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Un estudio reciente encargado por la Internacional de la Educación (IE), Action Aid International y Light for the World hace hincapié en la importancia de un profesorado y un personal de apoyo educativo bien formado y calificado como cimiento de la inclusión. Hoy, a la luz de la pandemia de COVID-19, la IE está abogando por auditorías de equidad educativa y publica una guía para apoyar los esfuerzos de los sindicatos de la educación en este sentido.

Ha quedado patente que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado las desigualdades en todo el mundo, lo cual ha aumentado el riesgo de exclusión de las personas más marginadas. La educación no es ninguna excepción. El cierre de las escuelas y las instituciones educativas, que afectó a casi 1.600 millones de estudiantes, golpeó con particular dureza a los estudiantes y las estudiantes con discapacidad, en el caso de que hayan podido acceder a la educación.

La educación a distancia y la falta de interacción presencial diaria con el equipo docente y el personal de apoyo educativo han afectado mucho a estos estudiantes, ya que muchos sistemas educativos ya no les ofrecían una educación incluyente de calidad antes de la pandemia de COVID-19. Los alumnos y las alumnas con discapacidad son los que tienen menos probabilidades de beneficiarse de la educación a distancia o de volver a las escuelas e instituciones educativas cuando reabran.

“The bedrock of inclusion: why investing in the education workforce is critical to the delivery of SDG4”(La base de la inclusión: por qué invertir en el personal docente es fundamental para alcanzar el ODS 4) es un estudio encargado por la IE, Action Aid International y Light for the World que destaca las seis enseñanzas clave extraídas en Etiopía, Malaui, Mozambique, Nigeria y Tanzania en cuanto a la necesidad de invertir en docentes y personal de apoyo educativo para lograr una educación inclusiva de calidad para todos y todas, especialmente los niños y las niñas y los jóvenes y las jóvenes con discapacidad. Ante la crisis financiera que se perfila en el horizonte, la cual podría reducir todavía más los presupuestos destinados a la educación, estas enseñanzas son ahora más válidas que nunca.

1. Es necesario adoptar medidas para incorporar los compromisos relativos a la educación incluyente en los planes, los presupuestos y la supervisión.

El estudio muestra que muchas políticas y estrategias en pro de la educación incluyente no cuentan ni con el presupuesto ni con los recursos adecuados, ya que lamentablemente suelen ser insuficientes para responder a las necesidades. Es importante señalar que, en los cinco países examinados, ninguno de los presupuestos que acompañaban a las estrategias de educación incluyente –en el caso de que existieran– tenía en cuenta la necesidad de formar y pagar más al profesorado, incluido los docentes y las docentes con discapacidad, un factor vital para garantizar una fuerza de trabajo capacitada para respaldar la inclusión.

2. La falta de datos sólidos y precisos impide la planificación y el establecimiento de presupuestos adecuados para la educación incluyente

Este punto es todavía más importante en el contexto de la pandemia porque permitirá entender su impacto en los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes y los docentes y las docentes con discapacidad, y cuál es la manera más eficaz de afrontarlo. Es necesario disponer de datos fiables en todos los niveles del sistema educativo, desde el análisis sectorial sólido hasta la planificación, el establecimiento de presupuestos y la supervisión. El estudio identificó una falta acusada de datos tanto sobre niños y niñas con discapacidad y su participación en el sistema escolar como sobre el personal educativo y su preparación para llevar a la práctica la inclusión.

3. El personal docente no recibe una formación suficiente para llevar a la práctica la inclusión

Habida cuenta de la variedad de experiencias del alumnado durante el confinamiento en lo que respecta a las necesidades socioemocionales como de aprendizaje, es fundamental y al mismo tiempo muy difícil para el equipo docente y el personal de apoyo educativo responder a las diversas necesidades del alumnado en la educación a distancia y cuando vuelvan a la escuela. Es esencial ofrecer oportunidades de formación previa al servicio y durante el mismo para garantizar una educación de alta calidad para todo el mundo.

4. La elevada proporción de alumnos por docente dificulta la educación incluyente en la práctica

En muchos contextos, la escasez de docentes existente ha sido un impedimento para la creación de las condiciones adecuadas para una experiencia de aprendizaje eficaz durante el confinamiento y un regreso seguro a las aulas. Los países del África subsahariana se enfrentan a la mayor escasez de docentes del mundo, así como a proporciones muy elevadas de alumnos por docente, lo cual impide gestionar necesidades de aprendizaje diversas en el aula y asegurar una enseñanza incluyente. Aumentar el número de docentes exige un aumento proporcional de la financiación.

5. Los planes y estrategias de educación incluyente carecen de presupuestos creíbles

Se necesitan mejores modelos de presupuesto para la educación incluyente, los cuales deben fundamentarse en una visión más clara de las necesidades reales basada en datos desglosados más creíbles y que tenga en cuenta el impacto de la pandemia. Los presupuestos deben transformarse en presupuestos sectoriales anuales generales.

6. A pesar de los progresos, los recursos para la educación ya eran insuficientes para lograr una educación incluyente

La pandemia debería ser una llamada de atención para los gobiernos tras décadas de financiación insuficiente crónica de los servicios públicos, incluida la educación, lo que ha dado lugar a que millones de niños y niñas y jóvenes con discapacidad se vean privados de su derecho a una educación incluyente. La transformación de los sistemas educativos necesaria para lograr una educación incluyente de calidad para todos y todas no será posible sin:

• asignar al menos el 20% de los presupuestos nacionales y el 6% del PIB a la educación;
• aumentar la financiación del sector educativo a través de estrategias progresistas de movilización de los recursos nacionales (es decir, reducir o eliminar incentivos fiscales para las empresas perjudiciales y luchar contra la elusión fiscal, la evasión, la corrupción y los flujos financieros ilícitos);
• hacer más hincapié en la igualdad de recursos -tanto humanos como financieros– y, en particular, asignar recursos para subsanar déficits graves de financiación para la contratación, la formación y la distribución equitativa de docentes (lo cual incluye revisar la remuneración, los incentivos, las estructuras salariales y la progresión profesional), y
• velar por un mayor control de las asignaciones y los gastos destinados a una educación incluyente mediante una mayor transparencia

En vista de todo esto, la IE está movilizando a sus organizaciones miembro de todo el mundo y pidiendo a los gobiernos, junto a los sindicatos y otras partes interesadas del sector de la educación, que realicen una auditoría sobre equidad educativa para prestar atención urgente y poner remedio a las brechas de equidad que se han ampliado y profundizado como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Las auditorías sobre equidad pueden permitir a las instituciones y sistemas educativos adaptarse más eficaz y equitativamente a la “nueva normalidad” instaurada por la COVID-19 y ayudar a desmontar las estructuras de desigualdad que han impedido hasta ahora a los países llevar a la práctica el derecho universal de la educación para todos y todas.