Jordania: Prohibición de la conferencia de prensa del sindicato, la última medida del gobierno contra los derechos del personal docente
La Internacional de la Educación condena la prohibición de una conferencia de prensa pública de la Asociación de Profesores de Jordania (JTA, por sus siglas en inglés) prevista para el 26 de octubre. La prohibición fue impuesta por las autoridades de Jordania, por lo que las fuerzas de seguridad emitieron una orden del gobernador de Ammán que prohibía que se celebrara. La conferencia de prensa de JTA se había convocado para examinar la situación de la educación en Jordania y las condiciones en que se encuentra el personal docente. El objetivo de la conferencia de prensa era también mantener el contacto con la membresía de JTA ya que la organización ha estado cerrada por la fuerza durante dos años.
El Comité de Defensa de JTA informó a la Internacional de la Educación que esta acción es tan solo la última de una serie de represiones gubernamentales de las libertades. Entre estas libertades se incluye la libertad de opinión y expresión, garantizada por la constitución del país y consagrada en los instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos firmados y aceptados por Jordania.
Según JTA, la prohibición de la conferencia de prensa es una clara violación de los derechos de todos los ciudadanos jordanos y un pretexto para silenciar la disidencia pacífica.
Redadas y arrestos
El 24 de julio, la policía irrumpió en la sede de JTA en Ammán y en 11 de sus filiales de todo el país, las cerró y detuvo a 13 miembros del Consejo de JTA basándose en motivos legales dudosos.
El 23 de agosto, los miembros del consejo de JTA fueron liberados de la cárcel gracias a la campaña llevada a cabo por la Internacional de la Educación, que puso de relieve la situación. Entre otros factores que contribuyeron a su liberación se encuentra también la adopción de medidas a nivel internacional, que ejercieron una importante presión sobre las autoridades jordanas para que liberaran a los dirigentes de JTA.
Ataques constantes
Las autoridades han impedido o dispersado por la fuerza las protestas pacíficas que se están desarrollando y han detenido a casi 500 docentes y activistas. También han emitido una orden de mordaza que afecta a todo tipo de información que haga referencia a la situación, entre la que se incluye el intercambio de contenidos o los comentarios en los medios sociales.
Para el sindicato, el gobierno ha aprovechado el estado de emergencia ocasionado por la COVID-19 para aplacar la indignación pública provocada por el cierre arbitrario de JTA.
