizado progresos, la COVID-19 no necesariamente ha desaparecido. Es urgente reparar las condiciones peligrosas e inseguras con independencia de la infección. No obstante, si el virus regresa, las condiciones de hacinamiento y de falta de higiene a las que se enfrentan las poblaciones refugiadas representarán una amenaza para ellas y para todas las demás personas. Siempre que sea posible, los refugiados y refugiadas deben ser apartados de los campamentos y ubicados en situaciones en las que sea posible el distanciamiento social, existan buenas prácticas de saneamiento y condiciones decentes. La atención sanitaria de calidad y muchos otros servicios públicos resultan esenciales para las personas refugiadas y deben permanecer disponibles y accesibles para ellas.

Los Gobiernos deben respetar plenamente las convenciones internacionales que han ratificado (la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967), incluidas las relacionadas con el asilo, los derechos y el acceso a los servicios públicos, y deben cooperar y adoptar medidas en consonancia con el Pacto Mundial sobre los Refugiados. Cualquier medida que se haya tomado con respecto a las fronteras, y que pueda haber resultado necesaria por razones sanitarias, debe ser temporal y no ha de infringir los derechos humanos ni conducir a la exclusión.

Los Gobiernos y los/as dirigentes políticos deberían actuar para aliviar las tensiones y los ataques en contra de las personas refugiadas y combatir el odio y la desinformación. La comunidad mundial también debe actuar de manera responsable a fin de resolver conflictos armados y otras situaciones insostenibles que han dado lugar a que aumente el número de personas que huyen de sus países de origen.