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Cuando se reúnan los líderes mundiales del G20, será el momento de una revisión fundamental de las políticas globales de inversión para empezar a construir el futuro. Ese futuro depende de los servicios públicos y de las personas que los aportan.

La crisis ha supuesto el reconocimiento de los trabajadores y trabajadoras “en primera línea”, en los sectores público y privado, que resultan tanto visibles como esenciales. Pero en realidad todos los trabajadores son esenciales.

En los servicios públicos incluyen personal sanitario, de cuidados y de la educación, que hacen que podamos salir adelante a pesar de la COVID-19, así como quienes mantienen nuestras comunidades seguras y limpias, quienes hacen posible unas elecciones justas, quienes proporcionan transporte y agua potable y millones de personas que consiguen que todo funcione.

No se benefician desde la distancia del trabajo de otros. Al contrario, mejoran y enriquecen las comunidades donde viven y trabajan.

Corregir el rumbo

En gran parte del mundo, incluso mucho antes de la pandemia, las medidas de austeridad y los programas de ajuste estructural han venido promoviendo recortes de la inversión real en servicios públicos y fomentado la privatización. Uno de los principales motivos por los que estábamos ya lejos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible era precisamente que no se estaban efectuando esas inversiones tan necesarias.

La inversión pública se redujo aún más al no estar debidamente gestionada y controlada. Políticas y prácticas inadecuadas la desviaron hacia otros fines y otros lugares, incluso para el pago de dividendos a inversores privados de compañías que pretendían lucrarse de los servicios públicos y a menudo en paraísos fiscales.

Abordar la desigualdad

La desigualdad, ya de por sí una injusticia global existente, no hizo sino acelerarse con la pandemia. Millones de personas perdieron sus puestos de trabajo y se empobrecieron en una masiva redistribución de la riqueza en beneficio de los más pudientes. El patrimonio neto de los multimillonarios se incrementó en un 33 por ciento, mientras que la base imponible se hundía y la actividad económica se desplomaba. Los mercados nunca distribuyeron las oportunidades de forma justa, pero es algo que resulta incluso más patente en tiempos de crisis.

Los lentos progresos, que tanto costó alcanzar, en cuanto a derechos de la mujer e igualdad de género se han desvanecido. Los avances respecto a la educación de las niñas se están frenando o incluso retrocediendo. Una vez más, las mujeres se están viendo obligadas a cargar con el aumento de trabajo no remunerado ocasionado por el confinamiento y su estatus económico se ha degradado. La violencia de género se ha disparado.

El cierre de las escuelas ha supuesto que muchos niños y niñas hayan vuelto a trabajar. Podría resultar muy difícil conseguir que vuelvan a las aulas. De manera que los progresos logrados para la eliminación del trabajo infantil se han revertido.

La insuficiente asignación de recursos financieros y humanos en los sistemas sanitarios ha implicado que el personal no estuviese adecuadamente preparado para afrontar la pandemia, lo que ahora impide que millones de pacientes puedan tener acceso a unos cuidados esenciales.

El virus y sus efectos afectan de manera desproporcionada a grupos marginados, incluyendo migrantes y refugiados, pueblos indígenas y minorías étnicas. A menudo se ha registrado mayor hostilidad hacia dichos grupos. Muchos líderes autoritarios han explotado y utilizado el miedo a los “extranjeros” para debilitar el apoyo a la democracia.

Con la pandemia, no solo han aumentado ciertas desigualdades ya existentes y enraizadas, sino que además se han visto agravadas por los recortes en los servicios públicos. Reforzar los presupuestos y el acceso a unos servicios públicos de calidad contribuiría a reducir la desigualdad y a crear oportunidades.

Construir un futuro de oportunidades

En las múltiples crisis de desigualdad y fanatismo, catástrofes económicas y erosión de la democracia, los servicios públicos constituyen una fuerza anticíclica. Asegurar el acceso a unos servicios públicos de calidad, especialmente la sanidad y la educación, disponibles para todas las personas y no solo para aquellas que pueden permitirse pagarlos, resulta crucial en cualquier estrategia de salida viable y para construir un futuro mejor, más justo y sostenible.

Por otro lado, la pandemia está demostrando que los servicios públicos son esenciales para la economía, para apoyar los comercios locales, para asegurar un desarrollo social y económico sostenible. Rechazamos la idea de que los planes de recuperación deban elegir entre el enfoque social y el económico. Ambos son necesarios, dado que uno refuerza la efectividad del otro.

La recuperación post-COVID-19 requiere una nueva visión de sociedad inclusiva. Durante la pandemia, varios Gobiernos emprendieron iniciativas extraordinarias para sostener los sistemas de salud, contratar personal de enfermería y médico, subsidiar negocios y familias. Se han inyectado miles de millones de dinero de los contribuyentes en la economía, aunque a menudo en beneficio de grandes corporaciones. Esto demuestra que se trata ante todo de una cuestión de voluntad política y que cuando resulta urgente pueden tomarse rápidamente decisiones difíciles. Ha llegado el momento de mostrar tal resolución para lograr un cambio profundo. La inversión en servicios públicos y la reconstrucción de nuestras economías no puede limitarse a un esfuerzo a corto plazo. La urgencia no desaparecerá en seis meses o un año, en función del rendimiento de los mercados de valores. Ello implica:

