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Sindicatos y sociedad civil se movilizan reclamando inversión en cuidados para lograr economías más inclusivas, accesibles, resilientes y solidarias.

Declaración conjunta de la CSI, UNI Global Union, la Internacional de los Servicios Públicos, la Internacional de la Educación, la Federación Internacional de Trabajadores/as del Hogar y Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando

Se requieren medidas urgentes para hacer frente a las devastadoras consecuencias sociales y económicas de la pandemia de COVID-19. En tanto que representantes y defensores del personal sanitario y de cuidados en el mundo entero, reclamamos que los Gobiernos tomen medidas para establecer economías más inclusivas, accesibles, resilientes y solidarias. Esto sólo puede lograrse con inversiones adecuadas en cuidados que estén directamente relacionadas con resultados para trabajadores y pacientes. Las iniciativas de políticas y las negociaciones sectoriales deben estar interconectadas, ya que ésa es la única manera de asegurar salarios justos y condiciones de trabajo dignas para los trabajadores y las trabajadoras de los sectores de salud y cuidados, y de garantizar el acceso a una sanidad y unos servicios de cuidados públicos para todos y todas.

La pandemia de COVID-19 ha expuesto la fragilidad preexistente de nuestras economías, y ha profundizado desigualdades estructurales en función del sexo, la clase y motivos raciales.

Una inversión insuficiente crónica en los sistemas públicos de sanidad y cuidados, la sistemática infravaloración del trabajo en dichos sectores –predominantemente realizado por mujeres, en particular migrantes y de color– y la falta de inversión para la profesionalización y capacitación del personal en los sectores de salud y cuidados son algunos de los signos evidentes de un sistema económico que lleva demasiado tiempo acordando muy poco valor al cuidado.

La pandemia ha puesto de relieve la importancia esencial de la sanidad y los cuidados para nuestro bienestar y para garantizar nuestra existencia. La necesidad de invertir adecuadamente en sistemas públicos de salud y cuidados equitativos y de calidad nunca ha sido más evidente y urgente.

El personal sanitario y de cuidados, tanto del sector formal como informal, público o privado, trabajando en hospitales, hospicios, residencias, domicilios particulares o escuelas, ha estado situado en primera línea a la hora de combatir esta pandemia y ha seguido aportando sus cuidados en durísimas circunstancias. Se merecen condiciones de trabajo dignas y un salario justo que refleje su enorme contribución a nuestras sociedades.

Este 29 de octubre, pedimos a los Gobiernos que conformen una economía solidaria, mediante:

• inversión en sanidad y cuidados públicos de calidad, con perspectiva de género, incluyendo salud mental, guarderías, educación de la primera infancia, cuidados de mayores y otros servicios de asistencia social que respondan a las necesidades de todos;
• garantizar condiciones de trabajo y salarios dignos, incluyendo igual salario por trabajo de igual valor, oportunidades de formación para todo el personal y políticas destinadas a cerrar las brechas de género en la participación en el mercado laboral;
• mejora de la dotación de personal en los sistemas sanitarios y asistenciales para proteger tanto a los trabajadores y trabajadoras como a las personas que reciben cuidados;
• proporcionar equipo de protección personal (EPP), bajar remuneradas por enfermedad y acceso a vacunas a todo el personal sanitario y de cuidados;
• garantizar equidad y no discriminación en la contratación, la retención y el acceso a oportunidades de formación y ascenso para el personal de los sectores de la salud y los cuidados;
• asegurar el respeto de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva de todos los trabajadores de los sectores de la salud y los cuidados, tanto en la economía formal como en la informal, y ahí donde sea posible establecer negociaciones sectoriales;
• financiar una protección social universal y con perspectiva de género accesible a todos los trabajadores y las trabajadoras, independientemente de su situación de empleo o estatus migratorio, raza, discapacidad, identidad de género u orientación sexual, y que incluyan también a quienes trabajan en la economía informal; y
• garantizar el acceso a servicios de salud y cuidados públicos equitativos y de calidad para toda la población, incluidos los refugiados y migrantes, sin importar su situación legal.