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El Uganda National Teachers’ Union (UNATU) ha puesto en marcha un proyecto educativo dirigido a las niñas, llamado Simameni, con el apoyo de la Canadian Teachers’ Federation y la financiación de Global Affairs Canada. Este proyecto de cinco años de duración tiene por objeto aumentar el acceso de las niñas a la educación secundaria y garantizar su permanencia y la finalización de los estudios. El proyecto incluye un componente de movilización comunitaria, ya que los dirigentes y las dirigentes sindicales locales y los representantes y las representantes del Gobierno local visitan la zona del proyecto y se reúnen con miembros de la comunidad para hablar sobre cómo se puede mejorar la educación de las niñas. Esto alienta a los padres a enviar a las niñas a la escuela y fomenta las relaciones entre la escuela y la comunidad.

El apoyo a la educación de las niñas sigue siendo una necesidad urgente en Uganda, en particular durante el confinamiento impuesto a causa de la pandemia de la COVID-19. Cuando las escuelas cerraron, las niñas se vieron más expuestas al matrimonio infantil, los abusos sexuales y los embarazos precoces.

El proyecto Simameni del UNATU promueve el acceso de las niñas a la educación secundaria, que no la abandonen y que lleguen a terminar sus estudios. Las reuniones de movilización comunitaria son un elemento esencial del proyecto, ya que reúnen a las familias, los miembros de la comunidad, las unidades de la policía dedicadas a la protección de la infancia y la familia, los funcionarios y las funcionarias responsables del desarrollo de la comunidad, los agentes y las agentes de libertad condicional, los equipos docentes y el alumnado como partes interesadas en el ámbito de la educación.

En una de estas reuniones comunitarias, el Uganda National Teachers’ Union documentó la historia de la madre de una adolescente de 17 años. Cuando las escuelas volvieron a abrir, la madre quería que su hija volviera a la escuela. Sin embargo, descubrió que su marido, que vivía y trabajaba en la ciudad, había recibido una dote de cuatro vacas por casar a su hija e incluso había vendido los animales.

La adolescente quería volver a la escuela, pero la familia que pagó la dote se negó a dejarla regresar a menos que se devolviera la dote. La adolescente está embarazada y, en virtud de las directrices gubernamentales actuales sobre el regreso a la escuela, tiene derecho a inscribirse para los exámenes finales.

El hermano de la adolescente ha vuelto a la escuela y el padre pagó sus tasas escolares porque, según afirma, el niño es más inteligente y tiene mejores perspectivas de futuro que su hermana. La madre quiere que la adolescente vuelva a la escuela y está buscando ayuda.

La reunión de movilización comunitaria brindó a la madre la oportunidad de compartir su experiencia y pedir ayuda. La policía la animó a prestar declaración formalmente en la comisaría para que su hija pueda recibir apoyo y volver a la escuela. La policía informó a todos los asistentes de que el matrimonio infantil es ilegal.

La reunión brindó a los miembros de la comunidad la oportunidad de hacer preguntas sobre la forma en que las leyes protegen a la infancia. Los agentes y las agentes de policía les invitaron a escuchar sus programas de radio y seguir los consejos ofrecidos.

Los estudiantes y las estudiantes que asistieron a la reunión también tuvieron la oportunidad de hablar de sus necesidades, como el material escolar, el jabón y otras necesidades que afectan a su experiencia diaria en la escuela. Un estudiante dijo: “Padres, por favor, desempeñad vuestro papel y nosotros también nos esforzaremos y aprovecharemos los beneficios de la educación”; otro estudiante señaló: “Se nos da demasiado trabajo en casa y esto afecta a nuestro aprendizaje”.

Al final de la reunión, todos los asistentes y las asistentes sabían que tenían que contribuir a la educación de sus hijos e hijas.