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El Gobierno de Zimbabue anunció que las escuelas volverían a abrir para los exámenes de finales de junio y que seguirían dando pasos durante las siguientes semanas para volver a abrir las escuelas a pesar del riesgo de una intensificación de los contagios por la COVID-19. Los sindicatos de la educación pusieron en entredicho la reapertura por considerarla insegura y prematura e instaron al diálogo social con el fin de preparar una reapertura segura. No obstante, al no lograr la cooperación del Gobierno, los dos sindicatos de docentes más importantes, las organizaciones miembros de la IE ZIMTA y PTUZ, a las que se sumaron varios sindicatos más pequeños, llevaron al Gobierno a los tribunales. El tribunal falló a favor de los sindicatos y el gobierno sostiene que acatará la decisión y que cumplirá el plazo impuesto por el Tribunal Superior.

Los sindicatos de la educación de Zimbabue se opusieron a la reapertura de las escuelas tal como la propuso el Gobierno. Sus principales argumentos fueron que la reapertura de las escuelas resultaba peligrosa debido a que:

• La proporción profesorado-alumnado era demasiado elevada para posibilitar el distanciamiento social teniendo en cuenta las instalaciones escolares y las disposiciones existentes. La cifra oficial para esta proporción es de 1 a 40; sin embargo, los sindicatos aducen que la proporción real es a menudo de 1 a 70 o incluso de 1 a 100. Esto ya representaba un grave problema educativo mucho antes de que la pandemia lo convirtiera en un riesgo importante para la salud.
• No se contaba con un transporte adecuado y seguro para los estudiantes y los docentes, lo que suponía un peligro adicional de distanciamiento y de salud antes y después del horario escolar.
• Faltaba preparación logística. Las instalaciones escolares requerían fumigación y otras medidas de saneamiento a gran escala. A ese peligro contribuyó el hecho de que muchas escuelas se habían utilizado como centros de cuarentena. Por otra parte, el insuficiente suministro de higiene de manos y máscaras, así como la falta de personal, contribuían a que las escuelas resultaran peligrosas. Un gran número de escuelas carecía de agua potable o contaban con un abastecimiento poco frecuente.

Los sindicatos argumentaron que muchas familias, estudiantes y docentes se mostraban ansiosos y temerosos ante una reapertura en esas condiciones, puesto que las escuelas podrían convertirse en focos de contagio y hacer que se dispararan los índices de infección. En la vecina Sudáfrica, algunas escuelas que habían sido abiertas tuvieron que volver a cerrarse debido a que los contagios se habían incrementado.

La decisión del Tribunal Superior de Zimbabue, anunciada el 19 de junio, fue que, antes de reabrir, el Gobierno debía proporcionar equipos de protección individual para docentes y alumnado, limpiar y desinfectar todas las instalaciones y seguir las prácticas de seguridad en virtud de lo prescrito por la Organización Mundial de la Salud, además de ofrecer pruebas de la COVID y unos sanitarios adecuados.

El Gobierno respondió que cumplirá todas las condiciones estipuladas por el Tribunal Superior, así como sus plazos, y prometió destinar recursos considerables para ese propósito.