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La Internacional de la Educación se ha unido a otras federaciones sindicales internacionales en un webinario para respaldar a los trabajadores y trabajadoras y a los y las sindicalistas filipinos que luchan por defender los derechos y la democracia del asedio gubernamental. El debate fue organizado por el Consejo Global Unions (CGU), que agrupa a federaciones sindicales internacionales como la Internacional de la Educación, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y el Comité Asesor Sindical de la OCDE (TUAC, por sus siglas en inglés).

El evento reunió a dirigentes sindicales de Global Unions y Filipinas, así como a otras personas defensoras de los derechos humanos. Los participantes pusieron de manifiesto los peligros que acechan a la democracia bajo la presidencia de Duterte, en especial la recientemente adoptada Ley Antiterrorista (ATA, por sus siglas en inglés); una legislación tan imprecisa que puede utilizarse para reprimir y aterrorizar a sindicalistas, periodistas y a cualquier persona que se oponga al Gobierno.

Ley Antiterrorista

“Este webinario es muy oportuno y relevante para nosotros en Filipinas, donde estamos combatiendo la Ley Antiterrorista en todos los frentes: en la calle, en los tribunales, en el Congreso”, declaró France Castro, ex secretaria general del sindicato filipino Alliance of Concerned Teachers, afiliado a la Internacional de la Educación, y miembro del Parlamento nacional.

El 1 de septiembre una amplia coalición de actores del sector de la educación en Filipinas presentó una demanda contra la ATA 2020 ante el Tribunal Supremo nacional. Se trata de una de las 35 demandas contra la ATA, una ley que criminaliza actividades y expresiones de opinión amparados por la Constitución del país.

Castro insiste en que la ATA representa “una licencia para vulnerar los derechos a la libertad de expresión, al debido proceso, a la reunión pacífica y la protección contra la tortura”.

“Es una guerra del Gobierno contra su pueblo”, lamentó la parlamentaria, quien recalcó que la actitud de resistencia a la actual Administración consiste en “no tener miedo y seguir luchando”.

Libertad de prensa

Los participantes en el webinario pusieron de relieve que la libertad de prensa está siendo atacada, y resaltaron el caso de la destacada periodista filipina directora de Rappler, Maria Ressa, a quien las autoridades públicas están sometiendo a una persecución. Ressa se enfrenta a hasta seis años de prisión tras ser declarada culpable de “ciberdifamación”.  Asimismo, se mencionó la negativa por parte de las autoridades a renovar la franquicia de ABS-CBN, el mayor grupo mediático del país.

Liderazgo sindical en democracia

Durante la conclusión del webinario, el secretario general de la Internacional de la Educación, David Edwards, puntualizó que, especialmente “en tiempos de la COVID-19, es necesario mostrar solidaridad”, y añadió que “el autoritarismo se sirve de las crisis para aumentar su poder; y del miedo para silenciar a su oposición”.

Edwards afirmó también que el movimiento sindical se encuentra “en una posición única para defender la democracia, para apoyar a los hermanos y hermanas en Filipinas y para condenar solemnemente la situación actual”. Además, hizo hincapié en que “no nos encontramos ante una situación teórica. Los sindicalistas son los últimos que se interponen entre la democracia y la libertad, por un lado, y la ley marcial y la dictadura, por otro”.

Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la Unión Europea y Filipinas

La Unión Europea (UE) ofrece un trato comercial ventajoso para los países en desarrollo, en el marco de su Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), a fin de contribuir a reducir la pobreza y a crear puestos de trabajo basados en valores y principios internacionales.

El SPG+, uno de los tres programas del SPG, constituye un conjunto de incentivos específicos que reduce drásticamente al cero por ciento los aranceles sobre las importaciones en la UE, al aplicar 27 convenios internacionales sobre derechos humanos, incluidos los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, la protección del medioambiente y la buena gobernanza.

Filipinas y el SPG +

A Filipinas se le otorgó el estatus SPG+ en 2014. Sin embargo, un documento de trabajo elaborado por los servicios de la UE para el periodo 2018-2019 refleja el deterioro que se ha producido desde la elección del presidente Duterte en 2016. El informe evalúa aspectos como la transparencia, la gobernanza, la violencia, la libertad de expresión y una serie de derechos humanos, tales como los derechos sindicales y otros derechos laborales.

Si no se respetan estos derechos, la Comisión Europea puede interrumpir o eliminar las ventajas comerciales. Esto fue lo que sucedió el 12 de agosto de este año en Camboya, en el marco de “Todo menos armas”, otro programa del SPG. La medida retiró a este país el acceso exento de impuestos al mercado de la UE para varias importaciones estratégicas. Esta decisión se tomó principalmente a causa de la violación de los derechos sindicales, que comprendieron la prohibición del derecho a la organización sindical del profesorado y de otros trabajadores y trabajadoras del sector público.

Medidas tomadas por el Parlamento Europeo

El 17 de septiembre el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la situación de Filipinas que resolución estipula que, “a pesar de observar un importante retroceso en el historial del país en materia de derechos humanos, la Unión no ha activado aún el mecanismo que podría conducir a la suspensión de dichos beneficios comerciales”.

La Confederación Europea de Sindicatos (CES), que colabora con el movimiento sindical internacional, especialmente la CSI, trabaja activamente en los casos de países del SPG y ambas organizaciones actuarán en Filipinas como lo han hecho anteriormente en muchos países, por ejemplo, Camboya.

Declaración del CGU

El 18 de septiembre el Consejo Global Unions (CGU) aprobó una declaración sobre la resolución del Parlamento Europeo en la que concluye:

“El CGU se siente alentado por las medidas adoptadas por el Parlamento Europeo y apoya los movimientos para recurrir al mecanismo de la Comisión Europea a fin de que esta evalúe la interrupción de los beneficios del programa SPG+. Esta medida constituye una buena noticia para el pueblo de Filipinas y para todos los que luchan por los derechos humanos y la democracia. Esperamos que esta resolución acelere el desarrollo de un futuro mejor y más decente cuando Filipinas pueda volver a ser acogida en las filas de las naciones democráticas”.