• Disponibilidad de recursos para la inversión pública. Impuestos justos sobre las empresas, las personas físicas, la riqueza y otras formas impositivas pueden aportar unos ingresos considerables siempre que se recauden. Para ello se requiere una coordinación regional y global por parte de los Gobiernos para impedir la evasión y elusión fiscal, incluyendo la eliminación de los paraísos fiscales y la introducción de una tasa impositiva corporativa mínima. Implica asimismo poner fin a la competición entre Gobiernos para reducir los impuestos sobre las empresas y los individuos más ricos.
• Solidaridad mundial. La pandemia y las crisis relacionadas con esta nos han enseñado que los desafíos mundiales no pueden afrontarse únicamente a nivel nacional y que los virus no respetan fronteras. Del mismo modo que el bienestar de toda la ciudadanía depende de que se logren progresos para los más marginados, nuestro bienestar global depende de lograr progresos para los países más pobres. La recuperación mundial requerirá inversión pública en los países en desarrollo que no puede obtenerse de fuentes internas. Las vacunas contra la COVID-19 también son una cuestión de solidaridad mundial. Se están desarrollando gracias a una inversión pública enorme, pero de manera nacionalista, competitiva y patentada. Las vacunas deberán estar ampliamente disponibles, y de forma gratuita, si queremos superar esta pandemia mundial.
• Transformar las instituciones financieras internacionales. El enorme endeudamiento y una condicional antisocial fuerza a los países a tener que escoger entre responder al mandato de sus ciudadanos o a las condiciones de las IFI. Los 76 países más pobres estarán obligados a pagar 106 000 millones de dólares para cumplir sus obligaciones de servicio de la deuda en los próximos dos años. Los acreedores deberían condonar esas deudas y garantizar que los recursos se reasignen a financiar la educación y la sanidad. En el caso del ODS4 sobre educación y el ODS3 sobre salud, dicho monto serviría para cubrir apenas parcialmente la brecha de recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos para 2030. Convendría reexaminar el papel del FMI y del Banco Mundial teniendo en cuenta los numerosos fallos de las políticas impuestas por el dogma mercantilista de las últimas décadas y dejar de repetir una y otra vez los mismos errores.
• Crisis climática. Fenómenos climáticos extremos están ocasionando ya sufrimiento humano y dañando el planeta. Reviste extrema urgencia actuar al respecto. La experiencia y la dedicación de los equipos de primera intervención se han puesto a prueba continuamente. Cuentan con el apoyo del personal sanitario y de otros servicios públicos. La crisis climática no puede ignorarse. Se debe alentar al personal docente y permitir que disponga de la libertad necesaria para enseñar al respecto y capacitar al alumnado para actuar. Gobiernos y funcionarios públicos deben facilitar esta transición. La planificación y el desarrollo de la recuperación deberían incorporar la reducción de las emisiones de carbono y la participación pública en ese proceso, e incluir para ello el diálogo social. Garantizar que los nuevos empleos creados sean buenos y estables requiere que los trabajadores y trabajadoras en las nuevas industrias puedan ejercer libremente sus derechos de sindicación y negociación.
• Reforzar los servicios públicos. Esto supone dejar de privatizar servicios públicos, excluir la financiación de los servicios públicos de la definición de la deuda pública, acordar a los Gobiernos el espacio fiscal necesario para asumirlos y gestionarlos como bienes públicos. Una inversión pública adecuada en sanidad y educación, así como en otros servicios, requiere invertir en la mano de obra que aporta dichos servicios. Hay una enorme escasez de personal en los servicios públicos, particularmente en educación y cuidados de salud. Las crisis, pero también la falta de personal, están socavando el bienestar, creando peligrosos niveles de estrés y menoscabando las condiciones de vida y de trabajo. Los trabajadores y trabajadoras deben tener acceso a formación y desarrollo continuos de calidad. Pero deben además ser tratados con respeto y compensados adecuadamente. No se puede “vivir solo de pan”, pero tampoco puede ponerse comida en la mesa o pagar el alquiler solo con lealtad y dedicación.
• Reconstruir la capacidad para aportar asesoramiento político independiente. Las rondas previas de austeridad han despojado a los Gobiernos de la capacidad para contar con un buen asesoramiento político independiente. La COVID-19 ha revelado que muchos países dependen ahora del asesoramiento aportado por intereses corporativos, con consecuencias devastadoras. La democracia y unos servicios públicos de calidad requieren que se reconstruya esa capacidad en el seno del Gobierno.

La ISP y la IE cubren sectores diferentes pero que son interdependientes. Unas escuelas saludables, educar promoviendo la salud, una buena educación y formación para el personal sanitario y otros trabajadores y trabajadoras del sector público figuran entre los vínculos más obvios.

Compartimos los valores del servicio público y valoramos el bien público. La comunidad es importante para sustentar y apoyar a las personas y mantener unas sociedades dignas. El sentido de comunidad ha de basarse en aquello que apoyamos y no en aquellos a quienes nos oponemos. Lo mismo ocurre con una comunidad global unida en torno a valores comunes y universales. No creemos que un mundo impulsado por ganancias individuales o por intereses especiales pueda ser sano ni coherente ni sostenible.

Los Gobiernos deben actuar movidos por un sentido de urgencia. Tienen que entender que limitarse a realizar pequeños ajustes no será suficiente y no haría sino hipotecar el futuro. Los profundos y fundamentales desafíos a los que nos enfrentamos exigen soluciones ambiciosas que consigan reparar nuestra comunidad global.

Necesitamos reunir el consenso necesario y reformar las instituciones internacionales de manera que nos permitan resolver conflictos, respetar a los demás, ponernos del lado de la justicia, y vivir y trabajar mejor todos juntos. Esto implica inversión pública a una escala sin precedentes en tiempos de paz. Requiere además reunir y mantener voluntad política para progresar. Solo de ese modo podremos derrotar al peligroso cinismo, aportar esperanza colectiva, liberar lo mejor de nosotros y trazar un nuevo rumbo para el futuro. Como dijo Martin Luther King Jr.: “Venceremos porque el arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia”.